Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Una nueva ley de donación de órganos entró en vigor
en Uruguay. La normativa convierte a toda la población del país suramericano en
potencial donante a menos que la persona exprese lo contrario.
La nueva ley de
donación y trasplante (N.º 18.968), que fue aprobada en el año 2012 y comienza
a regir en septiembre de 2013, permite a los uruguayos tomar una opción ante la
decisión de donar o no sus órganos al fallecer. A partir de los 18 años todos los
individuos que no expresan su voluntad en contrario son donantes frente a la
ley una vez que haya acaecido la muerte.
La directora del
Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, Inés
Álvarez, explicó a la Secretaría de Comunicación que desde que se aprobó esta
ley el instituto trabajó en brindar información y concientizar a la población
sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para que
puedan decidir libremente sobre el futuro de lo que definió “el envase de una
persona una vez que deje de ser persona”.
"El principal
cambio de esta legislación es que asume el silencio de las personas como una
aceptación a la ley y por consecuencia, la aceptación de la donación de sus
órganos”, enfatizó Álvarez. También consideró que esta ley delega la
responsabilidad en el individuo para que tome una decisión respecto a la
donación. Anteriormente la persona expresaba su voluntad de donación y, cuando
no existía expresión previa, la familia debía tomar la decisión en el momento
del fallecimiento.
La nueva ley saltea
las dificultades existentes y determina que la responsabilidad de la decisión
recaiga en cada individuo. Además, exige expresar la decisión de no ser
donantes y registrarlo en el Registro Nacional de Donantes. De esta manera,
aquella persona que no desee ser donante de órganos deberá dirigirse al
Registro Nacional de Donantes, ubicado en el cuarto piso del Hospital de
Clínicas, y manifestar su voluntad de no ser donante. Este registro funciona
las 24 horas del día, los 365 días del año.
La normativa espera acortar, en breve tiempo, la
larga lista de pacientes que esperan por transplantes. La ley interpreta el
silencio como una donación solidaria, "si alguien no expresa su voluntad
contraria, será donante".
Luego de ser aprobada en 2012, la normativa entró
en vigencia con el objetivo principal de reducir, en un lapso breve, la larga
lista de pacientes que esperan por transplantes de órganos.
"Toda persona mayor de edad que, en pleno uso
de sus facultades, no haya expresado su oposición a ser donante por alguna de
las formas previstas (...) se presumirá ha consentido la ablación de sus
órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o
científicos", dice la Ley.
En caso de tratarse de menores de edad o de
personas con discapacidad para expresarse, el consentimiento deberá ser
otorgado por su representante legal tras constatarse el fallecimiento.
Antes de esta nueva normativa, la Ley en vigor en
Uruguay decía que solo eran donantes las personas que declaraban en vida
su voluntad de serlo o que sus familiares lo autorizarán tras su fallecimiento.
En 2003 se agregó a la normativa que quienes
tuvieran una muerte violenta que llevaba a una pericia forense se transformaban
también en donantes.
El país -con 3,3 millones de habitantes- ostentaba
una tasa de donantes efectivos de órganos de 16.16 por millón de habitantes, la
más alta de América Latina.
Anualmente el país realiza unos 600 trasplantes y
el tiempo de espera para concretar un trasplante de riñón -el más realizado- es
mayor a dos años.
Legislaciones similares a la aprobada por el Senado
uruguayo ya existen en Argentina, México y Singapur.
Hasta ahora el país dice tener unas mil personas en
lista de espera por un trasplante de órgano. Entre ellas, hay 426 que esperan
por un riñón (dos son niños); 16 por un hígado (dos niños); 26 por un corazón
(un niño); seis por un pulmón; 94 por un trasplante de riñón y páncreas; uno
por riñón e hígado; y más de 400 por un trasplante de córnea.
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