Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Gustavo Rodríguez
Las políticas de etnización del discurso estatal y del reclutamiento del personal gubernamental sin necesariamente pasar por el filtro de los estudios universitarios han golpeado en nuestro país a una institución cuya tradición y capital simbólico se basaba en garantizar movilidad social y el acceso, vía profesión, al núcleo la clase media profesional, sirviendo de canal de ascenso social a estudiantes procedentes de familias de trabajadores y sectores populares.
Por otra parte, acostumbrada a la centralidad política ganada a pulso en las calles y con discursos de interpelación para promover reformas sociales, la universidad forjó su misión como actor político. Si se mira al personal político que prevalecía hasta la irrupción indígena y popular del 2005, se constatará fácilmente que muchos y muchas pasaron por el filtro de la tribuna universitaria como una escuela probatoria. Era allí donde se examinaban sus voces e ideas y adquirían oropeles disputando en calles con el poder o sufriendo en represalia persecuciones y prisiones. Tal es la historia del movimiento estudiantil desde la generación de la reforma de 1928, sino antes.
Este tejido cambió. Por una parte, en este mundo de pluri-actores, la universidad no fue convocada, como en el pasado, a dar opinión sobre la profundidad de las transformaciones en Bolivia. Sus integrantes perdieron así su antigua capacidad de verse como actores centrales de la política nacional, y ya pueden fácilmente acumular experiencia y reconocimiento en la arena universitaria para saltar de ella hacia el Parlamento, la dirigencia política o integrarse personal gubernamental.
Por otra parte, la burocracia se recluta ahora por otras vías y otros avales procedentes de sindicatos, comunidades indígenas, etcétera; en las cuales el título profesional o la destacada trayectoria en la tribuna o en el aula universitaria no constituyen mérito urgente y necesario, e incluso puede verse con sospecha a la hora de la selección de personal que ya no se basa en procedimientos ni valores meritocráticos.
En otras palabras, la universidad pública dejó de (re)producir una “clase política” y una capa administrativa, y por tanto es cada vez menos una escalera de ascenso social, como pudo ser en el pasado. Se parece más, por tanto, a una reserva juvenil que se acumula día a día, sin otro destino que permanecer en ella con la ilusión y las ventajas de ser estudiante o salir fuera de aulas al cruel desempleo.
En rigor la universidad gratuita y con múltiples beneficios sociales puede servir como un buen paliativo y sustituto a la ausencia de empleo y servicios sociales para sectores juveniles. De ahí que la querella del excedente se traslade y motorice, como ocurrió recientemente en la Universidad Mayor de San Simón, al activismo de pequeños grupos radicales que bregan por convertir a las casas de estudios superiores no en un alter ego del capitalismo, sino en una suerte de mini “Estado del bienestar” donde prevalezca una política redistributiva. Ella, a sus ojos, debe otorgar educación, salud, comedor, guardería y equipamientos gratuitos, pero sin obligar a que sus beneficiarios adquieran responsabilidad y rendimiento como estudiantes que usan recursos de la sociedad. Pero claro, esta imagen es justamente aquella que menos se parece a una universidad.
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