Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Nadia Cruz
¿A quién le
pertenece la justicia? Depende cuan atrás miremos en la historia. La Colonia
nos impuso un sistema legal y judicial pensado en proteger los intereses de los
monarcas. Jueces, magistrados, tribunales y funcionarios de juzgado, con la
complicidad de los abogados, continúan aspirando a mantener la justicia
operando como una máquina de explotación de miseria y desgracia humana a favor
de las cúpulas y las minorías. La llegada de la democracia no ha erradicado los
fundamentos de las raíces coloniales del aparato judicial. El expediente, el
litigio de las formas y la impunidad e ineficiencia estructural siguen activas
y funcionando. La justicia no ha transitado por el trayecto abierto por las
conquistas democráticas de los últimos cuarenta años. Ante el reclamo popular y
la iniciativa de reformar la justicia existe una fuerte corriente de
resistencia de quienes esperan continuar explotando el modelo colonial de
justicia que debemos sufrir actualmente.
Resistencia
La
resistencia es el síntoma de desesperación ante la agonía del modelo fracasado.
Sólo falta darle el golpe de gracia. El sistema judicial está pasando por un
momento de profunda crisis y decadencia ideal para dar arranque al cambio. A
pesar de las opiniones en contrario, la verdadera reforma de la justicia no
tendrá origen ni impulso en la voluntad de los políticos. Tampoco será el
producto de la conciencia gremial de los magistrados, jueces, ni de los
fiscales, menos aún de los abogados. No será el fruto de ninguna gestión
ministerial, ni de las Universidades. El cambio deberá abrir espacios de
inclusión, pero no será autoría ni mérito de dichas minorías. En gran parte,
estos grupos representan a la cúpula corporativa que ha tomado la justicia de
rehén y no la quiere dejar en libertad. ¿Por qué habrían de hacerlo? Así como
está, la justicia les protege sus privilegios a costa de quienes viven en la
necesidad y la carencia. El sistema judicial, lejos de servir a la gente, se ha
servido de ella dejando detrás de sí un rastro de violencia, maltrato,
discriminación, exclusión, represión, retardación, corrupción e impunidad.
El cambio no
vendrá si los movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas y la
población en general no se apropian de este proceso, como lo hicieron en el
pasado quienes nos devolvieron la democracia. Ningún proceso de reconquista
democrática es cómodo o libre de turbulencias, pero las minorías corporativas
(políticas, judiciales, abogadiles, “académicas” y otras) que tienen intereses
invertidos en el diseño actual del sistema judicial harán todo lo que esté en
sus manos para limitar los cambios de la Cumbre a superficialidades
intrascendentes. Intentarán promover “consensos” para limitar el cambio al
mínimo aceptable para todos. Cambiar el sistema de elección de las autoridades
jerárquicas. Digitalizar expedientes. Agravar las sanciones disciplinarias.
Modificar los Códigos. Acortar plazos procesales. Aumentar el número de
juzgados y el presupuesto judicial. Maquillaje, maquillaje, maquillaje.
Derecho
para los sin derecho
Es hora de
construir una justicia desde la visión y perspectivas de quien la necesita: las
personas que necesitan resolver sus conflictos. Especialmente aquellas personas
vulnerables, forzadas a sufrir los efectos de la injusticia sin esperanza de
poder reclamar por sus derechos. Al igual que el agua, la luz, el gas, el
internet y el transporte, la justicia debe ser reconocida como un servicio para
la población y especialmente uno a favor de los más débiles: niños y niñas,
adultos mayores, personas con discapacidad y otros en situaciones de
vulnerabilidad.
La Justicia
Indígena Originaria Campesina debe ser el faro luminoso que ayude a evitar el
naufragio de la justicia ordinaria. De la JIOC hemos aprendido que la justicia
no es, ni puede ser monopolio de los abogados. También hemos aprendido que el
acceso a la justicia significa dar un servicio de gestión de conflictos con
eficiencia, cercanía, oralidad, celeridad y participación ciudadana
(experiencias que impulsan las iniciativas de centros de conciliación, justicia
vecinal, justicia restaurativa, entre otros). La abogacía, la magistratura y el
sistema judicial pueden y deben jugar un rol en el nuevo modelo de justicia,
pero debe ser radicalmente distinto y opuesto al actual. Como servicio estatal
debería limitarse a conflictos de mayor complejidad o gravedad que no puedan
ser resueltos a través de otras vías, más afines y accesibles a las necesidades
de la población.
La justicia
de los juzgados, las jerarquías, las formalidades y los expedientes son parte
de la herencia colonial que está pendiente de erradicación. La descolonización
de la justicia requiere la implementación radical de los principios
democráticos expresados en el artículo 180 de la Constitución Política del
Estado. La nueva justicia debe darse en audiencias transparentes, con
participación ciudadana para que los ciudadanos y ciudadanas vean cómo sus
jueces deciden conflictos y con un modelo de gestión transparente, eficiente y
orientado al servicio para prevenir la corrupción.
En el camino
habrá avances, retrocesos y estancamientos. Ninguno de ellos debe entenderse
por sí solo como éxito o fracaso de la transformación de la justicia, porque
ésta es continua e incesante. La Cumbre no marca la meta, sino la dirección
para el inicio de la travesía. El camino lo deben recorrer los movimientos
sociales y populares, las persona usuarias del sistema y las ciudadanas y los
ciudadanos, no como meros espectadores sino como titulares conductores del
proceso. Eso significa que deben integrar y dirigir todas las comisiones e
instancias que supervisen el cumplimiento de los mandatos que emanen de la
Cumbre.
La justicia
es un reclamo colectivo en el medio de nuestras diversas diferencias. La
democracia tiene esta misma esencia tal vez porque justicia y democracia se
incluyen y necesitan mutuamente. Esperemos que los delegados a la Cumbre
Nacional de Justicia Plural que llevan las genuinas aspiraciones de los
movimientos populares logren superar las barreras de la resistencia corporativa
y de intereses pactados y logren desacreditar aquellas propuestas de cambios
insustanciales o superficiales al sistema judicial. Sin duda habrá disensos y
desacuerdos, pero éstos son el combustible necesario para la transformación. La
falta de consensos es un buen síntoma cuando éstos se usan para proteger a las
aves carroñeras que no terminan de deshuesar el cadáver de la justicia.
Esperemos
que una potente avalancha democrática destruya las estructuras actuales de la
justicia boliviana en un espíritu de genuina renovación con participación
ciudadana. Esperemos que dicho espíritu venga de las voces activas y presentes
de los movimientos populares y sociales, como protagonistas principales de la
Cumbre Judicial. Sin duda es propicia la oportunidad para vivir un nuevo
momento político de conciencia colectiva, en el cual veamos ocurrir aquello que
asumíamos como distante o imposible. ¿A quién le pertenece la justicia? A
quienes no la tienen. Y ya es hora de hacer algo al respecto.
y Twitter: @escuelanfp
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