Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Comisión
Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización,1989 -
2000
El 29 de agosto de 1985 el
cuarto gobierno de Victor Paz emite el DS 21060 e inaugura un nuevo Estado
concordante con las políticas neoliberales planteadas por gobiernos y organismos
extranjeros. Los ajustes económicos aplicados por ese decreto, si bien logran
parar la hiperinflación, estaban dirigidos a sacar el aparato productivo del
control estatal. En este contexto, organismos como el Banco Mundial (BM) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de las directrices del “Consenso
de Washington” y del Club de París, ofrecen ayuda financiera a Bolivia a
condición de transferir las empresas estatales a empresas privadas extranjeras
y nacionales.
PRIMERA OLA
Se abre entonces un nuevo
periodo en el que dominan las fracciones más liberales y pro capitalistas del
país. En efecto, durante el gobierno de Paz Zamora (1989-1993) se promulga el
D.S. 22836, en fecha 14 de junio de 1991, que autoriza la transferencia de 60
empresas públicas pertenecientes a las Corporaciones Regionales de Desarrollo, mismo
que es reforzado con la Ley de Privatización 1330, del 24 de abril de 1992, y
sus reglamentaciones respectivas.
Aunque hay oposición de
patriotas y denuncias de corrupción, las disposiciones privatizadoras se
ejecutan transfiriéndose primero las empresas públicas departamentales, siendo
ésta la primera ola de privatizaciones. En estos años, también se anuncia la
venta de las grandes empresas nacionales, pero será temporalmente cancelada por
la fuerte oposición del pueblo boliviano y los propios obstáculos constitucionales
de entonces.
SEGUNDA OLA
Gonzalo Sánchez de Lozada
(1993-1997), en la perspectiva de lograr mayores éxitos privatizadores y en
concertación con los mismos organismos financieros (BM, FMI, BID), sustituye el
discurso de la privatización por el discurso de la capitalización, presentándolo
como una iniciativa “bien boliviana”, por la que las empresas estratégicas del
Estado aparecen como receptoras de capitales externos. Colateralmente, se flexibilizan
las leyes que versan sobre recursos naturales (hidrocarburos, minerales, bosques,
agua, biodiversidad), a objeto de “legalizar” su entrega a los inversores extranjeros,
convirtiendo a la economía boliviana en una de las más liberales del continente,
con cargo al propio Estado boliviano. Los organismos financieros extranjeros
prestaron al país más de 137 millones de dólares para financiar el proceso de
capitalización, principalmente para el pago de consultorías externas. Esta fase
es denominada la segunda ola de privatizaciones.
TERCERA OLA
Durante el gobierno de Hugo
Banzer (1997-2000) se retoma nuevamente la política de privatización a secas, a
objeto de concluir los procesos ya ejecutados por los gobiernos de Paz Zamora y
Sánchez de Lozada. En esta tercera ola concluye el ciclo privatizador
habiéndose vendido o liquidado todas las empresas estatales. Pero como es el
fin de un período es también el inicio de otra fase de recuperación/reconstitución
de empresas y bienes públicos, siendo la Guerra del Agua en Cochabamba (abril de
2000) el punto de inflexión que logró expulsar a una empresa transnacional del
agua y recuperar una empresa pública con la finalidad de administrar el recurso
como un derecho y no como un negocio.
Consiguientemente, el proceso
será revertido con el paso del tiempo y la lucha del pueblo. A partir del año
2001, los gobiernos de Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada pretenden
exportar gas natural a EE.UU., vía Chile, a precios ínfimos fracasando en su intento.
El pueblo rechaza la opción y alimenta más bien la consigna de recuperar el gas
y los recursos naturales para los bolivianos.
PRIVATIZACIÓN Y CAPITALIZACIÓN,
DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA
Contrariamente a los intelectuales
de los procesos de privatización y capitalización que sostienen que el cambio
de modelo económico ocurrido en 1985 por otro basado en la eliminación del
sector público, la liberalización de la economía de mercado, la libre contratación
de mano de obra, la iniciativa privada y las inversiones extranjeras, significó
un crecimiento económico del país y un incremento del patrimonio neto de cada
uno de los bolivianos, y aunque algunos de esos defensores tratan de establecer
diferencias y jerarquías entre la privatización y la capitalización, afirmando
que esta última fue mejor que la primera, la presente investigación parte de la
constatación de que los procesos de privatización y capitalización efectuados
en Bolivia, entre 1989 y 2000, constituyen dos caras de una misma moneda o
formas de un mismo proceso global de fortalecimiento del capital privado y
transnacional en desmedro del Estado boliviano.
A causa de esos procesos
–llámense, privatización o capitalización-, el Estado fue despojado de sus
riquezas naturales y de los excedentes que producían las empresas públicas, que
por más de tres déca- das (1952–1985) le habían permitido costear –así sea precariamente-
los gastos en infraestructura productiva, vial, energía, salud, educación,
vivienda y otros.
Habiendo transferido recursos y
bienes públicos en favor de grupos minoritarios, los procesos de privatización en
Bolivia constituyen ejemplos clásicos de apropiación de materias primas y excedentes
por parte del capital privado, de forma que empresas estratégicas nacionales
(YPFB, COMIBOL, ENTEL, ENDE, ENFE, LAB, otras) o empresas medianas y pequeñas
que operaban a nivel departamental y municipal, pasaron a propiedad privada en
toda la cadena productiva (producción, comercialización, distribución y consumo
de bienes), incluidos los excedentes.
Un caso paradigmático de esto
constituyó el sector de los hidrocarburos, donde el 82% de los ingresos era para
beneficio transnacional y sólo el 18% para el Estado y la sociedad. Por estas grandes
inequidades, los gobiernos de entonces no pudieron resolver los terribles
problemas sociales que aquejaban a la sociedad boliviana y que, contrariamente a
lo decantado por los neoliberales, cayeron hasta niveles paupérrimos de vida.
Hasta ahí algunas
constataciones fuertes, empero éstas son insuficientes para lograr un
conocimiento profundo y completo de los perjuicios provocados al país, por lo
que la presente investigación multidisciplinaria deberá responder nuevos
cuestionamientos de importancia: ¿Cuáles son los aspectos financieros, económicos,
jurídicos, políticos, institucionales y sociales que aún no conocemos de los procesos
privatizadores, y que impactaron o seguirían impactando negativamente en
nuestro país? ¿Cuál es el marco jurídico que se estructuró para revestir de
“legalidad” a los procesos de privatización y que garantizó la seguridad
jurídica exigida por los inversores privados? ¿Qué tipo de relaciones de poder
e institucionales viabilizaron los procesos de privatización? y ¿cuáles son los
impactos sociales provocados por los procesos de privatización?
Enero de 2014
Síguenos en Facebook https://www.facebook.com/escuelanacionaldeformacionpolitica
y Twitter @escuelanfp
Rellene el siguiente formulario para suscribirse.
Comentarios
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios