Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Arturo D. Villanueva I.
Aunque teóricamente se espera lo contrario, las relaciones entre el pueblo y el Estado tienden naturalmente a la confrontación y la disputa, principalmente por el tipo de uso y la administración que se hace de aquel poder delegado en las urnas. Esta tensión permanente que se produce en la interacción y las relaciones entre ambos actores (cuando van más allá de la dinámica normal de la cotidianidad), es lo que explica y permite mejorar y profundizar o, por el contrario, degenerar y envilecer la democracia, entendida ésta como el gobierno del pueblo.
Cuando se impone el efecto negativo de la dinámica, entonces se deriva hacia formas de gobierno generalmente autoritarios y déspotas que buscan imponer sus designios al margen de la voluntad o el mandato popular. Entre los termómetros más efectivos y claros para medir esta dinámica, encontramos a los conflictos sociales, las movilizaciones y las protestas. En la duración, magnitud y extensión que abarcan estos momentos de crisis, no solo se establece la gravedad de la situación y los acontecimientos, sino también sus alcances de cara a la gobernabilidad y la estabilidad de un régimen.
Teniendo en mente estas ideas y los conflictos y tensiones sociales que en el caso de nuestro país, Bolivia, son bastante más recurrentes (tanto porque se han acumulado innumerables deudas y tareas históricas, como porque somos un pueblo rebelde permanentemente convocado por una vocación transformadora), me viene a la mente la frase que titula este artículo, atribuida a un expresidente, que denota exactamente todo lo contrario. Es decir, que este pueblo sería más bien proclive al abuso y la arbitrariedad, hasta el punto de poderse sembrar nabos sobre sus espaldas.
Tan controvertida afirmación que definitivamente no parece tener la menor consideración sobre el temperamento y carácter del pueblo, se explicaría en la dejadez, el quemimportismo, la abulia, la pasividad o el abandono que suele apoderarse, sin explicación razonable o, por otra parte, como resultado de haber caido preso del miedo, la confianza extrema o de la malicia/astucia de quienes gobiernan.
Y viene a colación todo lo anterior, cuando revisando solo y muy someramente lo sucedido en este primer semestre de la tercera gestión gubernamental del presidente Evo Morales, se advierte una sistemática y amplia aprobación de medidas orientadas a operativizar y llevar a la práctica la decisión de exacerbar el extractivismo y la explotación salvaje de los recursos naturales y la Madre Tierra. Me refiero a los Decretos Supremos 2195 de noviembre de 2014, 2298 de marzo, 2366 y 2368 de mayo y 2400 de junio del presente año, relacionados todos ellos a la exploración y explotación hidrocarburífera. A ellos que se adjunta el paquetazo de nueve leyes y decretos anunciados por el Presidente en vísperas del aniversario de la gesta libertaria de la ciudad de La Paz, y que corresponden a los acuerdos de la Cumbre Agropecuaria del agronegocio.
La gravedad del asunto no está relacionada únicamente con la cantidad de medidas adoptadas, que equivalen a un paquetazo extractivista, sino que llegan hasta el punto de NO perdonar siquiera la condición de las Áreas Protegidas del país (donde se pretendía conservar algunos espacios de naturaleza, biodiversidad y bosques), tampoco respeta los derechos de los pueblos indígenas a los que se les niega y conculca sus derechos constitucionales a la autodeterminación y la consulta de buena fe, libre, previa e informada, con el argumento de que los procesos de consulta son largos; sino que a la par de ello, también arremete (en consonancia con los intereses agroindustriales del agronegocio), con un conjunto de medidas orientadas a expandir la frontera agrícola, quemar y chaquear grandes extensiones de bosques y biodiversidad, e introducir cultivos extensivos para su comercialización y exportación como commodities, en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria y nacional del país. Es decir, medidas que al final contraerán un país y un pueblo esquilmado, a pesar de los circunstanciales y siempre insuficientes ingresos que se obtendrán por la venta y enajenación de nuestros recursos.
Por eso no resulta impertinente preguntarse si no se están sembrando nabos en las espaldas del pueblo… y hasta cuándo será posible hacerlo.
y Twitter: @escuelanfp
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