Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
El violento episodio
ocurrido el 24 de mayo de 2008, cuando una turba de seguidores del Comité
Interinstitucional que defendía la capitalidad de Sucre secuestró y agredió a
un grupo de campesinos en la plaza principal de esa ciudad, ha sido sancionado
con la sentencia a prisión para 10 exautoridades. El origen del hecho, sin
embargo, sigue presente en la sociedad.
La sentencia, dictada el
miércoles luego de una maratónica sesión en el Tribunal de Sentencia de Padilla,
municipio ubicado a 180 km de Sucre, es el final de un largo y extenuante
proceso que sirvió para alertar tanto a los partidos políticos como a las
organizaciones de la sociedad civil de que el racismo no es tolerable en el
país, y que actos de la naturaleza del realizado en la víspera de la efeméride
chuquisaqueña causan una herida muy profunda en el tejido social. Pero el
proceso también sirvió para reducir el poder relativo de aquellos dirigentes
políticos y sociales que habían logrado entorpecer efectivamente el normal
desarrollo de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2007.
La lista de sentenciados
a seis años de prisión (se sustrae el tiempo que duró el proceso) por el delito
de asociación delictuosa es particularmente notable: Jaime Barrón, expresidente
del Comité Interinstitucional; Jhon Cava, expresidente del Comité Cívico;
Savina Cuéllar, exprefecta de Chuquisaca; Fidel Herrera, expresidente del
Concejo Municipal; Aydée Nava, exalcaldesa de Sucre; Epifania Terrazas,
exdirectora del Sedeges; Jamil Pillco, exdirigente universitario; Antonio
Jesús, exejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL); Álvaro Ríos,
exejecutivo de la FUL, y Franz Quispe, dirigente universitario. Junto a ellos
también fueron sentenciados Flavio Huallpa Flores, a tres años por el delito de
fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes; y
Cristian Flores y Juan Carlos Zambrana, a tres años y tres días de prisión por
el delito de lesiones graves.
Aunque la noticia debiera
ser de una importancia extraordinaria, no solo porque en su momento recibió
abundante cobertura mediática dentro y fuera del país, sino porque el suceso
desnudó los extremos a los que el odio racial puede conducir a las muchedumbres
desbordadas (y al mismo tiempo ayudó a frenar, siquiera temporalmente, las
peores manifestaciones de este mal), llega en un momento en que recibe poca
atención debido a otros asuntos más sobresalientes de la agenda pública y, peor
aún, porque los odios basados en las diferencias raciales han vuelto a florecer
durante (y luego) de la campaña proselitista del referéndum del 21 de febrero.
Es necesario mostrar como
ejemplar el castigo a quienes instigaron a jóvenes universitarios a cometer la
aberración de agredir a campesinos solo por su origen, pero sobre todo recordar
que este tipo de actitudes son precisamente las que ninguna persona, sin
importar su orientación ideológica, debe tener o tolerar.
Editorial del periodico La
Razón 03 de mazo de 2016
y Twitter: @escuelanfp
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