Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Mark Weisbrot
El 17
de abril, la cámara baja del Congreso brasileño votó la destitución de la
Presidenta Dilma Rousseff, quien fue electa en 2010 y reelecta a finales de
2014. Fue un espectáculo pasmoso, en el que un diputado de derecha dedicó su
voto al coronel que encabezó una unidad de la tortura durante la dictadura. Una
de las víctimas de tortura de dicha unidad fue la propia presidenta.
La
dedicatoria por parte del diputado fue un sombrío recuerdo de que Brasil se
levantó de la dictadura hace apenas 30 años y que su democracia tal vez sea
menos desarrollada de lo que mucha gente supone. Brotan de repente muchos
recuerdos más, como hongos en un campo empapado por la lluvia. Las
transcripciones de conversaciones telefónicas filtradas revelaron que los
líderes de la iniciativa de destitución buscaban sacar a la Presidenta Rousseff
con el propósito de frenar la investigación relativa a su propia corrupción.
Esto llevó a la renuncia de tres ministros del nuevo gabinete nombrado por el
presidente interino, Michel Temer. No obstante, 15 de los 23 ministros que este
nombró originalmente estaban presuntamente bajo investigación, al igual que la
mayoría del propio Congreso.
Seguidamente,
el 2 de junio, el propio Temer fue condenado por violaciones en torno al
financiamiento de campañas y se le prohibió postularse a cargos públicos
durante ocho años. Surgían nuevos escándalos casi todas las semanas que
involucraban a funcionarios interinos, todos ellos a favor del juicio político.
Aunque
la corrupción exista en todos los partidos, incluso en el Partido de los
Trabajadores (PT) de Dilma, la profunda ironía radica en que los funcionarios
corruptos que trataban de derrocar su presidencia no han presentado cargos o
pruebas de prácticas corruptas por parte de ella. En cambio, se le sometió a
juicio político con base en una práctica contable que ha sido empleada por
otros presidentes y muchos gobernadores. El 14 de julio, el fiscal federal
asignado al caso llegó a la conclusión de que ni siquiera se trataba de un
delito.
Pero la
conclusión del fiscal parece haber sido ignorada y el miércoles 31 de agosto el Senado votó
la destitución definitiva de Dilma como presidenta. No es de extrañar que
muchos brasileños consideran que el proceso entero sea un golpe de Estado — y
no solo contra una presidenta sino contra la propia democracia. Se han visto
protestas continuas desde la destitución, en ciertos casos desbordándose hacia
los Juegos Olímpicos de Río.
Aunque
los medios de comunicación brasileños e internacionales se hayan hecho de la
vista gorda, la administración de Obama ha dejado claro para todos quienes lo
quieran saber que Washington apoya el golpe contra Dilma. Esto se hizo evidente
tan solo un par de días luego de la votación inicial de destitución, cuando un
líder manifiesto del juicio político en el Senado brasileño, Aloysio Nunes,
viajó a Washington y se reunió con Tom Shannon, el funcionario número tres del
Departamento de Estado de EE.UU. Shannon, exembajador en Brasil y la persona
más indicada en la toma de decisiones relativas a la política de EE.UU. hacia
Brasil, dio a conocer el apoyo al juicio político por parte de Washington, solo
por el hecho de sostener dicha reunión inmediatamente después de la votación en
contra de Dilma. Para aclarar aún más las cosas, el 5 de agosto el Secretario
de Estado, John Kerry dio una rueda de prensa conjunta con el canciller en
funciones del gobierno interino, José Serra, en la que expresó su entusiasmo
por “el primer paso de una nueva fase en la relación entre Brasil y Estados
Unidos”. Si Washington fuera un observador neutro del golpe, nada de esto se
hubiera dado.
Uno de
los primeros actos del gobierno provisional fue nombrar un gabinete cuyos
integrantes son todos hombres blancos de dinero, en un país con mayoría
femenina y donde más de la mitad de la ciudadanía se identifica como
negra/afrodescendiente o de raza mixta. Se encargaron luego de abolir el
ministerio de las mujeres, la igualdad racial y los derechos humanos.
Dilma
probablemente nunca hubiera sido vulnerable a semejante ataque si no fuera
porque la economía está inmersa en su peor recesión en más de 25 años. El PT
fue electo por primera vez en 2002, con el Presidente Lula da Silva al frente,
y entre 2003 y 2013 la pobreza se redujo 55% y la pobreza extrema 65%. El crecimiento de la renta per cápita
fue tres veces mayor que en el gobierno anterior, el salario mínimo real
(tomando en cuenta la inflación) se duplicó, y la desigualdad de ingresos se
redujo. El desempleo alcanzó mínimos históricos.
Pero
hacia finales de 2010, el gobierno de Dilma inició una serie de medidas que
frenaron la economía, justo cuando la economía mundial se estaba topando con
vientos en contra. Un apretón en el presupuesto, una drástica reducción de la
inversión pública y los aumentos en las tasas de interés en los próximos años
finalmente empujarían a la economía a la recesión a principios de 2015. Bajo la
presión de los grandes bancos y de la mayoría de los medios de comunicación
(que durante mucho tiempo han sido acérrimos adversarios del PT), Dilma adoptó
medidas de austeridad adicionales luego de su reelección en octubre de 2015. La
recesión se acentuó.
Es
evidente que el respaldo de Dilma a la austeridad fue un error. Para un país
como Brasil, la limitación clave en cualquier programa de estímulo viene siendo
la balanza de pagos: hace falta tener suficientes reservas en divisas para
poder suplir el aumento en las importaciones mientras la economía vuelve a
crecer. Sin embargo, Brasil cuenta con cerca de $ 370 mil millones de dólares
en reservas internacionales, muy por encima de lo necesario.
No
obstante, la ironía que impera es que el gobierno interino se propone redoblar
la austeridad y los recortes en el gasto social y en la inversión pública. La
justificación, como de costumbre, es que esto inspirará confianza en los
inversores, a pesar de su impacto negativo en el crecimiento económico. Esta
película la hemos visto mucho en los últimos años: por ejemplo, en la zona euro
a partir de 2010.
Además,
Brasil ya pasó por tiempos peores antes de que el primer presidente del Partido
de los Trabajadores, Lula da Silva, asumiera el cargo en 2003. En los 22 años
anteriores (1980–2002), el ingreso por persona apenas creció, ubicándose en tan
sólo 4,3% durante todo el periodo. Fue un fracaso económico sin precedentes, especialmente
si se le compara con los 20 años anteriores (1960–1980), en los que se tuvo un
crecimiento acumulado superior a 120%. Si el nuevo gobierno no electo se
compromete con la estrategia económica fallida de las “décadas perdidas”, puede
que pase mucho tiempo antes de que la mayoría de los brasileños recuperen el
nivel de vida que alcanzaron hace un par de años.
Mark
Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política
(Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y
presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo
libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global”
(2016, Akal, Madrid).
y Twitter: @escuelanfp
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