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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Balance de un conflicto



Por: Reymi Ferreira
La última huelga general acaba con más penas que glorias para la COB. Desde el inicio fue una movilización que reivindicó derechos de una minoría asalariada, que no sobrepasa el 20% de la población. El 80% de la población restante fue víctima de una movilización de la que no esperaba nada y que afectó su derecho a transitar, a estudiar o producir. Resultaba difícil que la lucha asumida por intereses minoritarios tenga apoyo del resto de la sociedad. La excepción fue la de algunos sectores afines a la oposición que tomó el conflicto como parte de una estrategia antigubernamental
La propuesta de la COB es inviable. Bolivia tiene la edad más baja de jubilación en el continente y el mayor porcentaje del sueldo para renta de vejez. Cualquier incremento inviabilizaría el sistema, que ya tiene grandes incertidumbres respecto a su solidez. La mentalidad sindical paternalista no permitió alternativas que involucren más aportes del sector asalariado, por ejemplo, si en lugar de aportar el 10% se aportara el 20% mensual, se podría lograr una jubilación con el 100% del sueldo de un trabajador activo.
Exigir un aporte mayor al Estado para el fondo de jubilaciones es un pedido injusto, si se toma en cuenta que es el Estado el que financia el bono Dignidad, que es el único ingreso que tienen los bolivianos mayores que no se benefician de una pensión de jubilación. El 80% de los bolivianos que no tiene renta jubilatoria tendría todo el derecho a exigir mayor aporte del Estado, pero cuando esa demanda proviene del 20% que sí tiene renta de vejez, el pedido pierde el contenido moral que tiene una reivindicación justa.
De los argumentos esgrimidos, el único válido, a mi modesto entender, es el referido a la discriminación. Es contradictorio que un Gobierno popular mantenga la jubilación con el 100% a los militares, que lograron este beneficio por influencia política en el pasado. No existe razón moral o técnica para este privilegio. Con justa razón un maestro o un trabajador se preguntan qué tiene de menos su actividad para no tener el mismo trato del estamento militar.
El conflicto ha demostrado que la COB tiene capacidad de movilización, pero que cuando la usa con argumentos inconsistentes, la movilización no arrastra a los demás sectores sociales. El Gobierno demostró coherencia en la negociación y salió fortalecido, aunque, por mantener privilegios para un estamento, deslegitima hacia el futuro su discurso igualitario

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