Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por Adrián
Pérez
En una audiencia dominada por el
escándalo, los campesinos que llegaron a juicio oral por la Masacre de
Curuguaty fueron condenados ayer en Asunción. Rubén Villalba recibió 35 años de
cárcel, considerado autor de homicidio doloso agravado, y Luis Olmedo fue
sentenciado a 20 años como coautor de homicidio doloso agravado. Néstor Castro
y Arnaldo Quintana –señalados coautores de homicidio– recibieron 18 años de
cárcel, les revocaron la prisión domiciliaria y serán enviados a la prisión de
Tacumbú. En ningún caso hubo pruebas que acreditasen de forma fehaciente
responsabilidad de los campesinos en los crímenes cometidos durante el desalojo
que tuvo lugar en el predio Marina Kue, el 15 de junio de 2012.
Por
pararse en la primera línea y “aparentar” tranquilidad, Lucía Agüero Romero,
Maria Fani Olmedo y Dolores López Peralta fueron condenadas a 6 años de prisión
(tendrán arresto domiciliario) por homicidio doloso en grado de complicidad,
asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Felipe Benítez Balmori, Juan
Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro Benítez recibieron 4
años por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
Al
conocerse las penas, los abogados defensores adelantaron que apelarán las
sentencias y consideraron que el fallo del Tribunal de Sentencia es nulo. Los
letrados argumentaron que el tribunal juzgó a varios acusados por homicidio
doloso consumado, pero durante el juicio fueron acusados por homicidio doloso
en grado de tentativa. El colectivo movimiento 138 siguió el debate por
Internet desde Buenos Aires. Radio FM La Tribu transmitió en vivo el desarrollo de la
audiencia.
–Hoy
vamos a saber qué pasó en Curuguaty –disparó de entrada el juez Ramón Trinidad
Zelaya.
En
la sala, el presidente del tribunal quiso sacarse el peso de la decisión que
había tomado con los jueces Samuel Silvero y Benito González. “Es un caso muy
complejo, y ante el volumen de las pruebas que han sido discutidas y
examinadas, llegamos a la conclusión que solamente leeremos la parte
conclusiva”, barajó Zelaya. La lectura completa de la sentencia y los
argumentos se conocerán el lunes 18 de julio, a las 11.
Una
fila de once policías le daba la espalda al tribunal y separaba al puñado de
familiares, militantes de derechos humanos y público de abogados defensores y
fiscales. Otros tres agentes, impávidos, miraban hacia el estrado. Con las
primeras lecturas de las penas, la sala estalló:
–¡Nadie
va a salir, nadie va a salir! ¡Injusticia, injusticia! –cantaron los familiares
y militantes de derechos humanos que acompañaron a los acusados.
Entonces,
el tribunal ordenó un receso de diez minutos. Al retomar la audiencia, la
bronca contra los jueces continuaba. Amelio Sisco, abogado defensor, se había
quejado porque la audiencia no era traducida al guaraní y el juez Zelaya
amenazó con apercibirlo. La secretaria del juzgado voceó finalmente la lectura
de las penas. Los abogados, familiares y militantes golpeaban los bancos de la
sala y cantaban: “Arriba, abajo, jueces al carajo”.
De
paso por Buenos Aires, el periodista, caricaturista y compositor guaraní Mario
Casartelli se acercó a radio FM La Tribu y conversó con el periódico Página/12.
“Seguimos cometiendo la torpeza, por una suerte de humanismo, de albergar
esperanzas, de que vamos a llegar a una absolución”, sostuvo el artista minutos
después de conocerse el destino de los once trabajadores rurales. Y confió que,
desde un principio, no estuvo de acuerdo con la palabra absolución. “Pedirla,
ya de por sí, implica aceptar la legitimidad de un proceso que desde un
principio estuvo plagado de irregularidades, trampas e iniquidades”, completó.
Ever
Enríquez milita en la Juventud Comunista Paraguaya y en el movimiento 138.
Aseguró que, con sus compañeros, entienden que, a partir de la sentencia, se
cierra el proceso del golpe contra Fernando Lugo. “El sistema capitalista actúa
en nombre de un Poder Judicial corrompido por demás que claramente es servil a
una narcopolítica que el Estado paraguayo usufructúa en todos sus poderes”,
denunció con la bronca que le atraviesa la voz.
Comentó,
además, que a partir de la serie de movilizaciones que se venían dando en
Paraguay, organizadas en los últimos tiempos, abrigaba una mínima esperanza en
poder torcer el curso del juicio. Ni Enríquez, ni ninguno de sus compañeros y
compañeras creen en el poder judicial, ni en el Estado paraguayo. Los jóvenes,
dijo, “creemos en el pueblo”. “Mañana mismo vamos a estar en las calles, ahora
mismo estamos en la plaza de Asunción, ahora mismo estamos acá, y vamos a
seguir luchando y acompañando a estos compañeros que son presos por su
ideología y por ser campesinos sin tierra”, manifestó el integrante del
movimiento 138. “Un campesino sin tierra –definió Enríquez– es un campesino sin
ser que no sabe ni puede ser de otra manera y que no le queda otra más que
quedarse a resistir”, agregó.
Sobre
la situación política, social y la resistencia en su país, el militante
paraguayo advirtió
que del otro lado está la muerte. “Estamos ante una pared.
Como el Paraguay no es un país industrializado, la gente es expulsada por la
narcopolítica sojera de sus tierras y termina parando en los cinturones de
pobreza que hay en Asunción y otros miles migran a la Argentina”, afirma.
Enríquez calcula que un millón y medio de paraguayos, en edad productiva y
reproductiva, vive en el conurbano bonaerense. “Para que en Paraguay haya
justicia social, el pueblo tiene que empoderarse y parir la libertad”,
concluyó.
y Twitter: @escuelanfp
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