Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Daniel M. Larrea
La reciente aprobación del D.S. 2366 ha expuesto el interés del Estado por explotar los recursos hidrocarburíferos existentes en las áreas protegidas del país. No es una novedad, tal intención fue mencionada por el Vicepresidente hace ya algunos años. La pregunta es ¿necesitamos ingresar a estos espacios vulnerando su propósito y razón de ser? ¿Es realmente necesario? La promulgación del decreto revela la decisión política que se ha tomado en el tema. Curiosamente la reacción social ante este hecho ha sido mínima, quizás debido a que las actividades hidrocarburíferas son percibidas como oportunidades de crecimiento económico, para muchos, el principal objetivo de lo que llamamos “desarrollo”.
Sin duda el decreto tendrá impactos directos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El decreto permite actividades de exploración y explotación en las áreas protegidas independientemente de su categoría o zonificación. Los parques nacionales (la categoría más estricta de protección) o las zonas de protección estricta de otras categorías de áreas protegidas (ANMI, etc.) han quedado expuestas y en cierta forma “indefensas”. Los recaudos que incluye el decreto (Art. 3, Medidas Ambientales) podrían no ser suficientes. Por ejemplo se habla de reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas frágiles y sensibles y de promover la gestión integral de los sistemas de vida; ambos conceptos todavía bajo análisis, discusión y consenso. La Ley 300 define en su Art. 4 a los sistemas de vida que en la práctica no son fáciles de identificar. Por otro lado no existe una cartografía o una propuesta oficial sobre los ecosistemas frágiles y sensibles de Bolivia.
El 1% de la inversión de las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sería destinado al fortalecimiento del área protegida intervenida. YPFB podría también destinar un 1% de su inversión prevista para el fortalecimiento del Sernap o la gestión integral ambiental del área. Aunque no queda claro si en ambos casos se habla del mismo porcentaje, lo más probable es que estos recursos no representen medidas de compensación que garanticen la conservación efectiva de los ecosistemas que serán afectados, es decir, estos porcentajes como asignaciones por compensaciones por pérdida de biodiversidad no están sustentados.
Los santuarios y monumentos naturales han sido excluidos del alcance del decreto. Su fragilidad ha sido explicada a partir de las reducidas superficies que poseen, aunque probablemente la baja probabilidad de presencia de gas y petróleo en su interior explique mejor su exclusión de la norma. El decreto se suma a otras políticas adoptadas y promovidas por el Estado (ampliación de la frontera agropecuaria, construcción de grandes carreteras, etc.), que nos hacen pensar si nuestro sistema ecológico (la Madre Tierra) podrá soportar este modelo de desarrollo.
y Twitter: @escuelanfp
material interesante está publicando la Escuela de Formación Politica, entidad vinculada al "proceso de cambio" pero de manera crítica y propositiva.
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