Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
En
Bolivia, se muestra cómo Glencore, por medio de presión, trata de imponer sus
intereses y se opone a los esfuerzos del gobierno de mantener en el país una
mayor cantidad de las ganancias de la minería. Al asumir COMSUR, la empresa
minera más grande del país, Glencore se convirtió en un jugador importante en
el país andino. COMSUR había pertenecido antes al expresidente Sánchez de
Lozada, quien fue uno de los
responsables determinantes de la imposición de la política neoliberal a
mediados de los 90. Como en toda Latinoamérica, los resultados de esta política
para la economía nacional fueron dramáticos, pues, entre otras muchas
consecuencias ocasionó que toda la
cadena productiva en sectores estratégicamente importantes fuera transferida a
los consorcios transnacionales. Después se consolidó el rol del país como
exportador de materias primas, especialmente en las áreas de energía y
minería.
Desde el 2006, el gobierno boliviano ha emprendido diversos pasos para que el Estado vuelva a tener el control de los recursos naturales y de su explotación. También Glencore se vio afectada por estas medidas.
En el 2007, la planta siderúrgica Vinto, que estaba controlada por la filial de Glencore Sinchi Wayra, fue nacionalizada. El trasfondo fueron las irregularidades en la forma como esta había llegado a convertirse en propiedad de Glencore. La planta, que antes había sido estatal, tenía en 1999 un valor de 140 millones de dólares, pero con miras a la privatización el Banco BNP Paribas estimó su valor en 14,7 millones de dólares con el consentimiento del gobierno de entonces. La empresa anglo-india Allied Deals pagó el bajo precio al Estado boliviano, sin considerar adicionalmente los almacenes de mineral existentes, cuyo valor era de 15,5 millones de dólares. Cuando Allied Deals se fue a la quiebra – trabajadores de la planilla fueron juzgados por acciones fraudulentas en Estados Unidos y Gran Bretaña –, el entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada compró con su empresa minera COMSUR, las acciones de Vinto por el precio de seis millones. Según el contrato de privatización esta reventa fue ilegal, porque el plazo fijo de tres años no fue respetado. Tras su caída como presidente en el 2005, Sánchez de Lozada vendió COMSUR a la Glencore. Inmediatamente después de la nacionalización de la siderúrgica Vinto, el consorcio Glencore amenazó al país andino con acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, amparándose en el acuerdo bilateral de protección de la inversión suscrito entre Suiza y Bolivia, pero el CIADI no es reconocido por el gobierno boliviano.
Desde el 2006, el gobierno boliviano ha emprendido diversos pasos para que el Estado vuelva a tener el control de los recursos naturales y de su explotación. También Glencore se vio afectada por estas medidas.
En el 2007, la planta siderúrgica Vinto, que estaba controlada por la filial de Glencore Sinchi Wayra, fue nacionalizada. El trasfondo fueron las irregularidades en la forma como esta había llegado a convertirse en propiedad de Glencore. La planta, que antes había sido estatal, tenía en 1999 un valor de 140 millones de dólares, pero con miras a la privatización el Banco BNP Paribas estimó su valor en 14,7 millones de dólares con el consentimiento del gobierno de entonces. La empresa anglo-india Allied Deals pagó el bajo precio al Estado boliviano, sin considerar adicionalmente los almacenes de mineral existentes, cuyo valor era de 15,5 millones de dólares. Cuando Allied Deals se fue a la quiebra – trabajadores de la planilla fueron juzgados por acciones fraudulentas en Estados Unidos y Gran Bretaña –, el entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada compró con su empresa minera COMSUR, las acciones de Vinto por el precio de seis millones. Según el contrato de privatización esta reventa fue ilegal, porque el plazo fijo de tres años no fue respetado. Tras su caída como presidente en el 2005, Sánchez de Lozada vendió COMSUR a la Glencore. Inmediatamente después de la nacionalización de la siderúrgica Vinto, el consorcio Glencore amenazó al país andino con acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, amparándose en el acuerdo bilateral de protección de la inversión suscrito entre Suiza y Bolivia, pero el CIADI no es reconocido por el gobierno boliviano.
Luego
de la nacionalización de Vinto, Glencore, de momento, bloqueó, además las
ventas de estaño. Como lo hizo público el gobierno boliviano, la multinacional
advertía a potenciales compradores que el estaño de Vinto podría ser confiscado
porque era de su propiedad.
Glencore
en Bolivia
En el
2005, Glencore asumió la empresa de minas COMSUR del ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada. La -en adelante llamada Sinchi Wayra- era dueña de
diferentes subempresas y minas: Bolívar, Porco, Colquiri, Poopó, Caballo
Blanco, Vinto. Entre ellas se encuentran varias minas de zinc y de estaño y
también fueron explotados plomo y plata. En el período comprendido entre el
2007 y el 2012, el gobierno boliviano, bajo el mando de Evo Morales,
nacionalizó tres subempresas de la filial de Glencore Sinchi Wayra: la planta
siderúrgica de zinc Vinto (2007), la pequeña fundición de Antimonio
Vinto-Antimonio (2010) y la mina de zinc y estaño Colquiri (2012).
Aun la
minería sigue siendo lucrativa para las multinacionales
Hasta
ahora, la masiva explotación de sus inmensos recursos minerales apenas le ha
significado ventajas a la población boliviana. También en Bolivia surgen una y
otra vez conflictos laborales, sociales y ambientales en torno a las minas de
los consorcios mineros. Además, entre el 2006 y el 2010, el Estado boliviano
obtuvo solo el 8% de las exportaciones de minerales. En el 2009, fueron
exportadas materias primas minerales por un valor de 1871 millones de dólares
americanos, de los cuales 104 millones quedaron como tributos e impuestos en el
país. En el 2010, de 1400 millones de dólares quedaron 290 millones, y en el
2011, de 3500 millones quedaron 420 millones de dólares americanos. Los
impuestos y tributos del negocio de las materias primas son usados por el
gobierno para financiar proyectos sociales.
Medida
en relación a las cifras de exportación, la porción que queda en el país, sigue
siendo poca. A pesar de sus gestos de amenaza en vista de las estatizaciones,
el consorcio suizo Glencore Xstrata hasta ahora no ha emprendido la retirada de
Bolivia. La minería en el país altiplánico es todavía lucrativa para Glencore
Xstrata. Esta realidad se aplica también a otros consorcios mineros.
Tomado de MultiWatch plataforma conformada
por organizaciones no gubernamentales, sindicatos y movimientos que tienen una
postura crítica a la globalizacion.
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