Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Luis E. Loredo Medina y Humberto S.
Zambrana C
Cada fin
de año suelen evaluarse los fenómenos sociales con un ritualismo formal y a
gusto de la tecnocracia, en apariencia imparcial. En esta evaluación militante
y sin ningún ritual, empezamos destacando la aprobación en mayo de éste año de
la Ley de Minería y Metalurgia Nº 535. Su promulgación no fue fácil al ser
instrumentada por una burocracia que no quiso entender siquiera el carácter
plural [1] de la economía y menos aún el proceso epocal de cambio y transición
revolucionaria que vive Bolivia.
Detrás de
ella nuevamente se filtró y manifestó el interés transnacional, sea en su forma
empresarial o cooperativa para que a través del control de la producción, del
rescate y mercadeo al exterior de los minerales y concentrados, se exporte la
mayor cuantía posible de excedentes remozando la vieja relación
extractivo-exportadora y dependiente, con la burguesía criolla siempre en un
rol cipayo de socia minoritaria del capital extranjero y la subsunción de las
cooperativas.
Sin
embargo esa burocracia quintacolumnista fue barrida en el tramo final y se
promulgó la ley que pese a sus limitaciones en cuanto a favorecer intereses
privados y de grupos corporativos, al deterioro y relajamiento de la
“responsabilidad y competencia del Estado en el control y manejo de los
recursos naturales estratégicos” y del respeto a los “derechos de la Madre
Tierra”, [2] posibilita el fortalecimiento de la economía estatal con la
transformación y promoción de la COMIBOL como una empresa estratégica nacional
y un motor generador de excedentes para el desarrollo social y económico del
país.
Con ése
marco jurídico-institucional, la COMIBOL debe encaminarse a industrializar las
materias primas y a desarrollar encadenamientos productivos que transformen a
los minerales en bruto, metálicos y no metálicos, agregándoles valor
previamente a su exportación. La atención y el cumplimiento adecuado de este
objetivo requieren a la vez una planificación, así como el despliegue orgánico
e intensivo de las “actividades de prospección, exploración, explotación,
concentración” [3] así como las de industrialización fundición y
comercialización soberana de la producción.
Ello es
consecuente con la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional donde
se establece que “la industrialización de los recursos naturales será prioridad
en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio
ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos y sus territorios”, además de la priorización en cuanto a articular
la extracción de los “recursos naturales con el aparato productivo interno” [4]
La
industrialización y fundición de materias primas mineralógicas agregándoles
valor al interior de la economía nacional y por empresas parte de la COMIBOL,
genera en sí altos efectos multiplicadores en el ingreso y la transformación de
la matriz productiva sectorial. Ello y la mediación del Estado, a su vez
garantiza la generación de efectos redistributivos del ingreso, otorga mayor
poder de compra la población y expande la demanda efectiva.
Aquí
radica precisamente el potencial económico resultante de la nacionalización de
los recursos naturales, generador de excedentes productivos controlados
directamente por el Estado, para usarse internamente no sólo con fines
economicistas como la reposición y depreciación del equipo y maquinaria, la
re-inversión y ampliación del capital de trabajo, la nueva inversión, entre
otros, sino para atender las necesidades de vida de la población y el
desarrollo social integral particularmente de las clases populares que en el
pasado fueron mayoritariamente marginadas.
La
reactivación después de 30 años de la fundidora de Karachipampa es un otro
hecho destacable este año; su horno fue encendido en enero de 2013 y se
habilita para producir lingotes de plomo y plata con calidad del 99.9%. Su
producción insumiría un tercio de la producción diaria de concentrados de estos
minerales de la privada San Cristóbal, cuya materia prima tendría que ser
vendida a la fundición estatal a un precio que cubra los costos de producción,
más un margen de utilidad razonable y pagos de tributos y regalías, sin
alinearse al precio internacional de los mismos.
Esa
fundidora y la de Vinto - Oruro [5] que en 1999 se transfirió a una empresa
transnacional a un precio de $us 14.7 millones siendo que el Estado había
invertido $us 140 millones desde su implementación en 1970, son emblemáticas en
la economía política boliviana del siglo XX y representan un desafío como parte
de la nueva COMIBOL, en cuanto a superar el modelo primario exportador y la
dependencia del mercado internacional.
Es
relevante articular la producción de los concentrados mineros como materia
prima con su fundición en el país. [6] Este fue uno de los objetivos
incumplidos en el capitalismo de Estado, resultado de la llamada “revolución
nacional” de 1952, que casi fue totalmente neutralizado por el neoliberalismo
(1986-2005). Sin embargo, la industrialización de los minerales, metálicos y no
metálicos, sólo está aun larvariamente ligada con la producción de maquinaria,
equipos, material de construcción como el fierro y de bienes de consumo final
en general, sustitutiva de las importaciones.
Asimismo
se debe avanzar más en el control de los excedentes productivos como en la
comercialización directa y a gran escala de la producción de la COMIBOL y del
sector minero metalúrgico en general, librándola de las redes de rescatadores e
intermediarios particularmente en la exportación. La CPE establece también que
“en la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos,
el Estado considerará, para la definición del precio de su comercialización,
los impuestos, regalías y participaciones correspondientes que deben pagarse a
la hacienda pública”. [7]
Por
último, cabe referirse al descenso del precio de nuestros principales
minerales, a la fecha con el nivel más bajo desde mayo de 2013, pero en una
coyuntura con precios favorables en el mercado internacional durante los
primeros seis meses de éste año, principalmente apoyada en la demanda de EE.UU,
China y Europa. Empero en el segundo semestre de este año, el precio de
nuestros minerales mostró un descenso que en algunos casos llega a más de 5% en
comparación con su nivel promedio alcanzado en 2013.
Tal
descenso responde a varios factores, destacándose la contracción de la demanda
en China que absorbe alrededor del 45 % de la oferta mundial y que ha sido
cubierta por otros países como Filipinas y Myanmar entre otros como productores
de estaño. Otro factor es la crisis en Europa donde el crecimiento se ha estancado
en los últimos cuatro años.
Un otro
factor que induce a la baja del precio de los minerales principalmente del oro,
es el fortalecimiento del dólar en condiciones en que la mayoría de las
materias primas se comercializan a nivel mundial con esta divisa, originando
una depreciación de las otras monedas fuertes respecto del dólar. Asimismo
también influye el efecto demostración de la caída del precio del petróleo.
Se espera
que al finalizar el 2014 baje aún más el precio del hierro que no es parte de nuestros
minerales de exportación, seguido de una baja del precio del cobre. No obstante
en 2015 no se espera cambios significativos en el precio del estaño y el plomo
mientras que el precio del zinc y del níquel podría incrementarse en 13 y 16%,
respectivamente, con relación a su precio promedio de éste año que finaliza, si
se diesen una recuperación de la economía estadounidense y mejores condiciones
macroeconómicas en los países desarrollados en general.
Notas
1 Alfredo Rada V. a tiempo
de anotar que en “la construcción del programa de gobierno” para el periodo
2015-20 se partió de “grandes avances conseguidos en los ocho años anteriores”,
plantea consolidar y fortalecer “el nuevo modelo económico social y comunitario que no es el de economía plural por ser
ésta una noción conservadora”, como “una de las tareas más importantes y
decisivas” del proceso de cambio. “La Razón, Suplemento Animal Político”,
16/2/2014: “El liderazgo social, el bloque revolucionario y la construcción programática”.
2 Arturo D. Villanueva I.:
“Ley minera: para evitar la corporativización legislativa” y “Vladimir Díaz C.:
“Hay que parar esta nueva ley minera desnacionalizadora”, en “Escuela de
Formación Política-Construyendo el Cambio Revolucionario hacia el Socialismo
Comunitario”: http://escuelanacionaldeformacion.blogspot. com/
3 Textos del artículo 61,
numeral I, de la Ley Nº 535.
4 Artículo 319º, numeral I,
de la CPE.
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