Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Arturo D.
Villanueva Imaña
Al mismo tiempo que las principales organizaciones sociales que sustentan
al gobierno se encuentran muy atareadas en las actividades para la campaña
proselitista que buscará la reelección presidencial de Evo Morales, o que se
encuentran estableciendo acuerdos al mismo tiempo de agradecer la entrega de
sedes propias y motorizados, como sucede con la COB y otras
organizaciones obreras y fabriles, sobre la base del apoyo a la candidatura
oficial; en la Asamblea Legislativa se van considerando y aprobando un conjunto
de normas que en varios casos favorecen los grandes intereses empresariales o,
en su defecto, responden a un enfoque conservador y hasta reaccionario.
Por ejemplo, es lo que ha sucedido hace algún tiempo con la llamada Ley de
Revolución Productiva. Con su aprobación, se dio luz verde al ingreso de
transgénicos al país, lo que no solo constituye un fuerte revés a los
principios del Vivir Bien y el establecimiento de relaciones armoniosas con la
naturaleza, sino que constituía uno de los anhelos más caros para terratenientes
y agroindustriales del Oriente, en su afán por expandir la frontera agrícola y
la monoproducción extensiva de productos transgénicos.
Posteriormente, para complementar los “incentivos y beneficios” de la
anterior norma, y colocándose totalmente en contramarcha de un proceso
agrario orientado a corregir la persistencia del latifundismo y la
concentración de tierras en pocas manos, también se aprobó la Ley 337 de Apoyo
a la Producción y Restitución de Bosques. Dicha norma no solo despenaliza y
otorga un perdonazo a los productores y grandes propietarios de tierras que
desde el año 1996 hubiesen provocado grandes incendios y desmontes ilegales de
tierras, sino que previa confesión de parte y un pago de aproximadamente 60
dólares por hectárea deforestada (420 bolivianos!), se les libera de culpa y se
les autoriza a producir en dichas tierras que se encontraban sujetas a
reversión. Es decir, se convalida la quema y pérdida de bosques y
biodiversidad, se consolida la tenencia de la tierra que estaba sujeta a reversión
en manos ilegales, y ni siquiera se recupera esas tierras que bien podían haber
sido utilizadas para evitar los graves problemas de avasallamientos y
distribuirla a campesinos e indígenas que no tienen tierras, o que la tienen en
forma insuficiente.
Se calcula que existen 4,5 millones de hectáreas deforestadas y
quemadas ilegalmente en todo el país, de las cuales un 80% se encuentran en los
departamentos de Santa Cruz y Beni. Ello significa que al margen de un reducido
porcentaje que obligatoriamente deberá ser reforestado, restan alrededor de 4
millones de hectáreas de tierra que han sido “beneficiadas” por el perdonazo.
Debe tomarse en cuenta que actualmente en todo el país existen
solamente 3.5 millones de hectáreas que se encuentran en producción
agropecuaria. La dimensión del incentivo es por demás significativa.
En los ejemplos señalados, llama la atención el sentido de las palabras y
el título de las leyes, respecto del contenido de la norma y las implicaciones
prácticas de su aplicación, que ciertamente van en contra de lo que se anuncia.
En este contexto de concesiones e “incentivos” a sectores empresariales,
más recientemente se han aprobado normas en la Asamblea Legislativa, que
estuvieron enmarcadas por hechos de violencia y represión contra sectores
directamente relacionados. Es el caso de los niños, niñas y adolescentes que
continúan luchando porque se comprenda su visión sobre el derecho a trabajar, o
de los luchadores sociales víctimas de violencia política en periodos
dictatoriales, a los que también se pretendió aislar e ignorar en el
tratamiento y aprobación de una norma específicamente relacionada con ellos.
Sin embargo en el primer caso se produjo algo peor. Al margen de la
incomprensión y desconocimiento que los legisladores han hecho patentes
respecto de las circunstancias y la visión del derecho al trabajo de la
población infantil y adolescente de nuestro país; el tratamiento y aprobación
del nuevo Código del niño, niña y adolescente, ha terminado identificándose y
otorgando una de las mayores conquistas a los sectores conservadores y
tradicionales, puesto que al incorporar la palabra “concepción” (que hace
referencia al momento de inicio para el reconocimiento de derechos desde la
gestación y no desde el nacimiento), y nada menos que con el argumento de
proteger la vida, echaba por la borda los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres y las condenaba (junto a su progenitura), a la clandestinidad, la
ilegalidad y/o la muerte. Es decir, se decidió cohonestar indecorosamente y
mantener una de las más hipócritas, conservadoras y prejuiciosas visiones
sobre el respeto a la vida y la concepción, a cambio de evitarse el sobresalto
de “malas interpretaciones” y críticas de los sectores (falsamente) moralistas.
Finalmente, en los primeros días que cursan este febrero de 2014, las
noticias dieron curso a otra información relacionada con la Ley de Promoción de
Inversiones, a través de la cual se busca promover la atracción de nuevos
capitales. Surgió la sospecha de que ese instrumento normativo podría
eventualmente contraer nuevas concesiones a los grandes intereses empresariales
y capitalistas. El entredicho y la molestia presidencial se produjo cuando el
periódico Página Siete tituló que el Proyecto de Ley “frenaba nuevas nacionalizaciones”.
Al día siguiente, el propio Presidente Evo Morales se encargó de desmentir el
titular, señalando que: “las nacionalizaciones están garantizadas”. Sin
embargo, al analizar el artículo 27 del mencionado proyecto de Ley, queda la
pregunta e incertidumbre acerca de qué prevalecerá y cómo se pretende, al mismo
tiempo, garantizar “que las inversiones que se realicen bajo las regulaciones
de la presente ley, no serán nacionalizadas” y que “únicamente se
procederá a la nacionalización por razones de interés público, o cuando se
comprometa la soberanía nacional” (el subrayado es nuestro). Es decir, en qué
quedamos?, se nacionaliza o se protege la inversión?
Desde esa perspectiva y sin dudar en absoluto de la palabra del Presidente,
sería muy conveniente que el criterio presidencial, que además implica ejercer
y hacer prevalecer la soberanía, la independencia y la dignidad nacionales, no
solo quede allí, sino que prevalezca y se traduzca claramente en la letra de la
Ley que se encuentra en proceso de aprobación. Al menos quedará el consuelo de
no haberse dado curso a nuevas y mayores concesiones.
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