Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Carla Espósito Guevara
“La
querella por el excedente” es una de las claves para entender la historia
de este país, cuyo drama consiste en la gran capacidad para producir excedente,
pero la enorme dificultad del Estado para retenerlo, utilizarlo y traducirlo en
estatalidad, fuentes de trabajo y mejora de las condiciones de vida de la
población. Pero no se trata tanto de su magnitud, como de quién lo apropia y
para qué. El último conflicto con los cooperativistas mineros reactualizó el
debate sobre el uso excedente en Bolivia.
Es
evidente que durante la última década Bolivia revirtió, en parte, el drama de
la historia del excedente. El crecimiento de la última década no se explica
solamente por los altos precios de las materias primas a nivel internacional, sino
también por la nacionalización de los hidrocarburos, que permitió la retención
de una importante porción del excedente hidrocarburífero por el Estado para a
su reinversión interna. El Estado boliviano recibió en 2013 siete veces más dinero
que el que había recibido en 2005 y pudo usarlo en inversión pública, la misma
que pasó de 569 millones de dólares en el periodo neoliberal (1997 - 2005),
a 2.174 millones, en promedio, entre 2006 y 2014.
Pero hay
que reconocer que el gobierno hizo poco en relación a la retención del
excedente minero. En los hechos el cooperativismo, continuó siendo una forma encubierta
de privatización de los recursos mineros. Las mal llamadas “cooperativas” son actualmente
empresas privadas de lucro que encubriéndose en la figura “especial” de la
cooperativa, lograron quedar eximidas de las obligaciones tributarias, hecho
que las convierte en un sector de muy bajo aporte económico al Estado.
Se dice
que el cooperativismo es la fuente de trabajo de una gran fuerza laboral, pero
el hecho es que contrata obreros en condiciones de salvaje explotación a los
que no paga derechos sociales, no permite la sindicalización, ni garantiza las
mínimas condiciones de seguridad laboral; explota las minas con tecnología del
siglo XIX y no invierte en maquinaria, convirtiéndose uno de los sectores más
depredadores, esto hace del “cooperativismo” minero la expresión más cruda del extractivismo en Bolivia.
El enorme
excedente producido por la minería durante la última década, fruto de un
proceso de super-explotación del trabajo y de altos precios de los minerales, lejos
de contribuir al desarrollo del país, se convirtió en la fuente de acumulación
originaria de una nueva burguesía minera enquistada en la dirigencia
cooperativista. Frente a la caída internacional de los precios de las materias
primas, esta nueva burguesía se puso en guardia para buscar nuevas concesiones
y subvenciones estatales y no perder los privilegios acumulados, pues además de
privilegios económicos, acumuló también privilegios políticos.
El
conflicto con el sector minero cooperativista es un capítulo más de la querella
por el excedente. El camino que el Estado debe seguir, ni duda cabe, es destruir
el sistema de privatizaciones encubiertas para retomar el control del excedente
producido por este sector, esto supone revertir las concesiones ilegales y
todos los contratos realizados a empresas transnacionales, pero también atacar
el poder político y militar que tiene. Los cinco últimos decretos emitidos por
el gobierno esta semana respecto a las cooperativas son un avance, pero suponen
una ruptura con la FENCOMIN, considerada hasta ahora como aliado político. Esto
debe obligar al gobierno a revisar tanto su política de alianzas como el rol
político jugado por el cooperativismo en este proceso y de otros actores
similares que continúan frenando la reinversión social del excedente y
manteniendo al país en un estado de primario exportador.
y Twitter: @escuelanfp
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