Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Jorge Bolaños
El 8 de abril de este año se presentó la Política Plurinacional de lucha contra la Trata y Tráfico de personas. En cierta parte del documento, se analiza los datos estadísticos sobre el número de casos atendidos en los últimos años a nivel nacional por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a través de la División de Trata y Tráfico de Personas. En 2008, los casos atendidos fueron 265. En 2009, 348. En 2010, 335. En 2011, 289. En la gestión 2012, se atendieron un total de 421 casos, y en 2013, hasta junio de ese año, se atendieron 147. Estas cifras no toman en cuenta los casos de trata y tráfico no denunciados.
Bolivia es un país de destino, tránsito y origen de víctimas de trata y tráfico de personas. La tendencia al aumento del número de casos es bastante preocupante. El hecho de que, desde el año de la aprobación de la Ley Integral de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas (ley 263), 2012, sólo haya una sentencia, es realmente alarmante. Los casos no se siguen de oficio hasta el final. Esto debería llevar a que nos preguntemos: ¿dónde está el cuello de botella? La Policía y la Fiscalía son dos instancias que deberían ser analizadas al respecto, pues es ahí donde las denuncias son recibidas.
Desde la lectura del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (CECASEM), los principales obstáculos para enfrentar los delitos de trata y tráfico se manifiestan a nivel de los operadores y administradores de justicia. Sin embargo, el ámbito preventivo también tiene gran importancia, pues también presenta problemas. Hace falta una estrategia nacional de lucha preventiva, enfocada en particular en grupos como los muchachos de colegio, las universidades, y la sociedad en general.
La ley Integral 263, que derogó la ley 3325, constituye un gran avance. El Protocolo de Atención a Víctimas también posee gran significancia. No obstante, por virtuosas que sean nuestras leyes, lastimosamente, la norma no es en sí una solución. La trata es una plaga: no va a parar. Es un delito internacional. En gravedad, está a la altura de delitos como el narcotráfico y la venta de armas. Debemos entender que estamos enfrentando al crimen organizado.
La acción conjunta, integral, es el mejor camino a seguir. Las campañas vanguardistas junto a los jóvenes, los spots publicitarios, los programas de sensibilización, etcétera, son mecanismos importantes de participación de la sociedad civil y de prevención. Se necesita, por otro lado, fortalecer la presencia del Estado en las fronteras, las cuales están de por sí bastante descuidadas. Migración debería sentar soberanía, para contar con una base de datos para saber quién entra y quién sale del país.
En pocas palabras, la lucha contra la trata y tráfico de personas no es tarea sólo del Estado, sino también de la sociedad civil.
Nuestra población recién está empezando a imbuirse de esta problemática. Los ciudadanos, no obstante, disponen ya de los escenarios para hacer efectiva su participación, contribuyendo a la construcción de la política pública. Se tiene escenarios como el Concejo Nacional contra la trata y tráfico de personas y los Concejos departamentales, a nivel regional. Además, se está empezando a trabajar con las juntas vecinales ya en varios departamentos.
En el ámbito laboral, deberían regularse los centros de empleo a través del Ministerio de Trabajo, y se debería crear espacios laborales para las víctimas de trata. Las ordenanzas municipales podrían ser utilizadas con mucha eficacia en este sentido.
La cooperación internacional está aportando en muchos aspectos al Estado boliviano para proteger a la población. Países vecinos y países del norte están apoyando con recursos y lineamientos de trabajo conjunto para avanzar en la lucha contra las redes nacionales e internacionales de tratantes.
Al rastrear las raíces del problema, es evidente que la pobreza es uno de los principales caldos de cultivos para la trata de personas. El área rural y el área periurbana son particularmente vulnerables, precisamente por su falta de recursos. La falta de información y la invisibilización de la trata son obstáculos para la concientización y empoderamiento de la gente.
Las organizaciones no gubernamentales trabajan desde hace tiempo a través de redes, mesas, comisiones vinculadas a la Red Latinoamericana y Caribeña contra la Trata (REDLAC) y a la Red de la Comunidad de Europea, compartiendo espacios con la sociedad civil, a fin de alinear las políticas públicas a nivel internacional.
En síntesis, y reiterando algo que ya fue mencionado, tanto la acción del Estado como la acción de la sociedad son importantes para luchar contra la trata y tráfico de personas. Los ciudadanos tienen la corresponsabilidad de ayudar a los entes gubernamentales a luchar contra estos flagelos. Sólo de ese modo podremos lograr avances en la contención de estos delitos.
El autor trabaja en el Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (CECASEM) - Observatorio de trata de personas
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