Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Rafael Puente
Esta
semana una cadena de televisión ha comentado, con aires de escándalo, que
parece increíble que, en momentos en que se ha promulgado la nueva ley de
protección de terrenos agrícolas, y contra el avasallamiento de tierras, haya autoridades
que hacen uso de su poder para avasallar tierras privadas, refiriéndose a una
reciente imputación fiscal contra el Alcalde de Tiquipaya y varios dirigentes
comunales —imputación que absurdamente implica también a mi persona—, a partir
de una acusación formulada por la empresa CONSARQ (o TOYOSA-CONSARQ). Lo más
extraño es que dicha imputación fiscal lo que hace es desempolvar la imputación
ya presentada en julio del 2011 y que fue desestimada por la Juez de aquel momento.
También hay radios que se prestan a difundir avisos al mejor estilo del oeste
americano (SE BUSCA), difamando,
entre otros, a mi persona. No creo que la necesidad de dinero justifique este
tipo de anuncios, o ¿dónde están sus códigos de ética?
Al respecto
resulta importante aclarar unas cuantas cosas:
1. Cuando la comunidad de
Collpapampa, a la que yo pertenezco, decide darle uso social a una extensión de
casi 4 hectáreas de terreno (que los señores de CONSARQ reivindican suyas), fue
porque la Alcaldía de Tiquipaya le entregó una certificación de Derechos Reales
en el sentido de que dicha tierra era propiedad fiscal, y que cabía la
posibilidad de darle un uso social (por tanto no se puede hablar de avasallamiento ni de despojo ni de perturbación de posesión). Al poco tiempo el Tribunal Agrario de
entonces invalida dicha certificación, hecho harto misterioso, y ultra-rápido,
pero que en todo caso se produce después del uso pacífico de dichas tierras por
la comunidad.
2. No hubo ninguna orden —ni
municipal ni comunal— de ingreso violento a la propiedad. Y está comprobado
gráficamente que la maquinaria pesada que posteriormente derrumbó una vivienda
no pertenecía a la Alcaldía sino a la propia empresa CONSARQ. De la misma
manera está comprobado que el medidor de luz a que se refiere la acusación
nunca estuvo a nombre de dicha empresa.
3. CONSARQ no ha presentado
hasta ahora títulos de propiedad saneados respecto de las 47 hectáreas que
pretende urbanizar, mucho menos de las casi cuatro hectáreas en las que la comunidad
instaló un mercado popular y una cancha de fútbol (que por lo demás a estas
alturas ya no existen). Y además resulta incomprensiblemente sospechoso que el
INRA, única instancia que puede definir la propiedad de un terreno agrícola,
mantenga hasta ahora una actitud pasiva y no se atreva a definir nada.
4. Sin embargo el INRA sí ha
definido un elemento central, y es que esas 47 hectáreas están bajo su
jurisdicción, lo que equivale a definir que son terreno agrícola. Y si bien un
funcionario municipal, sobrepasando sus funciones, emitió el año 2009 una
certificación de cambio de uso de suelo, dicha certificación nunca fue
homologada (no habría podido serlo, dado que no se trataba de una resolución
del Concejo Municipal) por el Ministerio de Planificación. Por tanto las 47
hectáreas siguen siendo de uso agrícola, tan agrícolas que la empresa CONSARQ
siembra maíz y hace pastar cuatro vacas (¿para aparentar el cumplimiento de la
función económico-social?) en medio de montones de piedras, arena y material de
construcción ¿ya para su futura urbanización, donde se calcula que el metro
cuadrado debe estar en torno a los 100 dólares? Calculen ustedes.
5. Al tratarse de tierras
agrícolas, la pretensión empresarial de urbanizarlas tendría que atenerse a la
normativa municipal, que en el caso de Tiquipaya establece que el cambio de uso
de suelo conlleva la cesión del 50 por ciento de la extensión original (para
uso público, no para equipamientos privados, por supuesto). Sin embargo CONSARQ
pretende llevar adelante su urbanización sin cesión alguna (o con alguna
pequeña cesión, para colmo al lado de la torrentera, que más parece una oferta
de limosna).
A la
vista de todo lo dicho resulta incomprensible el apoyo sistemático a una
empresa privada que pretende pasar por encima de normas legales y de derechos
sociales (y que casualmente resulta ser también la propietaria de los terrenos
en la Curva de Holguín en Obrajes, de donde arranca el nuevo teleférico que
sube al Alto). Como también resulta incomprensible que representantes del Ministerio
Público vuelvan a desempolvar al cabo de dos años y medio una imputación que ya
había sido desestimada por la autoridad judicial.
Las personas que conocen mi
trayectoria saben que si he llegado a los 73 años no es para ser el más rico del
cementerio.
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