Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Iván Bustillos
De 221
denuncias de acoso y violencia política contra mujeres, registradas entre 2010
y 2013, solo 22 han llegado a un proceso judicial para sancionar a los
infractores (otras 15 están en instancias administrativas), el resto, 184, no
han derivado en ningún proceso; de ese total, apenas un caso, el de la
concejala Magda Hasse, del municipio de Tarvita, Chuquisaca, concluyó en una
sentencia.
Luego de tres
años en que la concejala Hasse ha estado suspendida del cargo, el 5 de mayo de
2014, el juzgado de Tarabuco determinó que la legisladora municipal pueda
retornar a su cargo; la habían obligado a renunciar el 11 de mayo de 2011, en
un cabildo; en esta asamblea incluso se le obligó a copiar con su puño y letra
la renuncia, “la secuestraron todo el día, teniéndola en plena lluvia a ella y
a los abogados que le apoyaban”; ahora la concejala se encuentra ejerciendo el
cargo, “pero son tres años que no le han permitido ejercer sus derechos
políticos”, recuerda la directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de
Bolivia (Acobol), Jessy López Gonzales.
PENDIENTE.
“No hay punto de comparación, un solo caso de los 221 denunciados entre 2010 y
2013”, destaca. Esta es una de las cuentas pendientes en la participación
política de las mujeres, por lo menos en el quehacer local: “Si nos fijamos, en
2012 tenemos un total de 40 denuncias, y en 2013, 154; más allá de este
incremento, las concejalas, viendo que existe una ley, se han animado a denunciar;
pero también viendo que no hay resolución de estos casos, hay mucha gente que
ya no cree en estas instancias, por eso es que no todos los casos han llegado a
iniciar procesos; en instancias judiciales solo hay 22 casos”.
A la fecha,
informa López, la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres
(Ley 243) aún no está reglamentada, tampoco hay la política pública que
“promueva políticas y estrategias para la atención, prevención y sanción de los
casos de violencia política”.
Según Acobol,
las 221 denuncias de acoso y violencia política contra las mujeres ocurrieron
en 129 municipios, el 38% del total (339); los departamentos en que se
presentaron más casos son: Chuquisaca (56 denuncias), La Paz (43) y Potosí
(37). En cuatro años, entre 2010 y 2013, la mayor parte de las denuncias (el
68%) fue presentada en el último año. Ahora, mientras entre 2010 y 2012, los
casos de acoso contra las mujeres concejalas en su gran mayoría eran en
respuesta a su labor fiscalizadora (represalias a la labor que hacían); desde
mediados de 2012, el 65% de las denuncias fueron motivadas por actos de
presión, hostigamiento y amenazas contra las concejalas por parte de los
concejales suplentes varones, para que aquéllas dejen el cargo, con el
argumento de la “gestión compartida” (que al suplente le “tocaba” la
titularidad de la concejalía para el resto de la gestión).
De los 221
casos de violencia política registrados, 184 (el 83%) no han sido resueltos
debido a varios factores, señala Acobol, “entre ellos la ausencia de
instrumentos reglamentarios y la falta de socialización de la norma con los
operadores de justicia” (Revista Concejala, N° 6, noviembre de 2013). Apenas el
17% (37 casos) llegó a alguna instancia de proceso legal o administrativo.
Es en este
contexto que el 5 de mayo de 2014 solo un caso llegó a la sentencia,
favoreciendo a la concejala denunciante; se la restituyó en su cargo después de
tres años de litigio. Las formas de acoso y violencia política más frecuentes
fueron: presión para que renuncie, no proporcionarle la información que la
concejala solicita para cumplir con su mandato, sufrir discriminación, ser
obligada a firmar documentos bajo presión, intimidación o a la fuerza, o ser
difamada públicamente mellando su dignidad.
NACIONAL. En
cuanto a la presencia de las mujeres en el Congreso Nacional y la Asamblea
Legislativa Plurinacional, se puede anotar, según registran María Teresa Zegada
y Jorge Komadina en su libro El espejo de la sociedad. Poder y representación
en Bolivia (Plural, marzo de 2014), que si en la legislatura 1982-1985 hubo una
sola diputada titular y ninguna senadora, en la de 1993-1997 las diputadas
titulares llegaron a 11 y solo a una senadora titular; fue desde la legislatura
2002 que empezó a subir el número de parlamentarias. En el periodo legislativo
2010-2014 ya hay 33 diputadas y 17 senadoras titulares. Asimismo, es
significativo el dato de la presencia femenina en las elecciones
departamentales de 2010
Según el
Boletín Estadístico Número 4 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de un total
de 267 asambleístas departamentales elegidos en todo el país, apenas 69 (el
26%) son asambleístas mujeres; esto significa que por cada cuatro asambleístas
hay una que es mujer. Un hecho llamativo es el caso de los asambleístas
departamentales indígenas: de los 23 legisladores originarios que fueron
elegidos en 2010, solo una es mujer.
Hay que
recordar que el control sobre la paridad y alternancia en razón de género que
ejerce el TSE sobre las organizaciones políticas no alcanza a las circunscripciones
especiales indígenas. Según la vocal del TSE Dina Chuquimia, el principio es el
respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus
procedimientos electorales.
Una vez que
la paridad y alternancia de género en las listas de candidatas está empezando a
ser reglamentada, las elecciones nacionales de octubre serán un verdadero
“puente” hacia las elecciones departamentales y municipales de 2015, dadas las
peculiaridades que tienen las democracias local y departamental, destaca López
Gonzales.
“La representación actual obtenida en
2010, o sea, de concejalas titulares en el país, fue del 43%, no muy lejano al
50%; en 2004 (esta presencia) era apenas del 19%; en 2010 esto se incrementó
con el acceso a espacios que nos señalan la Constitución y las leyes que han
ido saliendo, esperamos que para las nuevas elecciones de 2015 ese porcentaje
no se reduzca debido a que también se han incrementado los casos de acoso y
violencia política”. Muchas de las actuales autoridades locales mujeres ya no
quieren estar en estos espacios de poder local, “porque ha habido hasta dos
muertes; estos obstáculos que han ido viviendo las concejalas también hace a
una reacción negativa en futuras postulantes”, concluye la directora de Acobol.
La Razón 06 de julio de 2014
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