Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Arturo D. Villanueva Imaña
El ex ministro de Gobierno y actual candidato a primer senador por Santa Cruz, Carlos Romero, ya anunció el desplazamiento político del campesinado y los sectores populares del bloque hegemónico de poder, para conformar un “nuevo liderazgo político nacional”, en base a sectores empresariales tradicionalmente conservadores, que en el pasado se opusieron al gobierno y el proceso (Ver periódico La Razón de 15 de agosto).
Este artículo abordará lo que hace años se va perfilando en el plano económico y productivo con el sector agropecuario del Oriente (pero que afectará al campesinado), y cuyo proyecto está siendo ampliamente difundido por el vicepresidente Alvaro García Linera, especialmente en reuniones sostenidas con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y los sectores empresariales. (Ver y escuchar:https://www.youtube.com/watch?v=9oWtM6arFWk&feature=youtu.be
Entre las expresiones más perversas del extractivismo y la explotación salvaje de los recursos naturales (en este caso la tierra), puede identificarse al sector agropecuario industrial de monocultivos extensivos y la ganadería. La afirmación se sustenta, porque este tipo de actividad al mismo tiempo de hacer desaparecer grandes extensiones de bosques y biodiversidad, e introducir monocultivos extensivos generalmente transgénicos que atentan contra el medio ambiente y la vida; también promueven la concentración de tierras en pocas manos de latifundistas y esquilman el suelo hasta su desertificación, como resultado de los paquetes agroquímicos utilizados y la desesperación por incrementar los rendimientos y la productividad.
En vista de la crisis alimentaria mundial, los desastres naturales y la falta de seguridad alimentaria que sufrimos diversos países, resulta cuando menos una curiosa ironía (y una inconcebible alternativa) que, atendiendo los intereses del capitalismo financiero internacional, se continúe impulsando este modelo agroindustrial, que además tiene la perversa virtud de forzar la desaparición del campesinado, como resultado del acaparamiento de tierras y la imposibilidad de competir contra el gran capital y los terratenientes. Mucho peor, sabiendo que el propósito no es otro que seguir especulando con los commodities, para incrementar lo más posible las ganancias de unas pocas empresas transnacionales y propietarios agroindustriales, mientras una gran parte de la población del mundo (y del propio país) se muere de hambre, desnutrición y pobreza. Es decir, se prefiere producir para el mercado internacional y las grandes empresas y no productos para alimentarse.
Como si aquello no fuese suficiente y dada la creciente necesidad de expansión del capital que se requiere para incrementar las ganancias, éste ha encontrado el mecanismo del acaparamiento y compra de tierras a nivel global, que en el caso de Bolivia se expresa por medio de la extranjerización de tierras. Este fenómeno ha permitido el establecimiento de grandes extensiones en manos de extranjeros, lo cual también ha afectado a las comunidades campesinas e indígenas asentadas en estos lugares, forzándolos a la migración o a convertirse en peones, generalmente en condición de servidumbre y semiesclavitud de los grandes latifundios.
No es lo mismo buscar la autosuficiencia en la producción de alimentos para garantizar seguridad y soberanía alimentarias (sobre la base de la producción comunitaria, asociativa y ecológica), que establecer un modelo agropecuario de exportación para el mercado internacional. En el segundo caso, de un modelo de agricultura industrial que no está orientado a abastecer la canasta familiar ni cubrir la necesidad de alimentos del pueblo; los campesinos están demás, salvo para convertirse en campesinos sin tierra o migrantes masivos a los centros urbanos, donde finalmente terminan estableciendo barrios marginales extremadamente pobres, que disputan salarios bajos y/o empleos precarios, temporales e inseguros, tal como se establece del incesante crecimiento caótico de las ciudades que se ha agudizado en los últimos años. Es decir, se trata de un modelo que por favorecer grandes emprendimientos agroindustriales, anula todas las posibilidades de competencia y subsistencia del campesinado frente al capital agropecuario, y tiende a hacerlo desaparecer y provocar su exterminio, en una especie de genocidio.
Ahora bien, cuando el vicepresidente del Estado Plurinacional (al margen de haber propiciado la aprobación de normas que ya legalizaron quemas y desmontes ilegales de millones de hectáreas de bosques, la concesión de millonarios créditos, la flexibilización y ofrecimiento de nuevas facilidades y normativas y el compromiso de seguir otorgando mayores incentivos, garantías y seguridad para la inversión de capitales), plantea y desafía “ampliar la superficie cultivada y expandir la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año”, porque “producir alimentos para el mercado internacional es producir oro”, y que por tanto de lo que se trata es de“exportar 6.000 millones de dólares” para expandir el ritmo de crecimiento de la economía; es imposible imaginarse que esté pensando en cubrir las necesidades de alimentación del pueblo, o atender los problemas de hambre, desnutrición y pobreza de los sectores populares, o siquiera promover la agricultura comunitaria campesina, asociativa y ecológica. Pero lo más grave, es que en realidad está insinuando la desaparición y exterminio del campesinado, bajo el argumento eufemístico de potenciar el país y desarrollar el sector agropecuario. O queda alguna duda?, porque teniendo como horizonte la incorporación y ampliación de un millón de hectáreas anuales a la producción agrícola, no parece tener sentido que se esté pensando en cultivar lechugas, locotos o rábanos… O cómo se explica entonces que se criminalice, persiga y penalice los avasallamientos campesinos por falta de tierra para producir alimentos que demanda la población y al mismo tiempo se otorguen todos los medios y condiciones para ampliar la frontera agrícola y entregar más tierras a los empresarios latifundistas agroindustriales?.
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