Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Alberto Gonzáles Casado
El
pasado lunes, 15 de agosto, hombres encapuchados y armados haciéndose pasar por
policías entraron a la fuerza en la casa de Ramón Cadena, abogado conocido y
destacado en la lucha por los derechos humanos y en la defensa de las
comunidades en Guatemala contra las transnacionales.
Los
asaltantes destrozaron y registraron la casa del abogado buscando documentos, llevándose su ordenador personal con
información de su trabajo, mientras obligaban al cuidador de la casa y a su
familia a arrodillarse y a permanecer en el patio de la entrada.
Ramón Cadena está
comprometido en varias causas que enjuician a los militares responsables del
genocidio de los años 80, que supuso el asesinato y la desaparición de 200.000
personas y la quema de 600 aldeas. También lleva la defensa de comunidades y
líderes en resistencia encarcelados y perseguidos por enfrentarse a las
transnacionales.
Ramón Cadena forma parte
del grupo de peritos propuestos por el Ministerio Público para el caso contra
ocho militares acusados de desapariciones forzadas en los 80 en Alta Verapaz.
Entre otros, está acusado Benedicto Lucas García. Además solicitó el retiro de
inmunidad parlamentaria contra el diputado de FCN-Nación, Edgar Ovalle, uno de
los principales asesores del presidente Jimmy Morales.
Este es
el último acto de intimidación contra abogados comprometidos con la justicia.
Recientemente la fiscal General del Estado Thelma Aldana tuvo que abandonar
país un tiempo amenazada seriamente de muerte, después de haber conseguido
encarcelar al anterior presidente y su vicepresidente implicados en una inmensa
red de corrupción que alcanzaba a buena parte de la administración y el
Ejército.
Los
ataques contra abogados y activistas de derechos humanos se han identificado
tras el encarcelamiento el pasado enero de 14 oficiales del ejército acusados
de crímenes contra la humanidad.
Unos días después Ramón
Cadena fue acusado por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra
el Terrorismo, un entramado de militares que pretenden encubrir el genocidio,
por ser uno de los defensores de la Comunidad en resistencia de La Puya, en la
que han logrado cancelar la operación minera contra la que protestaban.
Una herencia de guerras
de exterminio de las comunidades indígenas y su continuidad hoy con las
transnacionales, especialmente las hidroeléctricas y de la minería, siguen
dejando en Guatemala ríos de sangre y angustia, pero no han conseguido acallar
las voces de protesta y resistencia.
Integrante
de la Escuela Nacional de Formación Política de La Paz
y Twitter: @escuelanfp
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