Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Arturo D.
Villanueva Imaña
Nunca como ahora el país se enfrenta a una coyuntura que puede revertir y
devolverlo a las épocas en las que un pequeño grupo oligárquico conocido como
los barones del estaño controlaba, usufructuaba y definía los destinos de la
nación. Esta vez e irónicamente, la situación se presenta en manos de una masa
cooperativista explotada y asociada (vaya relación!), que le hace el juego a
intereses privados nativos y (principalmente) extranjeros, que por su
intermedio buscan hacer aprobar una norma antinacional, anticonstitucional y
minerogárquica, por su similitud a lo que representaba aquella oligarquía
minero feudal que la revolución del 52 pensó que había extirpado.
Y muy en contrario de que se trate de un asunto subsanable con la
corrección y adecuación constitucional de unos pocos artículos (como se
pretende hacer creer), o que se quiera (re)cortar las enormes y diversas
ventajas, execciones, concesiones e incentivos que se les otorgó, y ni aún
siquiera como si se tratase de un tema político por el que se busque desterrar
resabios neoliberales que se han colado a la propuesta de ley minera, o aún de
un propósito medioambiental que se proponga evitar los graves daños y pasivos
socio-ambientales y ecológicos que provoca la actividad minera; en realidad se
trata de una problemática que nos incumbe a todos los bolivianos.
Sucede que la norma (no unos pocos artículos) y tal como está planteada en
la propuesta que se encuentra en tratamiento (y penosa negociación), otorga
derechos preferentes a la actividad minera. Ello significa por ejemplo, que no
solo permite el uso totalmente discrecional de las aguas y aun el desvío del
curso natural de los ríos de este recurso que constituye un derecho de todos
los bolivianos, poniendo en riesgo la producción de alimentos y la seguridad
alimentaria, tal como han denunciado las organizaciones de regantes a nivel
nacional; sino que al otorgar derechos preferentes a la actividad minera,
convierte a todos los demás bolivianos (sean ciudadanos individuales o
colectivos con identidad y autonomía propias), en sujetos de segunda, con
derechos supeditados y subordinados al interés y prerrogativa de mineros que
vienen a constituirse de esa forma en una nueva casta privilegiada y superior.
Tanto es así, que todos los demás derechos, sean agrarios, ambientales,
indígenas o ciudadanos, deben ceder ante la eventualidad de que en tierras
agrícolas, áreas protegidas, territorios indígenas o cualquier otro tipo de
suelo, se encuentren recursos naturales explotables por la actividad minera. Y
como si eso no fuese suficiente, dada la forma como ha sido concebida la norma,
ni siquiera quedaría el consuelo de que esos recursos fuesen nacionales, o que
la explotación y los beneficios puedan ser apropiados por el Estado, en beneficio
de la nación, puesto que quedarían en manos de intereses privados
(transnacionales especialmente), pero explotados (en doble sentido) por
cooperativistas nativos.
Para muestra un botón. Si solo se contabiliza la cantidad de minerales y
oro que se ha exportado en los últimos 10 años, se puede establecer claramente
que ha salido del país mucha más riqueza de la que se explotó durante todo el
periodo colonial y con la que pudo haberse construido un puente de oro y plata
hasta Europa, como todos sabemos.
Por otra parte, al prestar atención al crecimiento de la actividad minera y
la otorgación de concesiones en los últimos 5 años (según investigaciones
efectuadas por el CEDIB), podremos establecer tres fenómenos sumamente
inquietantes (por decir menos). Primero, que se han expandido en todo el
territorio nacional; lo que significa que se han ampliado de las áreas
tradicionales asentadas históricamente en occidente, para incluir y abarcar las
regiones norte amazónica, oriental chiquitana y chaqueña, donde predomina la
explotación de oro, metales no tradicionales y piedras preciosas. Segundo, que
la extensión territorial de las concesiones son tan grandes en superficie, que
ni en la más afiebrada época latifundista del país se entregaron tal cantidad
de tierras para explotación privada y con derechos preferentes, cuyas
extensiones superan fácilmente las decenas y centenas de miles de hectáreas
para una sola empresa, como sucede en varios casos. Y tercero, que esta
política entreguista ha reducido las reservas fiscales al mínimo, para
favorecer el interés privado. Es decir, ha implicado desnacionalizar los
recursos naturales mineros del país.
Bajo estos argumentos, la pregunta es si todos los sectores sociales que no
son cooperativistas en el país deben quedar al margen de la revisión de una
norma de esta trascendencia, y si esa revisión solo debe reducirse a una
búsqueda consensos sobre unos pocos artículos, tal como está sucediendo en este
momentos, a espaldas de una sociedad y un destino nacional que nos corresponde
construir a todos.
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