Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Margarita Bastías
Más de 100 organizaciones agrupadas en la plataforma
"Chile mejor sin TPP" denunciaron que la presidenta Michelle Bachelet
violará un convenio de derechos humanos cuando rubrique con su firma el Tratado
TransPacífico, el próximo 4 de febrero en Nueva Zelanda.
Se trata del convenio 169 sobre derechos de los pueblos
originarios que exigen una consulta previa antes de la firma de acuerdos y
tratados internacionales de libre comercio e inversión.
Paulina Acevedo, Coordinadora de Comunicaciones del
Observatorio Ciudadano y portavoz del movimiento, señaló a ANSA que "el
acuerdo Transpacífico, dada la gran cantidad de materias que regula, es
especialmente nocivo y en caso de implementación generará afectaciones graves
en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, tanto respecto de sus
territorios como de sus derechos culturales".
La activista fustigó el secretismo en que se mantuvieron
durante cinco años las negociaciones por parte de los 12 estados de la cuenca
del Asia Pacífico: Estados Unidos, Canadá México, Perú, Japón, Singapur,
Brunei, Malasia, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda y Chile. Apuntó que en el
caso de Chile "resulta innecesario e inoficioso suscribir un tratado de
alto riesgo para la soberanía y los derechos humanos de las personas" en
circunstancias que "Chile ha firmado acuerdos bilaterales y multilaterales
con los restantes 11 países". La población del bloque suma más de 800
millones de personas, lo que corresponde al 11% de la totalidad del Planeta.
Desde la perspectiva económica, compromete a un 40% del Producto Interno Bruto
mundial. Llamó la atención de que el acuerdo implicará modificar leyes y
normativa interna, toda vez que el tribunal abocado a la resolución de
conflictos está por sobre la legislación local. Además, "durante su paso
por el Congreso para su ratificación, la última etapa antes de que sea adoptado,
los parlamentarios no pueden modificar una coma del texto, limitándose a su
aprobación o rechazo", añadió. Asimismo, señaló que los mecanismos que
impone el TPP a las patentes y registros sanitarios de medicamentos, tanto
innovadores como similares, "fortalece los monopolios de las empresas
farmacéuticas transnacionales".
En particular, prosiguió Acevedo, los productos biológicos
(para enfermedades autoinmunes y cánceres) "serán sometidos a un mecanismo
que establece ocho años de exclusividad de mercado, y no cinco como afirma el
gobierno chileno". Para la activista, eso retrasará varios años la
disminución de precio mediante la entrada de genéricos a la competencia y
aumentará el costo que deberán mantener los sistemas de salud. Mencionó también
que el TPP exige a Chile ratificar el Convenio UPOV91, versión internacional de
la Ley Monsanto de privatización de la semilla. Acevedo, quien ha participado
en las reuniones con el gobierno para aclarar las 6.000 páginas del desconocido
texto, afirmó que la Dirección de Relaciones Económicas de la cancillería
"no ha podido demostrar los supuestos beneficios de este tratado, más aún
ha negociado su texto sin realizar o encargar informes específicos con este
propósito, limitándose a utilizar los proporcionados por Estados Unidos".
Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano, "más allá de sus
implicancias comerciales y fines liberales, el TPP posee injerencia en ámbitos
tan disímiles como la silvicultura, medidas sanitarias, medioambiente, telecomunicaciones
o farmacéutica, siempre con miras a la protección de empresas
multinacionales".
"Para nosotros, la puesta en marcha del TPP obedece a
un fin específico: la intención de Estados Unidos por detener el avance de la
economía china", sentenció y observó que "más mercado no es más
beneficios sino, por el contrario, más precarización de la calidad de vida de
los ciudadanos".
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