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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

¿Cuáles fueron los delitos de Rebeca Delgado?




Por Rafael Puente
Por lo que se oye y ve en las noticias de estos días, se está preparando una sanción para la actual presidenta de la Cámara de Diputados, que consistiría por lo menos en alejarla de ese cargo, todo ello acompañado por una suerte de descrédito de su persona.
Hemos conocido a Rebeca Delgado primero como constituyente profesional y comprometida, y después como delegada presidencial en Cochabamba, cargo que supo desempeñar con altura y eficacia. A partir de todo ello votamos por ella para diputada, y este año la encontramos elegida presidenta de dicha Cámara.
Es cierto que en su calidad de diputada, y de presidenta, apareció lamentablemente subordinada a las consignas oficiales, al igual que la mayor parte de sus colegas de ambas cámaras, dejando en el aire la duda acerca del sentido que tiene el Órgano Legislativo -a fin de cuentas las leyes aprobadas por decreto no se diferencian de los decretos-ley que se promulgaba en gobiernos que funcionaban sin Legislativo-.
Sin embargo en el último tiempo apareció defendiendo los principios constitucionales que eran vulnerados por un proyecto de Ley de Extinción de la Propiedad, afirmando (en polémica con el ministro de Gobierno) que el objetivo de la ley sí era válido y necesario, pero no a costa de vulnerar la Constitución (un debate que fue silenciado desde arriba, según informaban los medios de comunicación, y me disculpo por creerles a los medios, pero ¿qué podemos hacer si no tenemos otra fuente de información?).
Y poco después volvió a aparecer haciendo notar que en el caso de la red de extorsionadores sólo se estaba investigando a mandos medios (lo que parecía aludir al hecho de que expresamente no se quería investigar a determinados ministros o ex ministros de Estado).
Y entonces viene la descalificación oficial a Rebeca, sin que ninguno(a) de sus colegas de la Asamblea Legislativa tenga el coraje de defenderla, lo que da pie a pensar que esa descalificación es tema de consenso gubernamental. Es ahí que muchos de sus electores nos preguntamos: ¿Cuáles son pues los delitos que ha cometido?
Pareciera que un delito ha sido defender la Constitución (que ella conoce bien, por haber participado en su redacción). Parece que otro delito ha sido sugerir que la investigación de actos de corrupción, y otras acciones más o menos criminales, no debe limitarse a los servidores públicos de nivel bajo e intermedio, que son los que obedecen órdenes -sin que por eso sean inocentes-, sino que debe llegar a los servidores de alto rango, que son los que dan órdenes -y por eso sí son más culpables-. Y parece que finalmente su delito ha sido cumplir el mandato andino del ama llunk’u (a diferencia de tanta gente que sólo dice lo que calcula que nuestro máximo dirigente del proceso quiere escuchar).
Me parecería muy normal que a Rebeca Delgado no se la reelija como presidenta de la Cámara -nadie puede argüir el derecho a ocupar dicho cargo, ni ningún otro-.
Pero creo que la descalificación que se está haciendo de su persona es un pésimo indicador. ¿Acaso el derecho a la discrepancia no es parte de la democracia participativa que queríamos implantar? ¿Acaso la Constitución -que a pesar de sus lamentables recortes es la mejor expresión de este proceso de cambio- no debe ser respetada por encima de las ideas más o menos brillantes de cualquier ministro? ¿Acaso el Órgano Legislativo no tiene una función específicamente fiscalizadora, que por supuesto puede ser discutida pero en ningún caso acallada? ¿Acaso la primera obligación de una asambleísta no es representar las opiniones, reivindicaciones y puntos de vista de sus electores?
Y que nadie me diga que estoy hablando como un opositor -no hemos visto a ningún representante de la oposición que defienda a Rebeca-. Es precisamente desde mi identificación con este proceso, y con este Gobierno, que me siento en la obligación de decir una palabra, aunque sea insignificante, en defensa de nuestra diputada.
Pareciera que su delito ha sido defender la Constitución (que ella conoce bien, por haber participado en su redacción).

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