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La querella por el excedente minero




Por: Carla Espósito Guevara
La querella por el excedente” es una de las claves para entender la historia de este país, cuyo drama consiste en la gran capacidad para producir excedente, pero la enorme dificultad del Estado para retenerlo, utilizarlo y traducirlo en estatalidad, fuentes de trabajo y mejora de las condiciones de vida de la población. Pero no se trata tanto de su magnitud, como de quién lo apropia y para qué. El último conflicto con los cooperativistas mineros reactualizó el debate sobre el uso excedente en Bolivia.
Es evidente que durante la última década Bolivia revirtió, en parte, el drama de la historia del excedente. El crecimiento de la última década no se explica solamente por los altos precios de las materias primas a nivel internacional, sino también por la nacionalización de los hidrocarburos, que permitió la retención de una importante porción del excedente hidrocarburífero por el Estado para a su reinversión interna. El Estado boliviano recibió en 2013 siete veces más dinero que el que había recibido en 2005 y pudo usarlo en inversión pública, la misma que pasó de 569 millones de dólares en el periodo neoliberal (1997 - 2005), a 2.174 millones, en promedio, entre 2006 y 2014.
Pero hay que reconocer que el gobierno hizo poco en relación a la retención del excedente minero. En los hechos el cooperativismo, continuó siendo una forma encubierta de privatización de los recursos mineros. Las mal llamadas “cooperativas” son actualmente empresas privadas de lucro que encubriéndose en la figura “especial” de la cooperativa, lograron quedar eximidas de las obligaciones tributarias, hecho que las convierte en un sector de muy bajo aporte económico al Estado.
Se dice que el cooperativismo es la fuente de trabajo de una gran fuerza laboral, pero el hecho es que contrata obreros en condiciones de salvaje explotación a los que no paga derechos sociales, no permite la sindicalización, ni garantiza las mínimas condiciones de seguridad laboral; explota las minas con tecnología del siglo XIX y no invierte en maquinaria, convirtiéndose uno de los sectores más depredadores, esto hace del “cooperativismo” minero  la expresión más cruda del  extractivismo en Bolivia.
El enorme excedente producido por la minería durante la última década, fruto de un proceso de super-explotación del trabajo y de altos precios de los minerales, lejos de contribuir al desarrollo del país, se convirtió en la fuente de acumulación originaria de una nueva burguesía minera enquistada en la dirigencia cooperativista. Frente a la caída internacional de los precios de las materias primas, esta nueva burguesía se puso en guardia para buscar nuevas concesiones y subvenciones estatales y no perder los privilegios acumulados, pues además de privilegios económicos, acumuló también privilegios políticos.
El conflicto con el sector minero cooperativista es un capítulo más de la querella por el excedente. El camino que el Estado debe seguir, ni duda cabe, es destruir el sistema de privatizaciones encubiertas para retomar el control del excedente producido por este sector, esto supone revertir las concesiones ilegales y todos los contratos realizados a empresas transnacionales, pero también atacar el poder político y militar que tiene. Los cinco últimos decretos emitidos por el gobierno esta semana respecto a las cooperativas son un avance, pero suponen una ruptura con la FENCOMIN, considerada hasta ahora como aliado político. Esto debe obligar al gobierno a revisar tanto su política de alianzas como el rol político jugado por el cooperativismo en este proceso y de otros actores similares que continúan frenando la reinversión social del excedente y manteniendo al país en un estado de primario exportador.

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