Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
El contralor
general del Estado boliviano, Gabriel Herbas, reveló hoy que tras concluir una
primera fase de la auditoría al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas,
Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales, conocido como el Fondo
Indígena, se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en
153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos
públicos como parte de pagos anticipados.
En 2013,
después de una investigación, se informó que proyectos ya aprobados en zonas
alejadas nunca se ejecutaron. Visitó poblaciones alejadas en los departamentos
de La Paz y Santa Cruz, en los que comprobó irregularidades y "obras
fantasma” por montos superiores a los ocho millones de dólares.
En conferencia
de prensa, Herbas explicó hoy que ese daño económico ya fue denunciado ante el
Ministerio Público dentro de un proceso penal que incluye a Elvira Parra,
Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, quienes fueron directores del Fondo
Indígena en el periodo 2010-2013.
"Fundamentalmente,
en este caso, es una denuncia de carácter penal que estamos estableciendo por
un daño económico al Estado. Ya que es el Ministerio Público el que tiene que
requerir a estas personas y ampliar si es posible, en algunos, casos la
investigación", informó el Contralor.
"Al margen
de ellos también se han establecido responsabilidades contra los representantes
legales, comisiones, administración y ejecución de los proyectos", añadió.
Por otro lado,
explicó que parte de la auditoría también reveló que existen otros 100
proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos del Fondo Indígena, en
tres pagos, pero que no cerraron formalmente por lo que no se tiene constancia
de su ejecución plena.
Además, dijo
que se detectaron 169 proyectos que no tiene el cierre correspondiente, pero
que recibieron el 100% de los recursos solicitados al Fondo Indígena, monto que
supera los 132 millones de bolivianos.
Con esos
resultados, el Contralor cuestionó la forma en que se fiscalizaba el Fondo
Indígena, porque su manejo -dijo- "deja mucho que desear".
Herbas advirtió
que aún existe un nuevo stock de proyectos por auditar e indagar si también
registran irregularidades.
La Contraloría
realizó la auditoría al Fondo Indígena tras una solicitud directa del
presidente Evo Morales, quien en diciembre de 2013 ya advirtió sobre un posible
"mal manejo" dentro de esa entidad.
"Hemos
detectado que hay un mal manejo y por eso hemos pedido al directorio que cambie
al ejecutivo del Fondo Indígena y algún personal más", dijo el Mandatario,
en ese entonces.
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