Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Rafael Puente
Desde la Marcha por la Vida -¡ya son casi 28 años!- el manejo de nuestros
recursos minerales, razón de ser de este país nuestro, no había vuelto a ser un
tema de preocupación y debate público. La crisis terminal de la Comibol,
seguida de la relocalización y los famosos contratos de riesgo compartido, nos
llevó a aceptar resignadamente que el ciclo de la minería como que había
terminado, y que lo que quedaba se lo comerían Goni y sus empresas amigas.
Ni siquiera en estos años de proceso de cambio, pese a espectáculos
increíbles como el de la mina San Cristóbal, las organizaciones sociales se
movilizaron en defensa de nuestros recursos minerales, como sí se habían
movilizado en defensa del gas, por una nueva Constitución, e incluso por las
autonomías…
De ahí que resulta saludable que ahora ese proyecto apocalíptico de Ley de
Minería haya puesto el tema sobre la mesa, y no sólo ya en términos de exigir
que nuestros minerales sean para el Estado y el pueblo bolivianos, sino también
para exigir que la minería deje de ser la actividad central y privilegiada que
se come todo lo demás.
Con tal motivo ha salido a relucir aquella claudicación cometida cuando la
Asamblea Constituyente corría grave peligro y tuvo que trasladarse de Sucre a
Oruro, la claudicación que se expresó en la declaración constitucional de que
en términos de concesiones mineras deben respetarse los derechos
preconstituidos (ahí entran las 200 mil hectáreas de San Cristóbal y otros
muchos miles de hectáreas que los cooperativistas exigían retener).
Pero no nos metamos ahora con aquella claudicación, ni nos metamos por un
momento con las llamadas cooperativas mineras y sus desmesuradas exigencias.
Olvidemos también la ligereza con que la Cámara de Diputados se tragó casi todo
el nuevo proyecto de ley de los cooperativistas. Lo urgente parece más bien
abrir lo más posible el debate y, en todo caso, exigir el respeto de la
Constitución vigente, escuchar para ello a organizaciones sociales, como las
federaciones de regantes (que están fuera de toda sospecha), y rechazar el
conjunto de ese proyecto de ley minera, que ya ha costado tantos daños humanos
y sociales.
Preguntémonos pues:
¿Será posible -en este Estado Soberano- que en el campo de la minería deje
de haber reservas fiscales, y que el propio Salar de Uyuni se esté entregando
como concesión a empresas privadas (incluidas empresas chilenas)?
¿Será admisible -en este Estado Defensor de la Madre Tierra- que en el caso
de la minería las fichas ambientales sean atribución del Ministerio de Minería?
¿Será compatible la pervivencia de nuestro país con la autorización para la
explotación minera nada menos que en los glaciares? ¿Es mínimamente constitucional
que la concesión minera conlleve la concesión de aguas que son patrimonio de
toda la población presente y futura, y que los concesionarios mineros estén
autorizados a desviar los cursos de las aguas y a utilizar aguas ya destinadas
a uso humano?
¿Será consecuente -en este Estado Plurinacional, con protagonismo
indígena-originario-campesino- que las parcelas agrícolas puedan ser entregadas
en concesión minera, y que ante cualquier reclamo la cosa pueda resolverse por
la vía de la expropiación, con un mero trámite administrativo? ¿Podremos
aceptar que todos los parques nacionales y territorios indígenas puedan ser
objeto de exploración y explotación minera?
¿Vamos a tolerar -en este Estado Participativo- que una ley venga a
prohibir y penalizar la protesta contra actividades y concesiones mineras?
Son demasiadas violaciones a la Constitución como para que el tema de la
ley minera pueda resolverse en mesas de diálogo con los mal llamados
cooperativistas. Es evidente que tenemos que participar todas y todos, y que lo
que se necesita es un nuevo proyecto de ley, por supuesto sometido a la futura
Ley Marco sobre el Agua, a la Ley de Participación y Control Social y, sobre
todo, al espíritu y la letra de nuestra Constitución.
¿No es para todo esto que tenemos un nuevo ministro de Minería? Esperamos
su convocatoria…
El autor es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de
Cochabamba
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