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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Un reto posible



Por: Walker San Miguel

Bolivia necesita un cambio profundo en el Órgano Judicial, no sólo leves modificaciones a normas procesales. La forma en que se administra justicia en nuestro país soporta todos los calificativos más negativos: es lenta, venal, discriminatoria e ineficaz.

Desde que nació la República (1825), ésta heredó los vicios de las prácticas coloniales y durante el siglo XIX Bolivia no pudo erigir una institucionalidad jurídica. Se continuó aplicando la legislación española hasta que el gobierno de Andrés de Santa Cruz dictó los códigos Civil, Mercantil, Penal y de Procedimientos (1831-1834), trasladando normas del Código Napoleónico. Con esa excepción fueron el caudillismo, los golpes de Estado, las pérdidas territoriales y el irrespeto a la Constitución Política lo que caracterizó ese siglo. Los liberales del siglo XX intentaron colocar los cimientos institucionales del país. Empero, 20 años después de la Revolución Federal se retornó a la vorágine golpista, a la guerra (esta vez con el Paraguay) y a la difícil etapa de la reconstrucción post-guerra. La justicia, entendiéndola como el conjunto de órganos estatales que resuelven las controversias entre particulares, y entre éstos y el Estado, fue relegada de la agenda política. Por ende, los vicios coloniales de la retardación de justicia, la corrupción de sus operadores, la discriminación al litigante sin recursos económicos y la exclusión de las mayorías indígenas del acceso a la justicia fueron los elementos que continuaron caracterizando la primera mitad del pasado siglo.

La Revolución del 52 modificó drásticamente las relaciones de producción en el agro y en la minería. Pero, a pesar de ampliarse los derechos políticos y sociales, las instituciones de la justicia y la legislación procesal no se modificaron. Los gobiernos del MNR convivieron con los códigos Santa Cruz y con la estructura jurídica de la Bolivia previa al movimiento revolucionario. Paz Estenssoro, Siles Zuazo y Guevara Arce eran abogados de profesión pero muy poco hicieron por establecer una justicia a la que todos, sin discriminación, tengan acceso.

Luego vinieron los gobiernos militares (1964-1982), siendo el de Hugo Banzer el que intentó dotar al país de una remozada legislación. Para ese fin convocó a destacados juristas de la época y ante la ausencia de un órgano legislativo, Banzer dictador promulgó mediante decretos-leyes un conjunto de códigos, algunos de ellos todavía vigentes. Sin embargo, los vicios de la justicia no desaparecieron y al contrario se acentuaron en el régimen autoritario, a pesar de los códigos Banzer.

Con el advenimiento de la democracia una frase marcó esa nueva etapa: el Estado de Derecho. Construir un Estado apegado a la Constitución y las leyes no ha sido tarea fácil en un país en el que las élites dominantes impedían el acceso a la justicia de las grandes mayorías.

Entre 1982 y 1985 el país atravesó la peor de las crisis económicas de la que se tenga memoria. Y del 85 al 97, los sucesivos gobiernos (MNR-MIR-ADN) hicieron suyo el paradigma neoliberal dando énfasis a "reformas estructurales” con la bendición del Banco Mundial y del FMI. El neoliberalismo no alcanzó, sin embargo, a reformar la justicia, aunque lo intentó. El año 1993 se promulgó una Ley de Organización Judicial y el 1994 se reformó la Constitución para incorporar al Tribunal Constitucional y al Consejo de la Judicatura. El intento más acabado de los reformistas neoliberales fue aprobar una nueva legislación procesal penal copiando los institutos del derecho anglosajón (la oralidad y la presencia de jurados ciudadanos). El resultado fue un mecanismo híbrido que llevó nuevamente este intento de reforma al fracaso.

Desde el 22 de enero del 2006 Bolivia inaugura una etapa de cambios sociales y políticos acelerados. La principal tónica es la ampliación de derechos de las grandes mayorías (reflejada en la Constitución de 2009). La presencia indígena en las esferas del poder político y la convocatoria a una Asamblea Constituyente colocan un sello muy particular a este tiempo. Es en este nuevo escenario que el presidente del Estado, Evo Morales, anunció hace pocos días que se avecina un referéndum para cambiar las bases de la justicia boliviana. Anteriormente el propio Jefe de Estado había señalado en un tono autocrítico que la elección de magistrados por voto popular no había producido cambios reales en la tarea de administrar justicia.

Cabe preguntarse ¿es posible cambiar la justicia en Bolivia? Ciertamente es un reto muy difícil pero no imposible. ¿Cuáles serían las bases de ese cambio? En mi criterio cuatro son los pilares básicos: Planificación, Formación, Financiación y Control. La forma de designación de jueces y magistrados será consecuencia de los cuatro anteriores.

Planificar implica generar una agenda de cambio en la justicia, que al menos tendrá que evaluar sus resultados quinquenalmente. Se debe partir de un diagnóstico del estado actual convocando a los actores que no son sólo magistrados y jueces, sino ciudadanos, aquellos que sufren las consecuencias de una justicia ineficiente y retardataria. El órgano llamado a dirigir la planificación es el Ministerio de Justicia, auxiliado por especialistas en las diferentes ramas del derecho (penal, civil, comercial, administrativa, etc). La formación es una base fundamental de todo cambio. Mientras las universidades públicas y privadas continúen graduando miles y miles de abogadas y abogados sin suficientes aptitudes para el ejercicio de esta profesión, poco podremos lograr. Y para ingresar a la carrera judicial se deberá exigir una formación complementaria, no es lo mismo ser abogado a secas que juez.

Sin recursos financieros ninguna reforma tendría éxito y menos un cambio profundo tendente a dar acceso a la justicia a millones de ciudadanos. Y tampoco será exitoso el cambio sin mecanismos de control a la tarea jurisdiccional. Y no me refiero al mero control disciplinario de jueces (lo que hoy hace el Consejo de la Magistratura) que poco o nada aporta a mejorar los niveles de eficiencia, sino a un control y monitoreo de las líneas jurisprudenciales, de los fallos de fondo que emiten los más altos tribunales de justicia. Por tanto, hay que crear un órgano que tenga a su cargo dicha tarea de control y uniformización de la jurisprudencia.

Por último, los actuales operadores de justicia (incluidos los elegidos por sufragio) no han aportado significativamente en colocar al menos uno de esos pilares y más al contrario han demostrado no estar a la altura de los tiempos de cambio. Por ello, en un corto plazo debe revocarse su mandato y a la par debe renovarse por completo a todos los jueces y vocales del país. Dar paso a esa renovación es imperioso, pues aquellos pertenecen a la Bolivia republicana que debemos superar en el Estado Plurinacional si queremos construir el paradigma de una Justicia Nueva, inclusiva, eficiente y digna de llamarse tal.

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