Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Carlos Ernesto Ichuta Nina
Cuando
el 10 de octubre de 1982 Guido Vildoso hacía entrega del poder a Hernán Siles
Zuazo, daba por inaugurado un régimen político que se caracteriza por la
incertidumbre, tanto que la democracia que quedaba establecida no reflejaba el
ideal de los sectores populares ni de toda la élite política. Por eso la
democracia transcurrió entre el electoralismo y las crisis políticas
recurrentes, las cuales sin embargo no llegaron a colapsar al sistema, porque
aquella misma incertidumbre supone la posibilidad de mejoramiento de esa forma
de gobierno.
En esos
términos el país conoció la mayor continuidad democrática de su historia, y en
el balance de su estado actual es obvio que los actores políticos no coincidan.
Así, para el oficialismo existe una democracia con legalidad y legitimidad;
representativa, participativa, decisiva y forjada por y para el pueblo. Incluso
Álvaro García divide nuestra experiencia democrática en dos fases: una de baja
intensidad, vigente entre 1982 y 2005 con gobiernos de apoyo minoritario,
pactos políticos, monoculturalismo y pigmentocracia, sin ampliación de la
riqueza social, sin soberanía y con corrupción institucionalizada; y una
segunda fase de alta intensidad, que estaría marcada por un gobierno con apoyo
mayoritario, creciente participación de la población, interculturalidad y
autonomía, y con reducción de la desigualdad y redistribución de la riqueza.
En
cambio, para la oposición el Gobierno habría limitado los derechos y
restringido el libre pensamiento, asfixiando económicamente a los medios de
comunicación, persiguiendo a los opositores y desconociendo los resultados del
21 de febrero. “¿Acaso eso no es antidemocrático?”, se preguntan. Incluso los
más fatídicos dicen que vivimos en una dictadura o en una seudodemocracia,
recurriendo a aquella críptica medida de la “calidad de la democracia”, basada
en el redivivo modelo ideal norteamericano.
Sin
embargo, en su informe de este año, la Corporación Latinobarómetro proporciona
evidencias que no respaldan plenamente ni las percepciones del Gobierno ni las
de la oposición. Por ejemplo, esta última encontraría justificación en el hecho
de que solo para el 43% de los bolivianos existiría en el país libertad para
hablar y criticar, y en el hecho de que solo al 24% le parecería bien que el
Gobierno controle los medios de comunicación. Incluso el llamado “autoritarismo
social”, según el cual el 43% estaría de acuerdo en que un poco de mano dura
del Gobierno no vendría mal, sustentaría la percepción de la oposición.
Pero
asumir a partir de ello que el país vive en dictadura o en una seudodemocracia
carece de sentido, porque ello supondría la ausencia de valores democráticos,
lo que no es comprobable. En primer lugar, porque la preferencia por la
democracia frente a cualquier otra forma de gobierno es mayoritaria desde que
el Latinobarómetro inició sus estudios, hace 20 años. En promedio, esa preferencia
es del 72% en el país, y el momento de su cercanía al absoluto fue en 2007 y
2009 (81%). En segundo lugar, porque el apoyo a la democracia es el mismo desde
hace 20 años: 64%, siendo su nivel de variación levemente oscilante, con 2004
como el momento de menor apoyo (45%) y 2009 el año de máximo apoyo (71%).
Incluso
el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia relativiza la
visión de la oposición, ya que en términos generales dicho nivel es
históricamente bajo como en toda la región, siendo el promedio en 20 años en el
país de 32%. Es más, ese nivel de satisfacción fue de 16%, en 2001 y 2004, pero
de 49% y 48% en 2009 y 2015, respectivamente, lo que supone una evaluación
favorable al Gobierno, aunque tampoco en términos absolutos.
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