Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Adriana
Salvatierra
El pasado 1ro de Mayo fue un día memorable por la imponente movilización
social que selló el compromiso de la clase obrera con el Proceso de Cambio. En
Santa Cruz, el día de los trabajadores fue empañado con uno de los cotidianos e
indecentes actos de agresión contra la mujer.
El Alcalde Municipal Percy Fernández “metió mano” durante un acto
público a una periodista de PAT. El video se expandió de forma casi virulenta
al punto que la condena ética colectiva por lo menos fue instalada y por
primera vez se logra abordar con seriedad el asunto. Al día siguiente, el
Alcalde emite una carta de disculpas, que según el “abogado natural” de la
agredida (su esposo) no serían tomadas en cuenta hasta que se emita una
disculpa pública, misma que fue emitida 3 días después en diversos medios de
comunicación y con eso “el abogado natural” da por cerrado el asunto mientras
la afectada sigue en silencio.
Más allá de las movilizaciones locales, las acciones legales asumidas se
concentran en la querella ante la fiscalía por parte de la Diputada de MSM
Marcela Revollo y la denuncia por acoso sexual presentada por la Plataforma de
Lucha Contra la Violencia a la Mujer en la Unidad de Víctimas Especiales,
amparadas en la Ley 348; a esto se suma que la Comisión de Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados definió viajar, y luego suspendió su viaje a Santa Cruz
para recibir un informe de los hechos por parte de la autoridad municipal.
¿Qué nos ha dejado esto hasta el momento?
Impunidad. Bolivia continúa teniendo la segunda tasa más alta de
violencia sexual contra las mujeres en América Latina, y el 80% de los casos
quedan en la impunidad. El 2013 cerramos con 154 casos de violencia política y
125 feminicidios (sin contar la cantidad de mujeres que mueren en el silencio
de sus comunidades). Es cierto que la Ley 348 se convierte en una herramienta
para luchar contra la violencia desde el mismo acto de señalarla como un tema
de prioridad nacional y de salud pública. Sin embargo las prácticas machistas,
discriminatorias y violentas continúan sucediendo en la intimidad de los
hogares, en la calles y en los actos públicos donde la sensación de poder sobre
la mujer y sobre los gobernados no se esconde.
Conciencia colectiva de lo que implica una agresión. Si bien el horondo
esposo de la mujer afectada no continuará las acciones legales puesto que
recibió muy conforme las disculpas públicas del Alcalde, este tema pasó a ser
no sólo de índole personal o familiar sino público. No es que las feministas o
las organizaciones sociales hagamos de este hecho una comidilla para la
destrucción de una figura política; sino que este acto público de agresión no
es más que un ejemplo concreto de la violencia estructural y cotidiana a la que
están expuestas las mujeres y en mayor porcentaje las mujeres pobres, indígenas
y campesinas.
Vigencia del Patriarcado. No es ella quien se defiende, pues pese a la
intimidación que genera la agresión en un acto público, hubiésemos esperado que
sea ella quien dé seguimiento a la defensa de su integridad. Sin embargo, cual
transacción feudal entre varones, el esposo y el Alcalde arreglan cuentas, se
entienden y negocian, y ponen punto final al hecho. Es el esposo quien sale a
decir ante el acto flagrante que el caso se cierra, que no desea continuar los
conflictos, convirtiéndose en el representante legal, moral e intelectual de la
afectada como si esto se tratara sólo de la “honra familiar” aislando y
desvinculando al resto de la sociedad del acto público de violencia.
Silencio y complicidad. No sólo el silencio de muchos “referentes” nos
duele, también duele la pasividad, el dejar el tema como un hecho de
competencia exclusivamente femenina o familiar. Pues este es el principal freno
que encuentra la aplicación de la Ley 348. Agrede aún más el silencio de
quienes dicen militar en la trinchera de la igualdad, la justicia y la
dignidad.
Debemos luchar contra el silencio colectivo de la iglesia, del Comité
Cívico Femenino, de la oposición boliviana que busca congraciarse con todos
para aumentar porcentajes, y también contra el silencio de nosotros mismos como
militantes del Cambio. Condenar la burla que se impulsa desde muchos sectores
para vaciar de contenido la gravedad del asunto, condenar las sátiras que lo
único que hacen es caricaturizar la violencia y hacerla digerible con algo que
provoque una sonrisa y nos permita olvidar el daño.
No se trata de destruir una figura pública, no nos interesa. Se trata de
destruir las prácticas violentas que se ejercen contra la mujer; se trata de
dar continuidad y profundidad a la agenda del Proceso de Cambio donde los y las
militantes luchamos contra todo tipo de inequidad social.
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