Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Verónica Córdova
A finales de los 80, los cineastas bolivianos acuñaron el
slogan “Ley del Cine ¡Ya!”, en una serie de movilizaciones que finalmente
lograron arrancar al gobierno de entonces la aprobación de una ley que genere
las condiciones básicas para el desarrollo del audiovisual boliviano. Eran
otros tiempos y otros escuadrones, como diría Benedetti. El resultado inmediato
de esa ley fue el llamado “boom” del cine boliviano, con el estreno de cinco
largometrajes en un solo año (1995). Hasta entonces, el ritmo de la producción
nacional estaba en el promedio de un estreno cada dos años. Pero tan pronto
como el polvo se asentó después del entusiasmo inicial, comenzaron a verse las
enormes trampas de la Ley 1302 o Ley del Cine boliviano.
El mecanismo de financiamiento creado por esta ley es un
préstamo de fomento de montos de hasta 100.000 dólares para la realización de
películas, a un 7% de interés anual y con solamente dos años de plazo para su
pago. Este periodo, absurdamente corto en cualquier institución financiera, es
especialmente inapropiado para el cine, puesto que en las condiciones
artesanales en las que se trabaja en nuestro país hacer una película requiere
un periodo mucho mayor para preproducirse, filmarse, editarse, promocionarse y
exhibirse; sin siquiera hablar del tiempo que una película requiere para
empezar a obtener una recuperación en taquilla local o en ventas
internacionales.
Esta lógica con la que se ha “fomentado” el cine boliviano ha
traído dos consecuencias nefastas. La primera es la propia destrucción del
Fondo de Fomento, puesto que los cineastas que accedieron a ese fondo entre
1994 y 2004 se han visto obligados a reprogramar constantemente los plazos de
sus pagos o a caer en mora, activando intereses corrientes e intereses penales
que en muchos casos han triplicado y cuadruplicado el monto original adeudado.
Esto ha mermado el fondo hasta el punto en que actualmente es inexistente (ya
que la ley tampoco genera mecanismos para que se renueve). Así, cineastas de
nuevas generaciones que quieren hoy acceder al fondo no pueden hacerlo, por lo
que el cine boliviano pierde películas de directores potenciales.
La segunda consecuencia de la forma poco apropiada en que se
ha regulado el fomento al cine boliviano es que cineastas que han accedido a
este financiamiento quedan endeudados por varios años, en los que deben
concentrarse en pagar sus deudas, y por tanto, no pueden generar nuevos
proyectos cinematográficos. De esta otra forma el cine boliviano también pierde
películas potenciales de directores establecidos.
Actualmente el Consejo Nacional del Cine está paralizado. Su
dirección ejecutiva es interina hace varios años. Hay 14 cineastas perseguidos
por el Estado por el crimen de haber hecho películas, y algunos de ellos han
sufrido una especie de muerte civil en el camino. La unidad de los creadores
audiovisuales también ha sufrido: los cineastas que nunca accedieron al fondo
resienten tener que trabajar sin apoyo alguno, y culpan a los cineastas que sí
accedieron y que hoy enfrentan juicios.
Contra esa escenografía de terror hay un nuevo protagonismo.
De 2003 a 2013 se han estrenado 86 películas nacionales, el promedio ha subido
a más de ocho estrenos por año. Más de la mitad de estos proyectos son de
directores noveles y se han filmado fuera de La Paz, con Santa Cruz,
Cochabamba, El Alto y Tarija descollando como centros donde ahora se produce a
un ritmo intenso.
Algunas de estas producciones, muy pocas, se han visto en
canales de televisión y en salas de cine el 21 de marzo, celebrando el Día del
Cine Boliviano. Algunas de estas producciones, muy pocas, se han visibilizado a
través del premio Eduardo Abaroa. Pero esas iniciativas aisladas no califican
como política de cultura. Mientras no se apruebe una nueva ley de cine que
corrija los serios problemas que dejó la anterior, el cine boliviano estará en
coma. La nueva ley está escrita, socializada y consensuada desde hace por lo
menos tres años, esperando a que el Estado boliviano entienda que el cine
nacional es caro, pero más caro es no tenerlo.
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