Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Alfredo Rada Vélez
Cuando
anochecía en Panduro el jueves 25 de agosto el aire seguía oliendo a gas,
dinamita y muerte. Ya se sabía del espantoso asesinato del viceministro Rodolfo
Illanes y en pocas horas el enorme movimiento de miles de cooperativistas quedó
disipado, no por la fuerza coercitiva del Estado, sino por el repudio generalizado
del pueblo.
Los
bloqueos de caminos organizados por la Federación Nacional de Cooperativas
Mineras (Fencomin) configuraron una acción violenta en un contexto de caída de
los precios internacionales de los minerales. Sectores patronales que han
acumulado el poder económico en las cooperativas, querían mantener su tasa de
ganancia logrando por la fuerza tres cosas: 1) Más subvenciones y
financiamientos estatales destinados a su sector, 2) Preservar dentro de las
cooperativas las formas flexibilizadas de explotación de la fuerza de trabajo,
3) El reconocimiento de facto de contratos entre los patrones cooperativistas
con empresas mineras nacionales y transnacionales extranjeras.
Tales
objetivos tenían un claro contenido de clase burgués, en este caso de una nueva
burguesía que fue incubándose en las cooperativas más grandes, en la medida que
éstas dejaban de ser “entidades sin fines de lucro” y se convertían en empresas
capitalistas semiformales. La burguesía “cooperativista” está conformada por nuevos
ricos que se han encumbrado gracias a la explotación del trabajo de los
llamados “segundas manos” o peones, incorporados en las minas bajo la modalidad
de pago a destajo, sin contrato y sin derechos laborales. Para impedir la
organización sindical de esos trabajadores los patrones siempre acudieron a un
embuste: “dentro de las cooperativas todos somos iguales”, cuando sabemos que
eso no es cierto, que al interior de las grandes cooperativas hay patrones y
hay peones.
¿Cómo esa
burguesía pudo movilizar a grandes contingentes de trabajadores? Convirtiendo
su interés de clase en interés general bajo la consigna de “estabilidad
laboral”. Los patrones chantajearon a los trabajadores: “si no te movilizas
para que el gobierno nos atienda entonces ya no tendrás trabajo”. Así los
jerarcas del cooperativismo minero (que son por lo general los socios más
antiguos) engañaron a una base social convertida en grupo de choque.
Dentro del
gobierno el tema de la política hacia el cooperativismo minero hasta ahora no
había sido resuelto bajo un enfoque revolucionario. Se cayó en el error de
considerar a la Fencomin como entidad aliada, sin ver que a su interior se estaban
constituyendo clases sociales, una burguesía semiformal y un proletariado
precarizado, al que como gobierno debíamos sumarlo para el proceso de cambio
apoyando su organización y defendiendo sus derechos. En otras palabras, diferenciar
la base laboral de la jerarquía patronal dentro de las cooperativas. En vez de
esto se confiaba en los dirigentes, muchos de ellos hipócritamente afines al
gobierno no por convicción sino por conveniencia. Por mantener la alianza el
gobierno no intervino en asuntos laborales dentro de las cooperativas, era
flexible con ellas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental, no
acentuaba la presión tributaria. Hoy vemos que esta orientación pragmática sólo
condujo a fortalecer al enemigo de clase.
La relación
entre patrones y trabajadores es medular para el cooperativismo minero; por
ello no es casual que lo que originó el conflicto fue la aprobación en la
Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que reconoce sindicatos dentro de
las cooperativas de servicios. Si crece la tendencia hacia la autorganización
de los trabajadores, entonces la precariedad laboral que es una de las fuentes
de la concentración del capital en manos de los jerarcas comienza a ser erosionada.
El momento
actual de condena ciudadana a la dirigencia del cooperativismo minero es
parecido por las circunstancias a la tragedia de septiembre de 2006, cuando la
matanza entre cooperativistas y asalariados por el control del cerro Posokoni
en Huanuni, devino en el cierre de 4 cooperativas y la estatización de todo ese
distrito minero. Hoy el gobierno actuando sin vacilaciones acaba de mandar un claro
mensaje a la base laboral del cooperativismo: somos un gobierno de los
trabajadores que no permitiremos más abusos y explotación dentro de las
cooperativas mineras. Igualmente claro es el mensaje a la jerarquía patronal:
somos un gobierno que defiende la soberanía del pueblo boliviano sobre los
recursos minerales y no permitiremos su privatización o extranjerización.
Hay que
recortar el poderío económico de la burguesía “cooperativista”, que por lo
visto no vacilará un segundo en volcarse contra el proceso de cambio apenas se
amenace sus privilegios. Ya dije que aquel poderío se origina en la acumulación
y concentración de capital gracias a la explotación laboral y a la depredación
de la naturaleza, pero no hay que olvidar que esa acumulación fue facilitada
por las concesiones gubernamentales.
El
conflicto con la dirigencia de Fencomin y su terrible desenlace han llevado a
que el gobierno de Evo tome las siguientes decisiones: 1) Preservar al
verdadero cooperativismo minero, separando a las empresas capitalistas
semiformales que medran a su interior, 2) Revertir al Estado las áreas
otorgadas a cooperativas sobre las que se firmaron contratos con empresas
privadas nacionales o transnacionales, 3) Ampliar la vigencia de derechos
laborales a todos los trabajadores en las cooperativas, sean eventuales,
jornaleros, “segundas manos”, k’ajchas o peones.
La
Fencomin patronal atraviesa por una de sus peores crisis y va camino de perder
todas las ventajas que obtuvo del gobierno. Al haberse develado el vínculo
entre esa burguesía “cooperativista” con intereses extranjeros, por ejemplo en
los contratos suscritos entre cooperativas potosinas con la empresa Manquiri,
nombre boliviano de la transnacional estadounidense Coeur d' Alene Mines Corporation que explota el segundo yacimiento de plata más
grande del país ubicado en San Bartolomé, se abre también una oportunidad para
avanzar con una política nacionalizadora en la minería, pues ha saltado uno de
los “aliados” que siempre se oponía a ese avance.
El
verdadero aliado del proceso de cambio son los más de cien mil trabajadores de
las cooperativas mineras, obreros aymaras y quechuas la mayoría de ellos. Como
nunca en la historia del cooperativismo, es el gobierno de Evo que decreta que
para esa masa laboral también rige la Ley General del Trabajo. Se trata del
mayor avance en derechos laborales en una década, que muestra también el error
en que caía una tendencia conservadora dentro del proceso de cambio que se
aferraba al siguiente argumento: en épocas de contracción económica no deben
crearse nuevos derechos sociales, sino defender los ya alcanzados. La conquista
y expansión de los derechos sociales no depende de un determinismo económico o
de un cálculo de costos, se da por un factor histórico-estructural denominado
lucha de clases.
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