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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Escenarios


Por: Verónica Rocha
Al referirse a la reinvención del Estado, Boaventura de Sousa se preguntaba “si durante la vigencia del reformismo el Estado fue el sujeto y la sociedad su objeto, ahora que el Estado se ha convertido en objeto de reforma, ¿quién es el sujeto de la reforma?, ¿acaso la sociedad?”. 
Tal duda razonable se asocia con un fenómeno que hemos vivido este último par de semanas, luego de que el pasado 6 de febrero la Cámara de Senadores remitiera en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un proyecto de Ley de Aplicación Normativa cuyo cuarto artículo “está dirigido a determinar el correcto campo normacional del artículo 168 y la Disposición Transitoria Primera Parágrafo II de la Constitución Política del Estado”. 
El fenómeno al que hago referencia tiene que ver con lo que ha ocurrido, desde entonces, en el ámbito de la opinión pública. 
Con leves pero poco remarcables tránsitos, como sociedad en ejercicio de opinión pública (y publicada), hemos pasado de ser unos avezados tipnólogos (durante todo 2011), a ser unos experimentados constitucionalistas, este 2013, para determinar en los escenarios mediáticos que el presidente Evo Morales no está habilitado para postular a la Presidencia en 2014. 
Con una leve pero sutil diferencia entre ambas situaciones: la habilitación (o no) del Presidente para las elecciones es un tema que no sólo hace al ámbito jurídico, sino al amplio marco de la democracia, al espacio estatal, al país y al enorme paraguas que alberga la historia nuestra de cada día, en su conjunto.
La democracia intercultural, se sabe, construye y transita aún sus propias rutas, y en ellas todas las decisiones que cada uno de los órganos que constituyen el Estado Plurinacional está tomando -proceso de reinvención estatal de por medio-, no sólo edifican la construcción de este nuevo Estado sino, además, le dan continuidad al proceso posconstituyente por el cual el país optó como ruta histórico-política. 
A la luz de esta reinvención estatal y transición paradigmática es que no podemos limitar la deliberación de un tema de tal envergadura al plano únicamente jurídico aunque, claro, ésa sea la primera tentación heredada de una tradición jurídica monista.
Por el contrario, es vital (y es, además, sintomático) que todos estemos ya en este debate, pues no es un asunto de competencia estrictamente judicial sino, por el contrario, histórico, democrático, social y político.
En el campo democrático-institucional llama la atención que hayan sido precisamente los defensores de la institucionalidad, en el marco de la democracia liberal, quienes vertieron las primeras críticas al único hecho tangible que hasta ahora ha ocurrido: la remisión del proyecto de ley al TCP, enfocando los dardos hacia la intención del presidente Morales de ser reelegido en 2014, centralizando el debate en la credibilidad que se le puede otorgar al Presidente, siendo que éste es un asunto de juicio público que, usualmente, es juzgado en urnas. 
Sabemos que no existen otras vías legítimas y que ofrezcan certidumbre sobre determinados aspectos más allá de las democráticas, y la vía de la consulta constitucional al órgano encargado de ello (cuya legitimidad hoy existe) es, por donde se vea, un camino legal y legítimo, del cual queda aguardar respuesta.
El escenario está planteado y es más amplio y complejo de lo que las tentaciones leguleyas nos invitan a mirar; no olvidemos pues que, en procesos de reinvención estatal, ya lo dijo Boaventura: “la lucha se produce en un espacio público mucho más amplio que el espacio público estatal: un espacio público no estatal del que el Estado no es sino un componente más”.

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