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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

El feminicidio y el intento de feminicidio deberían equipararse a crímenes de lesa humanidad

Cuestión de Estado


Por: Lucía Sauma
El término feminicidio, definido como “asesinato por el hecho de ser mujer”, fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez en noviembre de 2009, a raíz del caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez. En esta región mexicana, el 29 de octubre de 2001, fueron asesinadas tres mujeres: Esmeralda (14), Laura (17) y Claudia (20). El Estado mexicano, basado en prejuicios en torno a las víctimas (que iban solas, que caminaban por lugares no aconsejables), no realizó las investigaciones oportunas a través  de las autoridades y operadores de justicia. Este caso resulta de especial importancia porque fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y el 16 de noviembre de 2009, ésta falló en una sentencia histórica: el Estado mexicano es culpable por omisión.
En Brasil, María da Penha Fernández fue durante 15 años víctima de múltiples formas de violencia física, psíquica y sexual por parte de su marido. Durante todo este tiempo ella denunció a su agresor sin que ninguna instancia le brinde ayuda. En 1983, él intentó asesinarla disparándole en la columna vertebral, no murió, pero quedó parapléjica. Desde entonces recorre el mundo en su silla de ruedas narrando su historia. Su lucha la llevó a demandar al Estado brasileño por omisión, logrando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2006, reconozca la tolerancia estatal a la violencia de género como tentativa de homicidio.
Fue muy alto el costo que las mujeres hemos pagado para sentar precedente que la violencia de género, el feminicidio, o el intento de homicidio son un problema público, que debe ser asumido como responsabilidad del Estado. Mucho se insiste en que las mujeres víctimas de violencia denuncien; y así debe ser, pero sus denuncias tienen que ser atendidas con la seriedad y la oportunidad requeridas por las instancias asignadas para este efecto: Policía, servicios legales integrales, Fiscalía, médico forense, hospitales, organismos no gubernamentales, medios de comunicación. Es el caso de Hanalí Huaycho, la periodista boliviana que murió a causa de las 15 puñaladas que le asestó su esposo, a quien ella denunció  en 14 oportunidades, sin resultado, antes de ser asesinada.
El feminicidio y el intento de feminicidio deberían equipararse a crímenes de lesa humanidad, porque de esa manera serían imprescriptibles, inindultables, inamnistiables y podrían ser perseguidos por el principio de jurisdicción universal, sin importar el país donde se cometa el delito ni la nacionalidad de las víctimas o de los perpetradores. Así debería juzgarse la violencia contra las mujeres, una pandemia que no conoce de fronteras, clases sociales, edad, grado de instrucción, religión o cultura.
 Publicado en el periódico La Razón

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