Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: René Orellana Halkyer
El sábado 12 de diciembre se adoptó el Acuerdo de París
sobre Cambio Climático en el marco de la COP21 después de arduas negociaciones
que se extendieron a lo largo de 2015. El acuerdo, sin duda, no es por sí mismo
la solución estructural a las causas de la crisis climática, pero es un paso
decisivo para contar con herramientas jurídicas y operativas. Veamos las luces
y sombras en el documento acordado.
Se ha incluido el reconocimiento de la Madre Tierra, de la
Justicia climática, y se ha ratificado el principio de Responsabilidad Común
pero Diferenciada y el Derecho al Desarrollo. Con ello se ha establecido la
importancia de que los países desarrollados realicen acciones ambiciosas de
reducción de emisiones y que otros países en desarrollo con capacidades tecnológicas
y financieras contribuyan igualmente con metas ambiciosas de mitigación
climática, algunos de manera inmediata y otros progresivamente. El
reconocimiento de la diferenciación es sustancial porque establece claramente
que son los países desarrollados los causantes del 58% de las emisiones
históricas y los que deben dar el ejemplo y tomar el liderazgo haciendo
recortes sustanciales de emisiones y transfiriendo financiamiento, como lo
establece el acuerdo, con preeminencia de sus fuentes públicas. La otra opción
tenebrosa era convertir todo en negocios climáticos, de mercados de tecnología,
de bonos de carbono, de créditos, de seguros de riesgo por eventos extremos,
etc. Esto último no se consumó.
La COP21 ha ratificado implícitamente que los países en
desarrollo tienen que resolver una realidad social de 1.000 millones de pobres
y más de 800 millones de personas que padecen hambre; y que no se trata
simplemente de descarbonizar las economías sino de hacerlo en el marco de un
proceso de desarrollo integral que resuelva problemas sociales y económicos,
que garantice seguridad alimentaria, servicios básicos, condiciones
productivas, empleo, ingresos para las familias y los países. Debemos avanzar
ciertamente en construir economías bajas y en algún momento neutras en carbono,
pero sin pobreza, sin hambre y con condiciones materiales para vivir bien, ése
es el reto. El mensaje es que Justicia Climática debe ser también Justicia
Social y Económica, las tres deben conducirnos a salvar la Madre Tierra para salvar
la vida.
El acuerdo ha incorporado el reconocimiento de las técnicas,
tecnologías y prácticas indígenas como herramientas para la adaptación y
mitigación, y se ha creado una plataforma de intercambios de tecnologías
indígenas. Asimismo, se ha incluido y consolidado la propuesta de Bolivia sobre
mitigación y adaptación conjunta en la gestión integral de bosques planteada
desde 2011 como una alternativa a mecanismos articulados a mercados de carbono
y que ven los bosques como simples stocks de carbono, como es el caso de REDD.
Se han hecho grandes esfuerzos para crear el Tribunal de
Justicia Climática; la propuesta, sin embargo, no fue apoyada pero se ha creado
un Mecanismo de Cumplimiento de obligaciones dirigido por un panel de expertos
científicos que podrá emitir opiniones de carácter científico sobre el
incumplimiento de obligaciones. Ciertamente éste no tiene un carácter
punitivo, pero puede ser la base para que los afectados usen instituciones
internacionales de justicia, como de hecho plantea la declaración reciente de
la Conferencia Mundial de los Pueblos realizada en Tiquipaya.
El acuerdo de París fija un límite de 2 grados de incremento
de temperatura, haciendo un llamado a desarrollar los mayores esfuerzos para no
superar 1,5. Ciertamente esta redacción por sí misma no garantiza que los
límites de temperatura sean ésos; son las llamadas “Contribuciones
Nacionalmente Determinadas” (figura técnica que incluye metas de reducción de
emisiones y acciones de mitigación y adaptación que cada país presenta a
Naciones Unidas) las que deben garantizar que la temperatura no se incremente.
Y es evidente que la agregación de las contribuciones nos da mucho más de 2
grados, e incluso más de 3. El acuerdo de París nos proporciona, no obstante,
herramientas para exigir, en particular a los países desarrollados, que
incrementen su ambición de mitigación. Tenemos una agenda para trabajar en esa
dirección.
Bolivia ha tenido el honor de haber sido invitada, junto con
otros 13 países, a facilitar dos temas: Adaptación y Daños y Pérdidas. En los
dos temas tenemos grandes avances: en adaptación, las metas globales de
adaptación en el marco de la reducción de vulnerabilidad; el incremento de
capacidades de adaptación; la provisión de financiamiento; la priorización de la
seguridad alimentaria; el fortalecimiento de las economías locales. Se ha
fortalecido el Mecanismo de Daños y Pérdidas, institución que tiene funciones
específicas para desarrollar capacidades de prevención y atención de eventos
extremos; debemos puntualizar que algunos países desarrollados se resistieron
duramente a la creación de esta institución y a su fortalecimiento en la COP21,
pero no lograron su cometido.
En lo inmediato, como país debemos avanzar en implementar
nuestra “Contribución Nacionalmente Determinada”, que ya es parte del Plan
Nacional de Desarrollo; que plantea acciones e inversiones de adaptación y
mitigación en agua, en bosques y en agricultura, además de energía. Un reto
ambicioso en energía es lograr generar más de 13.000 MW de potencia con más de
80% de energías renovables y el resto con el uso del gas, que constituye una
fuente energética de transición; otros retos son triplicar nuestra capacidad de
almacenamiento de agua, incrementar la superficie de bosques con manejo
integral a 16,9 millones de hectáreas y forestar 4,5 millones, en
complementariedad con el incremento de la producción y productividad
agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria. Se ha previsto una
movilización nacional de instituciones públicas y privadas para las acciones de
forestación y el apoyo de la cooperación. Queda pendiente una agenda
internacional que no ha concluido con la COP21, sino que se inicia con las
decisiones y herramientas que ésta última ha acordado.
El autor es
Ministro de Planificación de Bolivia
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