Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Ariel Flores Mamani
Que
la segunda vez que el presidente del Estado Evo Morales se refirió duramente a
la justicia boliviana. En una primera oportunidad señaló que los ponchos y
polleras se habían aplazado. En estos días, no ha reparado en anunciar un
referendo como único camino para mejorar la justicia ya que sigue sumida en
corrupción y retardación. Un referendo precedido por una cumbre.
Asimismo,
sentenció que “si se tiene que hacer una reforma de la Constitución, hay que
hacerla”, a pesar de que el segundo mandatario del Estado afirmara, antes de
las elecciones generales 2014, que no estaba en los planes del Gobierno
modificar la Constitución (Animal Político 28/09/2014).
Justificado
o no, el anuncio de reformar la Constitución ha provocado una seguidilla de
reacciones de respaldo por parte de diferentes autoridades del Ejecutivo, de
denuncia y alarma en lo que queda de la oposición política y, al menos de
sospecha e incertidumbre entre la ciudadanía en general.
¿Será
necesario abrir/reformar la Constitución boliviana de 2009 para mejorar la
justicia en Bolivia? ¿Es la elección directa y popular de magistradas y
magistrados la causa principal del estado de crisis en el que se encuentra la
justicia?
La
situación en la que se encuentra el Órgano Judicial es ciertamente de “crisis”,
pero contrariamente a lo que podría imaginarse, de un modo optimista, no se
trata de una crisis de cambio, de transformación o transición, sino una crisis
que evidencia ser de decadencia.
Las
causas (estructurales o superficiales, funcionales o presupuestarias, éticas o
normativas, epidémicas o sintomáticas) de éste padecimiento ya han sido
ampliamente descritas hasta el empacho. A tal exceso se las repite (corrupción,
retardación, burocracia, discrecionalidad, prevaricato, anomia, formación pleitista,
etcétera) que las rehuimos en cuanto las escuchamos; bajo el propio peligro, de
creer por (de) efecto, que éstas no existen. Sin embargo, el problema es real,
está presente y afecta principalmente a los más vulnerables dentro del sistema
judicial boliviano: el pueblo.
Sin
embargo, no todo lo que se señala es viejo debate. Las elecciones judiciales,
la forma de designación de autoridades judiciales mediante sufragio universal,
son un elemento nuevo en el debate de este tiempo. Sobre este proceso “inédito”
(no en el mundo sino en Bolivia) se han concentrado, a manera de eje sobre el
cual giran las principales críticas, las causas que habrían generado, incluso
profundizado, el estado de crisis que hoy aqueja al Órgano Judicial.
ELECCIÓN.
Lo interesante del asunto es que los argumentos vertidos hacen referencia a
males ya conocidos por todos, en esta coyuntura como en otros tiempos. Lo
lamentable reside en que no se haya evidenciado reflexiones objetivas y
coherentes que contribuyan al largo y recurrente debate sobre la “cuestión
judicial” y, por el contrario, se haya optado por identificar y condenar, como
único responsable de esta situación de “crisis”, al proceso de designación
popular de magistradas y magistrados, establecidos por mandato de la Constitución
boliviana.
Es
cierto que la designación de jueces por sufragio popular, como nos advertía el
profesor Alipio Valencia “…compromete grandemente su imparcialidad y su
independencia y por eso no es aconsejable ese sistema”. Sin embargo, estos
posibles peligros no significan que el camino boliviano sea equivocado.
La
elección popular no era por sí misma una fórmula mágica que vaya a generar
transformaciones inmediatamente. En todo caso, si alguien creyó que esto
resolvería por sí mismo la profunda crisis que arrastra el Órgano Judicial
desde su nacimiento, simplemente estaba equivocado.
Suponer
que el cambio en la “forma” de elegir a las máximas autoridades podría resolver
los problemas de “fondo” en este importante órgano de administración de
justicia es un error de cálculo político, mas no constitucional.
Tampoco
es correcto juzgar a los actuales magistrados como directos responsables de la
actual crisis del Órgano Judicial; a los ciudadanos que participaron en las
elecciones judiciales; a la comisión de asambleístas que preseleccionaron a los
candidatos o al Gobierno que impulsó la materialización de las primeras
elecciones de autoridades judiciales en Bolivia, porque en ese orden de cosas,
los responsables terminamos siendo “todos”, y en ese infructífero juego, al
final “todos son responsables y nadie es responsable”.
“La
elección directa y popular de magistradas y magistrados responde a la potestad
de impartir justicia que solo puede emanar del pueblo boliviano” (CPE. Art.
178.I). Por tanto, está íntimamente ligada a la soberanía popular de la que
nacen los poderes del Estado.
Modificar
los artículos constitucionales que permiten la elección directa y popular de
las magistradas y magistrados de los más altos tribunales de justicia del país
(182.I), (188.I), (194.I) y (198), es modificar varios artículos con los cuales
guarda relación y concordancia. Peor aún, significaría cuestionar las bases
dogmáticas y axiológicas del Estado Plurinacional.
El
“talón de Aquiles” o “principal falla” de la gestión del Gobierno parece ser,
entre lo fundamental, el Órgano Judicial. Sin embargo, la respuesta no parece
encontrarse en la reforma constitucional.
Esta
crisis no es reciente y tampoco los argumentos. Pero sí los tiempos, los
actores y los procesos de cambio y transformaciones. Por tanto, es
indispensable, casi vital, asumir el desafío de los nuevos tiempos y proyectar
nuevas salidas, nuevas respuestas ante viejos problemas, ante recurrentes
males.
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