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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

A 40 años del Plan Cóndor




Por: Nila Heredia Miranda
Parte II
  Detenidos desaparecidos ¿cuenta pendiente?
La desaparición forzada, junto con la apropiación de niños, es la figura represiva que caracteriza al Plan Cóndor. La “Desaparición Forzada”, hoy tipificada como Delito de Lesa Humanidad, no caduca en el tiempo, fue utilizada como parte del sistema de inmovilizar a toda la gente, familiares, amigos o instituciones, a causa de la inseguridad en no saber dónde están, lo que inmovilizó a todos.
Producto de la Operación Cóndor se calcula que sólo en la Argentina al menos 30.000 personas fueron desaparecidas –la mayoría aún siguen desaparecidos–, 50.000 fueron asesinadas  y 200.000 han sido presas. También fueron desaparecidas entre 250 a 500 niños, la mayoría nacieron en cautiverio, algunos han podido ser apresados con sus madres; de ellos alrededor de 115 han sido encontrados y en general restituidos a sus familias legitimas.
Todos los países, excepto Bolivia, han procedido a realizar investigaciones referidas a las violaciones contra la integridad de las personas, particularmente las ocurridas durante las dictaduras de las 70-80, épocas de mayor dinamismo del Plan Cóndor. En cada país se han llevado a cabo juicios, y aún se siguen realizando juicios, siendo la Argentina la que,  gracias a la decisión de las autoridades de gobierno, ha realizado la mayor cantidad de juicios y hoy aún siguen en procesos al menos 400 personas entre uniformados y civiles, formalizados por crímenes de lesa humanidad.
Chile, Uruguay, Paraguay, y mucho más tarde Brasil, han constituido Comisiones de la Verdad, y algunos se encuentran actualmente desarrollando procesos judiciales contra violadores de los DD.HH. Las reacciones de los imputados y colaboradores han sido diversas,  incluyendo directrices de mantener el silencio, amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos de testigos o personas que se declararon culpables.
Sin embargo, el Plan Cóndor por si sólo tiene connotaciones no sólo lesivas a las más elementales normas de respeto de las personas y consideración a todo tipo de raciocinio, sino también tiene un valor político que tiende a plantear a los estados el Nunca Más a articulaciones de aparatos represivos que actuasen de manera impune intra o extra territorialmente con la anuencia, incentivo y decisión de los propios Estados.
Juicio y castigo
Hace quince días hubo al menos dos juicios sobre hechos lesivos producidos por el Plan Cóndor, ambos tienen un carácter también supranacional gracias a la anuencia de los Estados involucrados en su momento y otros que directamente hubiesen sido involucrados, como es el caso del Perú, donde militantes refugiados fueron secuestrados, entregados a la represión y hasta hoy desaparecidos.
Estos juicios han sido calificados como hechos de enorme connotación en la historia jurídico internacional porque permite demostrar la existencia de una alianza ilícita entre gobiernos cuyo objetivo fue la destrucción de opositores políticos mediante el asesinato, la desaparición y apropiación de niños, constituyéndose en delitos de Lesa Humanidad, donde confluyen en el juicio acusaciones a gobernantes y autoridades militares o civiles de los países donde se aplicó el Plan Cóndor.
Asimismo, de los dos juicios, el Estado argentino resolvió realizar este proceso porque hay suficiente evidencia que desaparecieron en celdas argentinas, clandestinas o no, un número de extranjeros que habiendo sido presos en suelo argentino –o entregados por otro país– se encuentran desaparecidos.
Después de varios años de búsquedas y órdenes de captura, y cerca de tres años de audiencias directas o a través de medios virtuales, procedieron a tomar testimonios a alrededor de 400 personas, y recuperar pruebas. Producto de este arduo trabajo, que incluyó la  extradición a la Argentina para ser enjuiciado del coronel Manuel Cordero del ejército uruguayo que huyó del Uruguay a Brasil–, se llegó al emblemático veredicto que el pasado viernes 27 de mayo ha emitido el Tribunal Federal 1 de Buenos Aires.
El Tribunal Federal 1 de Buenos Aires condenó a 15 de 17 militares, argentinos y uruguayos, por casos de tortura, muerte y/o desapariciones forzosas de 104 personas en el marco del Plan Cóndor, de éstos 11 son bolivianos o entregados por la dictadura boliviana a la Policía Federal o aparato  represivo Argentino.
La lista de bolivianos es compuesta por Fausto Choque Cabrera, Jaime Rafael Lara Torres, Jorge Hernán Villavicencio Calderón –habría sido asesinado en Salta después de haber sido capturado,  Reinaldo Lázaro Sáenz Bernal, Erasmo Suárez Balladares, Johnny Vargas Orozco,  Máximo Rojas Caballero, Wálter Eduardo Oviedo Morales. A los que hay que agregar a los presos en Bolivia y entregados a la argentina el 28 de agosto de 1976, Graciela Rutilo Artes y  Efraín Fernando Villa Izola, ambos argentinos de nacimiento. De cada uno de estos casos existe constancia de haber sido vistos en Automotores Orletti por compañeros presos que recuperaron la libertad, o como es el caso de Graciela Rutilo, cuya hija fue encontrada en manos de uno de los que dirigía ese centro clandestino.  
Otros dos compañeros, Luis Faustino Stamponi Corinaldeci y Óscar Hugo Gonzales de la Vega, forman parte del juicio, y en ambos casos  han sido sustentados mediante múltiples evidencias de la prisión, tortura, etc. en celdas bolivianas, además de la entrega de ambos por la represión boliviana a la argentina.
El apresamiento de Luis Stamponi ampliamente difundido por cuanto la persecución hacia él fue sañuda y por varios años. Era el dirigente principal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de larga trayectoria revolucionaria y liderazgo. Fue uno de los constructores de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), razón que motivó la tenaz persecución contra su persona. Stamponi –de nombre de guerra Gerardo fue entregado junto con Óscar Hugo Gonzales de la Vega el 15 de octubre de 1976 a la represión argentina en la Quiaca. De la misma manera que su apresamiento su entrega a la Argentina fue ampliamente publicitada por medios periodísticos, sin embargo no ha sido posible conseguir evidencia o testimonio de alguno de los presos que recuperaron la libertad.
Un caso también especial es de la Sra. Mafalda Corinaldeci de Stamponi, madre de Luis, apresada del hotel donde se había alojado en Buenos Aires al retornar de La Paz donde fue a reclamar por su hijo. Ella también está desaparecida.
Los Investigaciones y juicios en Bolivia: ¡Comisión de la Verdad!
Bolivia es lastimosamente el único país que por razones absolutamente incomprensibles y reprochables no ha realizado hasta ahora un Juicio de Responsabilidades contra las autoridades causantes de las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos o desapariciones durante las dictaduras.
La única experiencia desarrollada por el poder Legislativo en 1979 fue  el Juicio de Responsabilidades contra Hugo Banzer Suárez; truncado por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, muerto el día del golpe de Estado dirigido por Luis García Meza.
Increíblemente a ninguna de las presidencias de las dos cámaras del Órgano Legislativo parece importar el pasado reciente, dejando en la impunidad a los autores, tal vez en su afán de congelar y dejar en el olvido esta dolorosa página de la historia boliviana. Esto es así porque a pesar del esfuerzo puesto por todas las organizaciones constituidas por victimas o por familiares de víctimas por presentar una sola Ley para la constitución de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación Integral, esta ni siquiera ha sido tomada en cuenta en las dos últimas gestiones legislativas.
El juicio contra García Meza, Arce Gómez y colaboradores ciertamente es ejemplar, sin embargo, ninguno fue enjuiciado por los delitos de desaparición forzada, asesinatos o tortura, sino por acciones contrarias al Estado en materia económica, manejo administrativo, robo de bienes públicos y el genocidio a un grupo de activistas.
                       
*Ex presidenta de ASOFAMD y FEDEFAM, militante del ELN/PRTB y compañera de Luis Stamponi Corinaldeci, es a la vez querellante en el juicio el Plan Cóndor en Italia y testimoniante en la Argentina.

Publicado en el semanario La Época
 
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