Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Rafael Puente
Hemos visto la noticia de que María Galindo, John Arandia y otros candidatos a la Defensoría del Pueblo han sido inhabilitados/as por no hablar alguno de los idiomas nacionales. Argumentos legales no faltan ya que el Artículo 234 (7) de la Constitución establece que para acceder al desempeño de funciones públicas "se debe hablar al menos dos de los idiomas oficiales” (por tanto el castellano y otro); y en el Artículo 221 se establece que "para ser designada Defensora o ser designado Defensor del Pueblo se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público”. Por tanto, hasta aquí la argumentación sería irrefutable. Pero sigamos con la Constitución:
El Artículo 5 (II) dice que "el Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales”. Y el Artículo 234 (7) reitera que "para acceder al desempeño de funciones públicas se debe hablar al menos dos idiomas oficiales”. ¿Se cumplen estas disposiciones, señores/as asambleístas, ustedes que deben velar antes que nadie por el cumplimiento de la Constitución? Es evidente que en más del 90% de los cargos jerárquicos no se cumple. Claro que el décimo artículo transitorio de la misma Constitución afirmaba que este requisito se aplicaría progresivamente. Pero no, no ha habido ningún tipo de progresión y, además, al cabo de siete años de nueva Constitución, no vale seguir hablando de "transición”. En su momento se estableció un plazo de dos años para que se cumpliera el requisito; sin embargo, a estas alturas nadie se acuerda de ese artículo cinco ni de ese artículo 234.
Por su parte, el Artículo 120 (II) establece que "toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma”.
¿Se cumple este otro artículo, señores/as asambleístas? Ustedes deben saber, mejor que nadie, que no se cumple; y nadie ha movido un dedo para que se empiece a cumplir, tal vez porque nos vamos acostumbrando a que la Constitución en su conjunto sea permanente e impunemente violada… Tal vez también porque se trata de una prescripción difícil de cumplir y que implicaría una auténtica convicción plurinacional que, a estas alturas, no se puede decir que la haya en el conjunto de la sociedad boliviana. Es decir, que se puede comprender esa dejadez…
Pero lo incomprensible es que ahora, de repente, a la hora de elegir al Defensor o Defensora del Pueblo, la Asamblea Legislativa se acuerda de la olvidada Constitución y aplica lo de los dos idiomas a las candidatas/os que se han presentado. Pregunto: ¿Están ustedes convencidos/as de que doña Ana María de Campero no debió haber sido Defensora porque no hablaba aymara? De ser así, ¿por qué muchas y muchos de ustedes son asambleístas sin hablar ni aymara, ni ningún idioma nacional? ¿Y por qué permiten que ocurra lo mismo con el personal jerárquico?
¿Cuántos ministros/as y viceministros/as saben hablar otro idioma nacional? ¿Y cuántos son los funcionarios y funcionarias públicas que tampoco lo hablan? ¿Y cuántos/as jueces y fiscales? Estoy seguro de que ni siquiera se han planteado la pregunta (y de que tampoco les importa).
Entonces, ¿por qué ahora de repente se acuerdan? Hay una sola explicación (y si hay otra por favor formúlenla) y es que lo que urgentemente necesitan ahora son pretextos legales para inhabilitar a candidatas y candidatos irrefutables y así poder justificar el nombramiento de un defensor incondicional; por eso todo parece apuntar al nombramiento de algún dirigente de las famosas organizaciones sociales, dando por hecho que por serlo ya tiene experiencia en la defensa de los derechos humanos (cuando sabemos que en muchos casos la experiencia acumulada es la contraria, como se vio en la actitud de muchos dirigentes cuando el conflicto del TIPNIS).
Por favor, sean más serios y más prácticos, y supriman el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo. Se puede argumentar que crea más problemas que soluciones, o que ya no hay presupuesto, o cualquier otro pretexto. En todo caso, sería más creíble que las maniobras que ahora están manejando. Amén.
El autor es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba
y Twitter: @escuelanfp
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