Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Gioconda Diéguez
La libertad de decidir sobre
aspectos que tienen que ver con tu propia vida se entiende generalmente como
una obviedad y un derecho de cada persona. En ese sentido, la decisión de ser o
no ser madre debiera ser obviamente una decisión y un derecho de cada mujer.
Convertirte en madre de ninguna manera debe ser un deber o un destino
obligatorio. Para ello, las mujeres deben tener acceso a toda la información y
recursos que les permitan ejercer su derecho a ser madre o no serlo.
Seguir o no con un embarazo
que, debido a diversas circunstancias posibles, no fue planificado o deseado
debe ser una decisión a respetar por la sociedad en general. Por lo tanto,
todos los Estados deberían garantizar la libertad de las mujeres a decidir
frente a un embarazo no deseado, sin condicionar dichas decisiones y menos
penalizarlas. Son las mujeres quienes, con base en su propia conciencia,
experiencias y circunstancias, deben decidir continuar o no.
La libertad de conciencia es un
derecho que los Estados deben garantizar sin discriminación de ningún tipo.
Si una mujer opta por continuar
el embarazo, los Estados deben brindar los servicios necesarios para que su
gestación se desarrolle en condiciones saludables. De la misma manera si opta
por la interrupción, los Estados deben proporcionar todos los servicios e
insumos para que dicho procedimiento se dé en las mejores condiciones.
La penalización de las
decisiones de las mujeres cuando deciden no continuar con el embarazo trae como
consecuencia los abortos inseguros, es decir, practicados en malas condiciones
y/o por personas no capacitadas, lo cual es reconocido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública.
Se estima que en el mundo cada
año se producen 22 millones de abortos inseguros debido a su penalización, y
casi todos (98%) se producen en países en vías de desarrollo. Estos abortos
inseguros producen aproximadamente 47.000 muertes de mujeres y dejan a 5
millones con incapacidades como resultado de las complicaciones que traen (OMS,
2012). En América Latina y el Caribe cerca de un millón de mujeres son
hospitalizadas cada año por consecuencias de abortos inseguros (Guttmacher Institute,
2012).
Frente a esta situación, en el
marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en 1990,
las feministas presentes decidieron declarar el 28 de septiembre Día por la
Despenalización del Aborto, y declararse en campaña y lucha permanente para que
las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y acceder a abortos
seguros. Esta lucha cumple 20 años en Bolivia, como una causa que busca que el
Estado y la sociedad preste atención a este problema de salud pública, que es además
un problema de justicia social, pues los abortos inseguros afectan sobre todo a
mujeres con menos recursos económicos que son las que ven limitado su acceso a
servicios médicos de calidad.
En Bolivia, la cifra de muerte
materna es una de las más altas de Latinoamérica (160 por 100.000 nacidos
vivos) y el aborto es la tercera causa directa (13% de las muertes), lo que
reafirma que este es un tema pendiente de atender. Si bien en el país el aborto
inducido no está penado en algunas circunstancias (cuando el embarazo pone en
riesgo la salud o cuando es producto de violación, incesto o estupro), el
acceso a esta práctica todavía no es el adecuado y hay otras circunstancias en
las cuales las mujeres requieren también que su derecho a decidir sea
respetado.
Decidir es derecho de todas, no
solo de quienes cuentan con recursos económicos, sino de todas las mujeres sin
ningún tipo de discriminación. Esto es fundamental para el ejercicio de una
ciudadanía plena en igualdad real.
y Twitter: @escuelanfp
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