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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

El vaivén político de la Universidad Boliviana


Por: Juan José Bedregal
Cuando la Autonomía Universitaria fue implementada por primera vez en 1930, las expectativas tanto por parte de los gestores de la medida, como por parte de los miembros del claustro universitario apuntaban a que la autonomía permitiría a las universidades públicas impartir la educación superior de forma que priorice y fortalezca la ciencia y la investigación. Hoy en día, esta misma autonomía se ha convertido en el parapeto más frecuente de las autoridades universitarias para escapar a todo control y fiscalización.
No es de extrañar que en los últimos años la administración de las universidades públicas haya llegado a extremos de corrupción e ineficiencia que han resultado claramente en movimientos políticos al interior de éstas. Si bien el fenómeno aún no es generalizado, se expresa con diferentes matices por todo el sistema universitario boliviano.
Empecemos por el CEUB. El XII Congreso Nacional de Universidades llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz el año 2014 se desarrolló en medio de cuestionamientos por la participación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la cual según algunas autoridades, “no cumple con el principio básico de autonomía universitaria” debido a que en esa universidad rige el voto universal; sumado a los reclamos de una elección de Federación Universitaria Local en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) de Tarija, de la cual nunca se acreditó al ganador en urnas; y finalmente las conclusiones orientadas a favorecer al estamento docente (edad de jubilación, derechos electorales para docentes extraordinarios, seguros universitarios) y a la apropiación de los recursos del IDH para gastos corrientes (sueldos, salarios, mantenimiento y gastos administrativos).
Pero los problemas no se quedan ahí: tan sólo unos meses después del XII Congreso, la polémica retornaba a Santa Cruz cuando las elecciones estudiantiles (FUL y Centros Internos) se llenaba de acusaciones contra la Corte Electoral Universitaria, Rectorado y Secretaría General, por haber intervenido las elecciones estudiantiles con prebendas y favorecido el fraude electoral.
Éste conflicto fue rápidamente esterilizado por los medios, pero volvió a surgir este año con mayor violencia en las fallidas elecciones de Rectorado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), donde las acusaciones contra la Corte Electoral fueron reiterativas, e incluso se llegó a dar la intervención de predios universitarios por parte de pandillas armadas contra los estudiantes que desenmascararon el fraude tomando las oficinas del Órgano Electoral.
El año pasado el conflicto universitario se posesionó de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba, cuando el segundo paro estudiantil cobró relevancia nacional por la titularización de docentes sin un mínimo examen de competencia. El conflicto enfrentó a los sectores estudiantiles trotskistas a la cabeza de la Federación Universitaria Local, contra las más rancias camarillas docente–estudiantiles a la cabeza de un rector intransigente que nunca buscó el diálogo, al punto que se pretendió la retoma violenta de los predios universitarios tras 3 meses de paro estudiantil, en un enfrentamiento de estudiantes contra estudiantes.
El año pasado también se presenció un episodio violento en la Universidad Mayor de San Andrés en las elecciones de la FUL en medio de acusaciones de fraude contra uno de los frentes y el propio Comité Electoral. Los conflictos sin embargo, no se restringen al estamento estudiantil ni al ámbito electoral.
Las elecciones de autoridades también son objeto de cuestionamientos. El ex Presidente del CEUB, Eduardo Cortez, renunció a la instancia nacional el año pasado para postularse a rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, UAJMS y resultar electo en circunstancias dudosas, hasta el punto que el Consejo Universitario validó las elecciones pero al ser elevado el caso al Tribunal Constitucional, la mencionada elección fue anulada.
Un rector que tuvo serios cuestionamientos y en consecuencia fue investigado por las autoridades judiciales por enriquecimiento ilícito fue Carlos Zambrano de la Universidad Autónoma del Beni. Cuando Zambrano fue aprehendido, el CEUB en pleno convocó a marchar a los asistentes a la Conferencia Nacional de Universidades, denunciando persecución política y atropello a la Autonomía Universitaria por parte del gobierno central y el poder judicial.
La proliferación de la corrupción al interior de las universidades, así como la implantación de la normativa universitaria al interior del claustro bajo el rótulo de “institucionalidad” como un ordenamiento jurídico casi paralelo, dan lugar a un sistema universitario donde tanto la información, como los procedimientos universitarios cambian con el devenir político interno de cada universidad. El poder establecido en cada caso, favorece a los suyos y a título de la “institucionalidad” impone sus resultados con fuerza normativa.
Esta institucionalidad universitaria pone la facultad normativa al servicio del poder de turno, de modo que quien ostenta el poder controla también la información, la ejecución del presupuesto y también los órganos electorales. La institucionalidad universitaria favorece solamente a los que forman parte del establishment, del grupo dominante de turno, y finalmente favorece a que las autoridades que concentran el poder político en las universidades sean propensas al manejo discrecional y prebendal que culmina en la corrupción interna.
Las pugnas políticas en este contexto, dejan de favorecer la innovación, las propuestas académicas y peor aún la administración universitaria eficiente. La receta institucional apunta a tomar el comité electoral en primera instancia, con la característica estudiantil de formar grandes alianzas de grupos más pequeños que luego se dividen en pugnas de poder durante la gestión, y las características docentes de emplear las palabras “autonomista” e “institucional” en toda fórmula que busque ganar.
Ante esta situación, la contracultura se ha empezado a manifestar de diversas formas: la FUL trotskista en Cochabamba, la candidatura de Cadima en Santa Cruz, y los episodios violentos ante elecciones altamente cuestionables reflejan episodios donde los outsiders, aquellos que han quedado fuera del círculo institucionalista, se manifiestan con fuerza cada vez mayor. Estos movimientos no han culminado del todo: si bien tanto URUS en San Simón como Cadima en la Gabriel, han perdido sus elecciones este año, la perspectiva de estos movimientos no es la de desaparecer, sino más bien la de una retirada estratégica, que les permita cobrar mayor fuerza en una próxima elección.
Los síntomas de este proceso se están manifestando todavía: la última elección de FUL en la UMSA ha reflejado que en La Paz hay una preferencia por rostros nuevos, aunque los nuevos dirigentes estén invariablemente aliados con sobrevivientes de la vieja dirigencia; mientras que la gestión de Waldo Albarracín puede interpretarse igualmente como un rostro ajeno a la política universitaria tradicional con un discurso de transparencia y modernidad, pero cuyos colaboradores pertenecen también a las viejas roscas docentes.
La UMSA cuenta también con sus propios outsiders: el más destacado es Oscar Heredia y está sin embargo, vinculado también a la política tradicional al haber sido viceministro de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y Secretario Académico en la primera gestión rectoral de Teresa Rescala. En su tercera postulación al rectorado, Heredia se perfila como uno de los más fuertes opositores al ya establecido Albarracín.
Un panorama similar se observa en la UMSS donde también se acerca una nueva elección de rectorado, la mayoría de los candidatos ha optado por la guerra sucia como campaña, la mayoría usa las clásicas recetas electorales del establishment: tomar el Comité Electoral, reunir grupos de choque y buscar financiamiento de partidos políticos. El reloj electoral también apunta a las elecciones estudiantiles de la UAGRM, donde restará por ver si la plataforma cadimista logra renovar los centros estudiantiles y establecer una trinchera desde la cual reagruparse rumbo a un próximo rectorado donde Saúl Rosas ya no pueda participar como candidato.
Esta revisión no pretende ser exhaustiva, sino más bien establecer una tendencia en el rumbo que seguirá el Sistema Universitario que, a lo largo de su historia siempre ha mostrado ser el germen de movimientos y tendencias políticas nacionales. Un viento de cambio recorre las universidades públicas a lo largo de todo el país, y no hay duda que el resultado del enfrentamiento entre los institucionalistas y los excluidos de esta institucionalidad, dará luces acerca de próximos cambios políticos en la sociedad boliviana. Sólo queda estar atentos a los acontecimientos que vengan.
El autor es integrante de la Coordinadora Universitaria Nacional – Estudiante en la Universidad Mayor de San Andrés

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