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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Subsidio de lactancia universal


Por: Rodolfo Perales Arce
En Bolivia la asignación a las madres del Subsidio Prenatal y el Subsidio de Lactancia como una cantidad de productos alimenticios aplicado en base a los parámetros nutricionales establecidos por el Ministerio de Salud, está calculado en función al Salario Mínimo Nacional (SMN) de cada gestión, el cual se incrementó de una manera considerable: desde el  periodo 2005 al 2014, subió de 440 a 1.440 bolivianos, y para la presente gestión llegó a 1.656.
En las últimas semanas, el Presidente del Estado manifestó la intención del Gobierno de implementar un Subsidio de Lactancia Universal, situación que debe ser evaluada con mucho cuidado, porque su aplicación podría implicar un costo mayor para el Tesoro General del Estado (TGE).
Tomando en cuenta el número de beneficiarios inscritos en el Bono Madre Niño, Niña Juana Azurduy, donde se registran las mujeres gestantes y los niños y niñas menores de dos años que no cuentan con un seguro social de corto plazo, esto según lo dispuesto por el decreto 66 de 2009, y  considerando una asignación por 17 meses (cinco prenatal y 12 posnatal), el monto que debería comprometerse asciende aproximadamente a 8.000 millones de bolivianos, recursos que generarían un impacto muy fuerte en las finanzas del Estado.
Por otra parte, de acuerdo con  datos presentados por el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases), el número de beneficiarios de los subsidios, a nivel nacional, actualmente asciende  a 46.500, de los cuales 20.600 pertenecen al sector público, representando un costo, por una asignación completa, de 580 millones de bolivianos, monto que únicamente comprende el 4,5% del costo que implicaría ampliar este beneficio a las madres y niños que no cuentan con un seguro de salud.
Ahora bien, es primordial que el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) realice un análisis más preciso, con el objeto de establecer una cantidad fija de productos, que difícilmente representaría un costo mensual equivalente a un Salario Mínimo Nacional, puesto que en la actualidad las madres y niños beneficiarios no consumen toda la dotación, por lo que en muchos casos los productos son comercializados. Con un análisis más certero,  inicialmente se obtendría un ahorro para el Tesoro General del Estado y también para las empresas privadas.
En el supuesto de que luego de realizada la evaluación por parte del Ministerio de Salud se determine que el costo representa un monto de 1.000 bolivianos, solamente en el sector público se generaría un ahorro de aproximadamente 230 millones de bolivianos, que si bien no alcanzaría para financiar un subsidio de lactancia universal, podría ser reasignado al sector salud en la implementación de un subsidio diferenciado; o, por otro lado, en infraestructura y equipamiento especializado en el tema de maternidad, y mejoramiento de la calidad de vida de las mamás y los niños recién nacidos, velando y respetando, lógicamente, las competencias establecidas para cada nivel del Estado, en el marco de las normas en actual vigencia.
El autor es economista

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