Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Rafael Puente
Es comprensible que todo el mundo esté indignado con el magistrado Ruddy Flores: primero declara que todas sus comunicaciones están controladas por el Gobierno, luego se desdice y afirma que lo han "descontextualizado”, después renuncia a su cargo (qué llamadas de atención habrá recibido) y luego retira su renuncia y, para colmo, reúne el apoyo de algunos representantes de organizaciones sociales (maniobra repetida por el presidente del Tribunal AgroAmbiental) para que no se acepte la designación de otro presidente.
A esto se suma la famosa frase del presidente Evo en el sentido de que la inclusión de ponchos y polleras no ha mejorado el sistema de justicia y se generaliza una creciente repulsa de todos sus componentes e instancias.
Por supuesto hay razones de sobra para ello, pero no podemos dejar de preguntarnos -en terminología carnavalera- de dónde salió el invento de estos nuevos magistrados, cómo se explica que a estas alturas nos sintamos defraudados por la gran novedad constitucional de su elección por voto popular.
Entonces intentemos respondernos:
En primer lugar, debemos reconocer que nos equivocamos todos -incluidos nuestros/as constituyentes- al pensar que con el cambio de nombre iban a cambiar las instituciones (que siguen siendo las mismas del periodo anterior): Consejo de la Magistratura (en vez de Judicatura), Tribunal Supremo (en vez de Corte Suprema), Tribunal AgroAmbiental (en lugar de Agrario) etcétera; mientras el sistema mismo, y su funcionamiento, sigue siendo el de antes y con la legislación de siempre, la que sabemos por experiencia que no funciona, que en el mejor de los casos sirve para llenar las cárceles, pero nunca para hacer justicia...
En segundo lugar, nos encontramos con que la equiparación jerárquica que hace la Constitución de la Justicia Originaria con la Justicia Ordinaria en la práctica se ha reducido a un paternalista reconocimiento de esta última (pero para delitos menores, como robos de garrafas o movida de linderos), y a nuestros flamantes magistrados originarios/as -con experiencia en esa Justicia Comunitaria humanizante y reparadora (ojo, no estoy hablando de linchamientos)- se los/as pone a administrar la vieja Justicia Ordinaria -litigante, mañuda y viciosa y, por supuesto, esencialmente colonial-. Ahora nos quejamos de que todo sigue igual que antes (o peor). No parece justo.
Pero volvamos a los casos personales escandalosos, como el del magistrado Ruddy Flores. ¿Cómo es que llegaron a esos cargos? ¿Será que el voto popular para elegir magistrados constituye un error? Si así fuera, estaríamos en un callejón sin salida, ya que el viejo sistema de designación por mayoría parlamentaria era catastrófico.
¿No será que la elección por voto popular podría ser la mejor opción, pero siempre y cuando se haga con conocimiento de causa? ¿No será que en la mencionada elección de magistrados nos vimos obligados a votar al azar -o bien a votar nulo, lo que constituía una protesta expresiva, pero tampoco resolvía la situación- y que ahora estamos viviendo los resultados de ese voto?
También se dio el caso de electores que no votaron positivamente (no había los datos necesarios para votar convencidamente por algún candidato), sino que simplemente votaron contra alguien; es decir, con la intención de que determinado candidato no pudiera ganar (ya que sí era posible acceder a datos negativos sobre más de un candidato). Sin embargo, el resultado final fue que acabaron ganando aquellos o aquellas cuyo triunfo se intentaba impedir, ¿cómo pudo pasar, si no hubo nada parecido a campaña electoral?
Luego supimos que los candidatos que ganaron por alto margen eran los que tuvieron el apoyo del MAS sin campaña formal, pero con recomendación discreta a través de organizaciones sociales…
Por tanto, se sabe "quién inventaría” a estos magistrados que ahora nos preocupan y decepcionan -y las decepciones que todavía tendremos que vivir-. Lo importante será que, para buscar soluciones, empecemos por hacer un diagnóstico serio.
El autor es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
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