Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Cuestión de Estado
Por: Lucía Sauma
El término feminicidio, definido como “asesinato por el hecho de ser
mujer”, fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por
primera vez en noviembre de 2009,
a raíz del caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez. En
esta región mexicana, el 29 de octubre de 2001, fueron asesinadas tres mujeres:
Esmeralda (14), Laura (17) y Claudia (20). El Estado mexicano, basado en
prejuicios en torno a las víctimas (que iban solas, que caminaban por lugares
no aconsejables), no realizó las investigaciones oportunas a través de
las autoridades y operadores de justicia. Este caso resulta de especial
importancia porque fue presentado ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; y el 16 de noviembre de 2009, ésta falló en una sentencia
histórica: el Estado mexicano es culpable por omisión.
En Brasil, María da Penha
Fernández fue durante 15 años víctima de múltiples formas de violencia física,
psíquica y sexual por parte de su marido. Durante todo este tiempo ella
denunció a su agresor sin que ninguna instancia le brinde ayuda. En 1983, él
intentó asesinarla disparándole en la columna vertebral, no murió, pero quedó
parapléjica. Desde entonces recorre el mundo en su silla de ruedas narrando su
historia. Su lucha la llevó a demandar al Estado brasileño por omisión,
logrando que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2006,
reconozca la tolerancia estatal a la violencia de género como tentativa de
homicidio.
Fue muy alto el costo que
las mujeres hemos pagado para sentar precedente que la violencia de género, el
feminicidio, o el intento de homicidio son un problema público, que debe ser
asumido como responsabilidad del Estado. Mucho se insiste en que las mujeres
víctimas de violencia denuncien; y así debe ser, pero sus denuncias tienen que
ser atendidas con la seriedad y la oportunidad requeridas por las instancias
asignadas para este efecto: Policía, servicios legales integrales, Fiscalía,
médico forense, hospitales, organismos no gubernamentales, medios de
comunicación. Es el caso de Hanalí Huaycho, la periodista boliviana que murió a
causa de las 15 puñaladas que le asestó su esposo, a quien ella denunció
en 14 oportunidades, sin resultado, antes de ser asesinada.
El feminicidio y el intento
de feminicidio deberían equipararse a crímenes de lesa humanidad, porque de esa
manera serían imprescriptibles, inindultables, inamnistiables y podrían ser
perseguidos por el principio de jurisdicción universal, sin importar el país
donde se cometa el delito ni la nacionalidad de las víctimas o de los
perpetradores. Así debería juzgarse la violencia contra las mujeres, una
pandemia que no conoce de fronteras, clases sociales, edad, grado de
instrucción, religión o cultura.
Publicado en el periódico La Razón
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