Salvoconducto sujeto a expulsión/extradición

Por: Eduardo Maldonado

Hace un año atrás, el Senador Roger Pinto se acogió a la figura del asilo político en la embajada de Brasil. Desde entonces, Brasil destacó emisarios gubernamentales para tratar el tema con la Cancillería de Bolivia pero, la negativa a conceder el salvoconducto se mantuvo invariable, fundándose en el hecho de que el Senador Pinto está siendo procesado ante la justicia boliviana por diversos delitos, principalmente de corrupción.

De acuerdo a la normativa internacional, la institución del asilo político no puede prosperar cuando se trata de evadir las responsabilidades que un ciudadano tiene con la justicia de su país y, sin embargo, también reconoce que la potestad de calificación del asilo es atribución privativa del Estado que concede el asilo valorando todas las circunstancias que informan al caso concreto.

A un año del encierro del asambleísta boliviano en la embajada de Brasil en Bolivia, es por demás evidente el lobby de la derecha continental y, particularmente los círculos parlamentarios de la derecha brasileña, están insistiendo en presionar al gobierno de Dilma Roussef, inclusive con la interposición de un recurso de habeas corpus ante estrados judiciales del vecino país con el único afán de entorpecer las relaciones boliviano-brasileñas.

Bolivia y Brasil deben reconocer que este tema ha adquirido connotaciones que incomodan y hasta tensionan innecesariamente la relación bilateral, pues hay que tener en cuenta que somos socios comerciales en la compra-venta del gas boliviano y que entre otras cosas Bolivia pretende ingresar al MERCOSUR para lo que debe contar con la ratificación de los parlamentos de los países integrantes –no olvidemos lo sucedido con el ingreso de Venezuela al MERCOSUR y que tuvo que enfrentar el bloqueo de la derecha parlamentaria del Paraguay-, por su parte, es por demás evidente que la estratégica posición geográfica de Bolivia en el cono sur de América es fundamental para concretar los principales canales comerciales que permitan el paso de mercaderías entre los océanos Pacífico y Atlántico, para citar sólo algunos temas de los muchos que deben interesar en nuestras relaciones bilaterales.

El caso Pinto está siendo utilizado por la derecha de ambos países y los gobiernos de izquierda que han mantenido una relación amigable y cordial no pueden ingresar a ese juego, por lo que están obligados a retomar la iniciativa y buscar una fórmula de solución que permita superar este impasse diplomático, en el marco del derecho internacional y el respeto a la soberanía de ambos países.

El equipo que asesora al Presidente Morales debe considerar alternativas que coadyuven en la solución y no en agravar el problema, por lo que desde estas líneas me permito proponer la otorgación del respectivo salvoconducto a condición de que el Brasil comprometa su inmediata expulsión y/o extradición para entregarlo a las autoridades bolivianas, en la eventualidad que la justicia boliviana encontrara culpable y condenara con sentencia firme al ciudadano Roger Pinto. Se trata de que busquemos la fórmula por la cual salgamos ganando ambos países.