Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Reymi Ferreira
En 1936, al iniciarse la sublevación fascista contra la república española,
el general Mola, defensor de Madrid, informó por radio que se dirigían cuatro
columnas enemigas a la ciudad, agregando: “Cinco, si contamos a los traidores
que desde adentro apoyan el golpe de Estado”. Desde esa época el término
‘quintacolumnista’ sirve para identificar a los traidores.
El reciente fallo en La Haya contra Bolivia, ante una demanda presentada
por la empresa inglesa Rurelec, ha hecho salir del clóset a varios
quintacolumnistas, que, con diferentes argumentos, apenas disimulan su alegría
por un dictamen que favorece a intereses extranjeros. Por si fuera poco, los
quintacolumnistas difunden verdades a medias con el único fin de cuestionar la
política de fortalecimiento del Estado. En esa dirección, han hecho creer que
el fallo es de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando el laudo
lo dicta la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, con jurisdicción en
derecho privado.
La demanda se presentó a raíz de la nacionalización del 1º de mayo de 2010
del 50,001% de las acciones de la compañía estadounidense Guaracachi América
Inc., subsidiaria de la empresa británica Rurelec. La nacionalización sirvió
para garantizar la provisión de electricidad a Santa Cruz y consolidar la
propiedad de los servicios públicos estratégicos. En dicha oportunidad no faltaron
las mismas voces agoreras que se opusieron a la nacionalización de los
hidrocarburos, calladas luego por el resultado beneficioso de la medida.
El laudo, pese a lo injusto, es una victoria para el país, ya que de los
142,96 millones de dólares exigidos como compensación, el Tribunal ordena el
pago de 28.927 millones, es decir, el 20% del monto demandado. La empresa
inglesa demandó un interés de un 10,34% por año y el fallo ordena un monto
mucho menor al solicitado, que suman algo más de 5 millones. Respecto a los
dividendos, que ascienden a 5,5 millones, estos fueron incluidos en la
compensación por la nacionalización, hecho que debe servir para fundamentar la
impugnación del fallo.
Indigna, al leer los antecedentes, que ciudadanos bolivianos sirvieron de
testigos en contra de su propio Estado; y molesta escuchar a ‘expertos’
bolivianos negando a priori la posibilidad de impugnación del laudo. Lo que no
tiene nombre, sin embargo, es que algunos bolivianos que expresan su júbilo por
la victoria extranjera pretendan ser candidatos a la Presidencia de Bolivia
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