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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Los fabriles se oponen a los sueldazos en la Gestora Estatal de Pensiones


El pasado 18 de mayo, los trabajadores fabriles celebramos un aniversario más de nuestra Confederación Nacional. En esta oportunidad, entre otros temas analizamos la situación de nuestro sector y ratificamos la posición expresada ya en febrero pasado, tanto por la Central Obrera Boliviana (COB), como por la Confederación General de Fabriles, de apoyo a la estatización de los fondos de pensiones, pero de rechazo rotundo al Anexo B del Decreto Supremo 2248, que establece los niveles salariales para la planta ejecutiva de la Gestora Pública de Pensiones.
Como actores esenciales de las movilizaciones contra el neoliberalismo, apoyamos que el Estado se haga cargo de la administración de los Fondos de Pensiones, porque sabemos que esos recursos estarán mejor administrados por los propios bolivianos que por holdings extranjeros que sólo buscan el lucro y no así el bienestar de la población.  Pero como pueblo trabajador pedimos que se derogue el mencionado anexo del Decreto Supremo 2248, que establece la siguiente escala salarial para la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo:

Nivel

Descripción del cargo

Salario mensual en Bs.

Equivalente en $us.

1

Presidente del Directorio (Uno)

70.000

10.000

2

Gerencia General (Uno)

70.000

10.000

3

Gerencia Nacional (Seis)

50.000

  7.142

4

Auditor Interno Principal (Uno)

50.000

  7.142

5

Gerencias Regionales (Diez)

35.000

  5.000

6

Subgerencia Nacional (Trece)

30.000

  4.285

Un trabajador fabril gana un sueldo promedio de 1.640 bolivianos para atender las necesidades de toda su familia y lo hace a costa de su propio organismo físico, en extenuantes jornadas de trabajo y privándose a sí mismo y a sus hijos de cuestiones básicas como vestimenta y salud, pues su salario alcanza apenas para su sobrevivencia. Ni qué decir de los trabajadores por cuenta propia, que viven prácticamente al día con un mísero presupuesto.
En este contexto, ¿cómo es posible que nos planteemos siquiera que un funcionario gane 43 veces más que un trabajador? ¿Qué argumento puede justificar semejante inequidad?
Hemos saludado la determinación del presidente Evo Morales de establecer una Política de Austeridad que asumió el año 2006 como ejemplo para toda la región, a través de los Decretos Supremos 28609, mediante el cual redujo los ingresos al cargo de Presidente, de 34.000 bolivianos a 15.000; y el Decreto Supremo 28618 con el cual eliminó los gastos de representación de Ministros, Viceministros, Superintendentes, Contralor General, Presidente del Banco Central de Bolivia y otros cargos jerárquicos. También celebramos la eliminación de la partida de Gastos Reservados y la subvención estatal a partidos políticos.
A pesar de llevar en sus espaldas la gran responsabilidad de velar por el bienestar de 10 millones de personas, el presidente Evo Morales percibe un salario mensual que no supera los 3 mil dólares americanos. Un salario mucho menor que el del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que con algo más de 20 mil dólares, es el presidente que más gana en el continente ¿Cómo podemos aceptar, entonces, que los ejecutivos de la Gestora de Pensiones ganen prácticamente lo mismo que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; que la mandataria argentina, Cristina Fernández; o  que el Presidente de Colombia, José Manuel Santos? Todos los mandatarios nombrados tienen un salario promedio de 10 mil dólares según publicaciones especializadas que usted puede verificar.
El principal argumento para esta inequidad en la Gestora de Pensiones es evitar la corrupción en esta institución. ¿No era ése el mismo argumento con el que los neoliberales justificaban su existencia haciéndose pagar sus campañas electorales con dinero del pueblo?, ¿Los neoliberales no justificaban acaso sus dispendiosos gastos, sus vergonzosos viajes a Estados Unidos, para recibir instrucciones de cómo manejar al país para beneficio de las transnacionales, con una supuesta cualificación profesional? ¿No recordamos acaso cómo se embolsillaron miles de dólares de dinero del pueblo bajo el argumento de gastos reservados?
Nos dicen que los recursos para pagar estos jugosos salarios no saldrán de nuestros aportes sino del Tesoro General de la Nación. ¡Peor aún! Eso significa que todos y cada uno de los bolivianos financiará un núcleo de burócratas que ni siquiera contribuirán a generar excedente productivo para el país, como es el caso de las empresas estratégicas del Estado, sino simplemente para administrar recursos originados en el esfuerzo laborioso de los trabajadores.
Los funcionarios públicos deben trabajar para servir al pueblo, ésa es la moral revolucionaria que contrastamos frente a quienes hacen uso abusivo de los recursos estatales.
Nuestro principal interés es erradicar de raíz cualquier germen de élites burocráticas que, lo sabemos por experiencia, luego se reproducen para mantener sus privilegios y se organizan para arrebatarle el poder al pueblo.
La escala salarial planteada para la Gestora Pública es un insulto a los trabajadores; por eso, el Anexo B del Decreto Supremo 2248 debe ser derogado.
Estos argumentos tienen mucha más fuerza que una supuesta salvaguarda para evitar la corrupción. La honestidad es un valor que no está determinado por el monto de salario que una persona percibe, sino por su calidad moral y por su vocación de servicio.
¡¡¡Viva la lucha de los trabajadores!!!
¡¡¡Viva el pueblo boliviano!!!

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ
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