Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Ariel
Basteiro
Esta
semana fue de fiesta en la Argentina. Finalmente se hizo justicia y la
democracia ganó otra de las batallas fundamentales: después de cuatro años de
procesos judiciales, la Corte Suprema declaró constitucional la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ésta es una historia larga, de
avances y retrocesos, de visibilizar reivindicaciones, de mentiras, de fraudes,
de operaciones absurdas, pero sobre todo, es una historia de organización
social, de lucha del pueblo, de búsqueda mancomunada para alcanzar la
democratización de la palabra.
En
Argentina contábamos con una ley de radiodifusión que había sido impuesta en la
época de la más sangrienta dictadura de nuestro país. Y sus modificaciones se
realizaron durante el gobierno neoliberal de los 90, promoviendo la
concentración de capitales y el fomento de los monopolios. Es así, que las
grandes corporaciones mediáticas siempre mantuvieron vínculos estrechos con los
gobiernos de turno, beneficiándose con privilegios que derrotaban cualquier
tipo de intento democratizador.
Como
señalé, la ley de medios es el resultado de una historia de organización social;
se basó en la propuesta de los 21 puntos básicos por el Derecho a la
Comunicación, presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática,
que era un conjunto de organizaciones sociales que se aunaron para discutir
cómo debería ser una legislación de medios democrática para nuestro país. Esta
coalición, entonces, sumaba voluntades de un amplio universo de organizaciones
y espacios participativos de la más diversa índole: sindicatos, radios
comunitarias, organismos de derechos humanos, universidades, centros de
estudiantes, intelectuales, asociaciones de artistas y de prensa, movimientos
de piqueteros, legisladores, en fin, la sociedad.
Sin
lugar a dudas, éste fue el proyecto más discutido, revisado y modificado de
nuestra historia. No sólo fue planteado de manera conjunta por estos
movimientos sociales, sino que una vez presentado el primer proyecto de ley,
los legisladores que teníamos que votarlo en el Congreso salimos a las calles a
discutirlo, realizamos decenas de audiencias públicas, lo debatimos en medios
de comunicación, tanto públicos como privados. La discusión amplió sus
fronteras, y se discutió en cada casa, en cada mesa de familia, en reuniones de
amigos. Eso debemos agradecérselo al gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner, quién no sólo escuchó estas reivindicaciones, sino que lo tomó como
bandera, convirtiéndose así en el primer gobierno que no temía enfrentarse a
las corporaciones mediáticas, y a las implicancias que esto podía tener en el
terreno de la opinión pública.
Por
todo ello, es absolutamente errado entender a esta norma como una ley mordaza
que censura la libertad de expresión. Por el contrario, es democrática y justa.
Es de las primeras de la región en plantear la distribución del espacio
radioeléctrico en partes iguales, un 33% para medios públicos, un 33% para
medios privados y un 33% para las empresas sin fines de lucro.
Hoy
la comunicación en mi país ya no es entendida como un bien económico, sino como
un derecho humano básico. Y como tal, será el Estado, con el apoyo de
organizaciones sociales y otros actores sociales, quien deberá garantizar
la pluralidad de contenidos y la desconcentración en función de
universalizar el acceso. Hecho que molesta a aquellos que siempre
detentaron la monopolización mediática.
El
multimedia más grande y concentrado de nuestro país, el Grupo Clarín,
actualmente tiene en su poder 25 licencias de radio AM, FM y Televisión
abierta, cuando la normativa indica que sólo pueden tener hasta diez. Posee
alrededor de 240 servicios de televisión por suscripción (cable) cuando debería
tener solamente 24. Y finalmente, supera ampliamente el 35% del territorio con
su alcance, prestando servicios de radio a un 41,88% de la población, de
televisión abierta a un 38,78% y servicios de TV por suscripción a un 58,61%.
Esta
ley se votó en 2009 por amplia mayoría en el Parlamento argentino. Y no se pudo
implementar completamente hasta hoy. En sintonía con la legislación, la mayoría
de las empresas mediáticas presentaron un plan de adecuación para respetar la
cantidad de licencias que permite la normativa. Excepto Clarín, que con medidas
cautelares fue transitando todas las etapas judiciales buscando su
inconstitucionalidad. Sin embargo, llegó a la Corte Suprema de Justicia, máximo
tribunal de Argentina, y seis de los jueces de este tribunal (sólo un
juez estuvo en contra) declararon la legislación como constitucional, mediante
un fallo de 400 páginas que define muy claramente los motivos por los cuales
esta legislación no cercena la libertad de expresión, sino que por el contrario
la promueve y lucha contra la concentración.
En
función de clarificar las acciones del Grupo Clarín en detrimento de la
democratización de la palabra, es importante tener en cuenta que fueron cuatro
los artículos (41, 45, 48 y 161) de la ley cuestionados por la empresa y
judicializados; justamente aquellos que regulan la estructura de propiedad de
los medios. Los mismos hacen referencia a la titularidad de las licencias, o
sea, quiénes pueden usufructuar determinada frecuencia del espectro
radiofónico; la cantidad de licencias que puede tener un grupo o una persona
física, tanto a nivel nacional como local; la concentración indebida y a la
desinversión en algunas de sus señales o medios. La Corte Suprema declaró
constitucional la totalidad de la ley, incluidos fundamentalmente los cuatro
artículos mencionados. Su fallo expresa que “el Grupo Clarín deberá adecuarse a
la nueva estructura planteada por la norma”, “la ley establece límites iguales
para todos los titulares de licencias”; “la sustentabilidad no puede ser
equiparada a rentabilidad, y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un
proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los
márgenes de ganancia empresaria”. Esto significa que ahora sí el mapa de
medios de Argentina finalmente será más democrático e incluirá muchas más
voces.
La
legislación no sólo regula la cantidad de licencias, sino también transforma
las opciones mediáticas de la Argentina. Se establecen porcentajes de
programación con contenido nacional, local, artístico y educativo, en función
de promover que nuestras radios y televisiones presenten opciones diferentes al
mero show y entretenimiento. Abre la posibilidad para que miles de
comunicadores accedan al trabajo; respeta los derechos de las mujeres y también
incluye ítems específicos en pos de generar una programación adecuada para
niños, niñas y adolescentes. Es por todo esto que muchos de nosotros, que
creemos en una transformación de nuestra sociedad, consideramos que ésta es una
de las mejores leyes de la democracia, y mediante su implementación permitirá
alcanzar la real democratización de la palabra y dará fin a los monopolios que
concentran la información, desinformando y manipulando los hechos de nuestra
realidad.
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