Sobre los gays y las Fuerzas Armadas

Por: Pablo Stefanoni

No sé si el ministro de Defensa (de Bolivia), Rubén Saavedra, se confundió en sus declaraciones, o si no fueron correctamente transcritas, pero por si acaso, van algunos comentarios.

 

Según publicó este periódico, la autoridad declaró que "la Constitución Política del Estado señala que para hacer el servicio militar obligatorio se debe ser varón, en los institutos (militares), y escuelas, varones y mujeres; no hay otra opción. Que quede claro, o es varón o es mujer”. 

Esos dichos son verdaderamente sorprendentes. El ministro parece creer que una opción sexual implica perder la condición de hombre o mujer. Los gays son hombres y las lesbianas son mujeres (los transexuales o intersexuales son sí una parte del movimiento LGBTI, pero eso no viene a cuento ahora). Prohibir el ingreso a las Fuerzas Armadas por la opción sexual elegida es un acto de discriminación exactamente igual que cuando el acceso era vetado para los indígenas. Por eso existe hoy una Unidad de Despatriarcalización; pero no hay despatriarcalización sin cuestionar esta "normalidad” absoluta de la heterosexualidad.

En ese sentido, la idea de negociar cupos (que mencionó Rosario Aquim) no tiene sentido. Por otro lado, ¿van a ponerle a los gays en los cuarteles una especie de estrella como la que le ponían los nazis a los judíos? La única postura democrática y antidiscriminatoria al respecto es que todo el mundo haga su servicio militar, si éste se mantiene como obligatorio, sin ninguna referencia a su sexualidad. (Por otro lado, ministro, es obvio que muchos gays van al cuartel simplemente ocultando su opción sexual).

Esto último remite a otro debate: ¿el servicio militar obligatorio es deseable? O al menos ¿no deberían existir cláusulas de objeción de conciencia que permitan reemplazarlo por un servicio civil?

Como dijo irónicamente una amiga: al menos se podría usar la homosexualidad, real o simulada, como objeción de facto para escapar del cuartel, una institución que, tal como funciona, está plagada de abusos, con lo que la no aceptación de los homosexuales podría ser una ventaja. Pero eso no quita que sus fundamentos se sostengan en un Estado que niega derechos, excepto el de la no discriminación que figura en la nueva Constitución. Pero la no discriminación, si no va acompañada de otros derechos, es un avance muy limitado. 

En muchos países con gobiernos de diverso signo ideológico se ha avanzado en derechos como el matrimonio igualitario, que contribuyen a avanzar en la dirección de una verdadera igualdad ciudadana. Y ahí es necesario tomar una precaución: no usar el anticolonialismo para restringir derechos en lugar de ampliarlos. 

En África, el continente más homofóbico del mundo, en varios países se pena con largas condenas de cárcel la opción sexual y muchos lo justifican como parte de la cultura local contra la de las metrópolis "corrompidas”. En el caso boliviano, ni siquiera se trata de costumbres ancestrales, sino de la influencia de las iglesias católica y evangélica.

El presidente Correa, en un ataque directo a diputadas que bregaban por la despenalización del aborto en casos muy limitados, dijo que "ahora ser católico y heterosexual parece un pecado”. No lo es. Pero podemos apelar a la presidenta Cristina Kirchner (también opuesta a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo) para responderle. Al aprobar el matrimonio igualitario dijo que ese día ella se levantó con los mismos derechos, pero que muchos argentino/as tenían derechos de los que antes carecían.

De eso se trata. De que los nuevos derechos no le quitan nada al resto, salvo la tranquilidad moral de vivir en una sociedad patriarcal y conservadora con unos atributos de normalidad que, en la práctica, ya no existen como antes, y stricto sensu, nunca existieron.

Podemos -y debemos- indignarnos por las recientes restricciones que la derecha española puso a la interrupción de los embarazos. Pero esa indignación es un llamado a la introspección sobre nuestros propios gobiernos del cambio en América Latina.

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