Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por. Rafael Puente
Los asambleístas de ambas cámaras -con la única excepción
saludable del senador Eduardo Maldonado- nos acaban de dar la sorpresa de
aprobar una nueva Ley de Minería que nos deja perplejos. Porque si nos
ponemos a analizar cuál es la médula económica de este proceso de cambio, nos
encontraremos, sin duda, con que esa médula es la nacionalización de nuestros
recursos (seguida por su industrialización, pero éste sería otro tema). Y, efectivamente,
el primer aldabonazo fue la nacionalización de los hidrocarburos, luego
vendrían las telecomunicaciones y la electricidad y la aeronavegación y los
aeropuertos, qué bien…
Por eso, cuando nos anuncian que por fin se va a sustituir
la Ley de Minería de Sánchez de Lozada, lo que esperábamos era que se siguiera
esa línea nacionalizadora y recuperáramos lo que ocurrió en 1952 (Comibol
incluida). Sin embargo, nos encontramos con que lo que se discutió el mes
pasado en el Senado era un proyecto elaborado por los mineros cooperativistas
(cualquier cosa menos expresión de los intereses nacionales).
Ese disparate condujo a una crisis social seria (incluso
con muertos y heridos) y a un debate social profundo. El Presidente llegó a
hablar de traición a la patria y desde el Gobierno se anunció la vuelta del
proyecto de ley a fojas cero. Esperanzador. Pero luego vino el jarro de agua
fría que nos lleva a la pregunta que da título a este comentario.
Para empezar, se mantuvo como texto base el proyecto
cooperativista, y si bien se le hicieron algunas modificaciones, el resultado
final -aprobado sin dificultades por los asambleístas del cambio (para
satisfacción de los demás)- no ha variado en su esencia. Veamos unos cuantos
botones de muestra:
1. De nacionalización de los recursos no hay nada; por el
contrario, varios artículos (en especial el 130) lo que hacen es facilitar los
procesos de des-nacionalización, a costa de la pobre Comibol… ¡Como gran cosa
se ha extendido a cinco años el plazo para la conclusión de las reservas
fiscales! Y las transnacionales, por supuesto, intactas. El papel del Estado
sigue siendo el de firmar contratos con privados (artículo 61), e incluso se
establece que no serán objeto de revisión los 7.920 contratos ya legalizados (y
que ocupan nada menos que dos millones de hectáreas, artículo 132). Por su
parte, los cooperativistas siguen en condiciones de quedarse cada vez con más
áreas (más aún si tenemos en cuenta que si les conviene pueden considerarse
actores privados).
2. De reconocimiento del agua como derecho humano
fundamentalísimo (artículo 373 de la Constitución) no queda nada, únicamente se
han ablandado los términos, ya que para cambiar los cursos de agua -en
beneficio de la explotación minera- basta con hacer una solicitud ante la autoridad
competente (artículo 112).
3. La protección de áreas protegidas y territorios
indígenas no sólo no existe, sino que se ha facilitado más aún su destrucción
en aras de la minería, al haberse sacado del texto original la condición de un
estudio de impacto ambiental (artículo 220).
4. La ley compromete la autoridad del Estado para la
protección de cualquier emprendimiento minero, negando así el derecho a las
luchas sociales por la recuperación de los recursos minerales. Los artículos 99
y 100 así lo disponen, garantizando, incluso, el uso de la fuerza pública
contra cualquier tiempo de acciones "que de cualquier modo afecten,
alteren, perjudiquen el normal y pacífico desarrollo de sus labores y
actividades; sea que se trate de personas individuales o colectivas”…
¿Tiene todo esto algo que ver con "nacionalización”?
¿No es más bien un decidido avance hacia la des-nacionalización? ¿Es para eso
que hemos elegido asambleístas que estaban con el cambio, algunas de ellas con
una prometedora trayectoria política? ¿Tienen algo que explicar las y los
asambleístas del MAS?
Sí, en teoría queda la esperanza de que el Presidente se
niegue a promulgar esa ley directamente antinacional (y anti-Madre Tierra),
pero sería una especie de milagro, ya que no parece probable que los y las
asambleístas hayan votado sin calcular lo que hará el Presidente.Y ahora ¿quién
podrá defendernos?
El autor es miembro del Colectivo
Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba
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