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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

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Los contrabandistas, ¿sujeto social?

Por: Rafael Puente

Es lo que nos faltaba por ver (o por oír). Resulta que los únicos que están de acuerdo con las autoridades chilenas en repudiar el viaje de nuestro Canciller y otras autoridades al puerto de Arica son los contrabandistas de Oruro (que por supuesto se presentan como "los orureños”). Mientras el resto del país, oposición política incluida, se solidariza con la comisión oficial que fue maltratada por las autoridades del puerto chileno. Nuestros contrabandistas se atreven a amenazar públicamente al Gobierno para que deje de molestar al Estado chileno porque está en juego su jugosa economía basada en el contrabando (fundamentalmente desde Iquique) y que de verse seriamente perjudicados por culpa del Gobierno, ellos tomarán medidas…
Ya sabíamos desde hace años que el contrabando organizado se siente un actor social con todos los derechos, cosa comprensible si tenemos en cuenta que todos los gobiernos han sido tolerantes con esa actividad, que supuestamente es delictiva (¿recuerdan ustedes aquella larga polémica con los dueños de vehículos chutos que reclamaban su derecho al contrabando?). Pero que ahora se atrevan a rechazar las medidas tomadas por el Gobierno en defensa de nuestra soberanía y en contra de los atropellos del Estado chileno, raya en lo criminal. Cabe sospechar que tienen relaciones económicas con las empresas chilenas que se aprovechan de los puertos que fueron bolivianos. Sólo falta que propongan que el departamento de Oruro pase a ser parte de Chile…
Consecuencia clara, hoy más que nunca, el Estado boliviano debería tomarse muy en serio la eliminación del contrabando, ya que se trata de un tipo de actividad económica esencialmente antinacional. Otra prueba de esta afirmación es el constante decrecimiento de la actividad productiva en Bolivia, con el consiguiente crecimiento del desempleo; hemos leído la noticia de que cada día se cierran empresas productivas en nuestro país -¡ahí está Enatex!- porque, como es lógico, no pueden competir con el contrabando.
Y resulta que cuando los actores sociales y económicos perjudicados por todo eso se quejan a la Aduana Nacional, la Presidenta de dicha entidad les contesta que lamentablemente no puede acabar con el contrabando, ya que nuestras Fuerzas Armadas no tienen la capacidad logística y operativa para llevar adelante esa lucha (sin añadir la posibilidad de que más bien algunos mandos pudieran estar beneficiándose de ese contrabando, eso no lo dijo).
Lo paradójico —y patético— es que nuestro Vicepresidente declara, ante la sospecha de que Chile se prepara para el uso de la fuerza militar contra Bolivia, que nuestras Fuerzas Armadas están listas para defender el territorio nacional… Aparte de que dicha afirmación contradice los principios pacifistas de toda la política marítima tan bien llevada por nuestro actual Gobierno, resulta deprimente cuando comprobamos que nuestras Fuerzas Armadas no son capaces de luchar eficientemente contra el contrabando —Aduana dixit—, y que de nada sirven ni los helicópteros nuevos, ni los caballos árabes que les regaló el Presidente ni la nueva consigna de "Patria o muerte”… ¿Será que puedan enfrentarse con el Ejército y la Armada chilenas?
Pero esto no es importante (un exabrupto lo puede tener cualquiera, incluso un vicepresidente), lo imprescindible es que nuestro Estado Plurinacional, hoy más fuerte que nunca, descalifique las pretensiones de los contrabandistas orureños (y de cualquier otra región) y deje claro que no son sujetos sociales, que no pueden compararse con la Federación de Petroleros o con las Bartolinas, que lo que son es delincuentes y que su lugar no es la frontera sino la cárcel. ¿O no?

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

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