Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Pablo
Rossell Arce
Este
2014 arrancó con la noticia de que La Paz y El Alto por fin contarán con un
transporte masivo decente: nuestro teleférico. Paralelamente, se anunció el
inicio de operaciones de otra modalidad de transporte masivo: los buses
PumaKatari.
Los
poderosos dirigentes empresariales del autotransporte, arropados bajo el manto
de la forma sindical, no tardaron en expresar su oposición a estas dos
necesarias e importantes medidas de modernización de nuestro sistema de
transporte urbano. Poco tardaron en anunciar el temible “bloqueo de las mil
esquinas” (temblad, pusilánimes peatones... y peatonas). El argumento es tan
simple que (parafraseando al gran alemán) cabe en una cascara de nuez: el
transporte masivo “quita” empleos a los minibuseros. A mí, personalmente, me
parece más un dogma de fe que un argumento. Y no precisamente de la fe que
mueve montañas, sino de la que mueve masas; masas enardecidas defendiendo su
trabajo, por poner el caso los asalariados a destajo del transporte.
Se
espera que el área metropolitana de La Paz y El Alto, que hoy en día cuenta con
más de 1,6 millones de habitantes, tenga mucho mercado para el transporte
urbano. Estimaciones a mano alzada de su columnista indican que ambas ciudades
demandan 700 millones de viajes urbanos al año. Si duplicamos la capacidad de
los PumaKatari y del teleférico, no alcanzamos a cubrir esa demanda. Así que
necesitamos teleféricos, necesitamos PumaKatari y sí, también necesitamos
minibuses. Nadie se quedará sin empleo.
En
contrapartida a las beligerantes declaraciones de los choferes, más de una
organización vecinal se ha declarado en emergencia y ha anunciado responder a
chicotazos la insolencia de los transportistas... Lo cual parece tener sentido
desde el punto de vista de proporciones numéricas: por mucho que veamos nuestra
ciudad inundada de minibuses (tantos, que parecen —solo parecen— ser más
numerosos que los sentimientos), en realidad, los transportistas son una
fracción minoritaria de la sociedad.
Y
como proporción minoritaria de la sociedad, pero organizada corporativamente y
con capacidad de articular eficaces grupos de choque, los empresarios del
transporte se constituyen en una fracción social que impone (o trata de
imponer) sus intereses particulares por encima de los intereses del conjunto de
la sociedad, pues. Y la sociedad, el grueso de la sociedad, trata de defenderse
como pueda (sin contar con las condiciones de articulación de afinidades,
tiempos e intereses que brinda el compartir una actividad económica regular y
permanente).
De
esa manera es que podemos llegar a la posibilidad real de que se produzcan
enfrentamientos físicos entre transportistas y juntas vecinales, por dar un
ejemplo que ya se ha presentado más de una vez. Fuerza contra fuerza, entonces.
Reflejo callejero de la lucha de intereses (particulares) contra intereses
(generales, del pueblo). Pero la nuestra no es una sociedad de grupos que andan
dándose de trompadas para ver quién impone sus intereses al resto (parece, pero
no lo somos; los bolivianos somos harto pacíficos en realidad). El juego de
intereses se dirime según un parámetro social superior, expresado como el bien
común. Y, siguiendo con las abstracciones, es el Estado quien dirime los
intereses en función del bien común. Y cuando se acaba el necesario e
imprescindible momento del diálogo y la negociación, viene el momento de
imponer desde el Estado (con todos los instrumentos a su alcance) la garantía
del bien común por encima de los apetitos particulares, para que no sean las
fracciones de la sociedad las que acaben disputando a macanazos sus intereses.
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El transporte público y privado de muchas ciudades desarrolladas y subdesarrolladas es un caos y un reto para muchas empresas que quieren invertir en este sector. La gestión de la flota de vehículos es complicada y más en un lugar tan caótico. Por este motivo nacen medios de transporte más pequeños como motocicletas, patinetes y bicicletas eléctricas.
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