Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Modelo extractivista, el despojo de territorios y la criminalización de la protesta en Centroamérica
Por: Giorgio Trucchi
Hace siete meses, en marzo de 2016, la noticia se regó como relámpago y
el mundo se estremeció. Balas asesinas habían acabado con la vida de la
dirigente indígena Lenca y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, recién
galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2015. Junto al Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual
era coordinadora, la activista llevaba adelante una incansable lucha contra la
implementación y profundización del modelo extractivista en Honduras, en
particular contra la proliferación de proyectos hidroeléctricos y mineros, y la
expansión de monocultivos de agroexportación.
En una entrevista que realicé para una revista alemana unos siete meses
antes de su asesinato, Cáceres advertía que, tanto en Honduras como en todo
Centroamérica, los pueblos originarios se estaban enfrentando a un “proyecto
hegemónico impulsado por el gran capital nacional y transnacional”, que tiene
sus intereses puestos en el sector energético, en la minería y la
agroindustria. “Los impulsores de esta estrategia han impuesto un modelo
profundamente neoliberal basado en la invasión y la militarización de
territorios, y en el saqueo y la privatización de recursos. Avanzan con la
transnacionalización de nuestras tierras, en el marco de un proyecto más amplio
de dominación regional”, advertía Cáceres (1).
Datos en la mano, la lideresa indígena hondureña mostraba como, tras el
golpe de Estado de 2009, se habían aprobado unos 300 proyectos hidroeléctricos
y no menos de 870 proyectos mineros, al tiempo que se despejaba el camino para
la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o
“ciudades modelo” (2), se entregaba a la British Gas Group miles de kilómetros
cuadrados de plataforma continental para la exploración petrolera. También se
impulsaron megaproyectos turísticos y se fomentó la expansión descontrolada de
monocultivos a gran escala, en particular de caña de azúcar y palma africana.
Hoy en día, organizaciones sociales y populares hondureñas aseguran que el 35%
del territorio nacional ya está concesionado a empresas nacionales y
transnacionales, y denuncian que en ningún momento se ha respetado el derecho
de los pueblos al Consentimiento previo, libre e informado, como dispone el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales.
“Honduras es un país totalmente militarizado y hundido por la corrupción
institucionalizada. Lo que queda de sus instituciones sirve solamente a
garantizar los intereses de los grupos oligárquicos nacionales y los grandes
grupos transnacionales, es decir aquellos sectores que orquestaron el golpe en
2009”, señalaba Cáceres durante la entrevista. Estados cómplices que no
solamente implementan y profundizan el modelo neoliberal poniendo a la venta
bosques, ríos, valles y territorios, sino que se encargan de criminalizar,
perseguir y hasta asesinar a quienes se oponen a ese proyecto explotador. La
aprobación de leyes en casi todas las naciones centroamericanas que limitan el derecho
de reunión y movilización y que endurecen las políticas de control social es
prueba de ello.
“No me cabe la menor duda que se trata de una política de Estado que
criminaliza y reprime aquellas personas que están comprometidas con esta lucha
y con la vida. Los pueblos indígenas, negros, campesinos que vivimos en carne
propia la represión, sabemos que hay toda una estructura organizada,
planificada y financiada para perseguir, reprimir y asesinar a luchadores y
luchadoras ambientales“, denunciaba Cáceres pocos meses antes de su asesinato.
La denuncia constante y la lucha determinada contra el modelo
extractivista y contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por la
empresa de capital nacional Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con fondos de
bancos europeos y organismos multilaterales, le costó la vida a ella y a cuatro
miembros más del Copinh. En julio pasado, la activista defensora de los bienes
comunes de la naturaleza Lesbia Yaneth Urquía, cercana al Copinh, también fue
brutalmente asesinada.
Una estela de sangre y muerte que se extiende por toda la región
centroamericana.
Centroamérica en la mira
Un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI) señalaba que en Guatemala había 107 concesiones mineras metálicas ya
otorgadas y 359 nuevas solicitudes (3). Si a esos datos sumamos los proyectos
no metálicos, tales como la extracción de cuarzo, marmol, arenas y gravas,
yeso, entre otros, el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos.
Los movimientos sociales y populares guatemaltecos alertaban que, en 2014, el
área total concesionada a empresas mineras superaba los 32 mil km², es decir
casi el 30% del territorio guatemalteco. A eso habría que agregar la enorme
cantidad de territorio concesionado por otro tipo de megaproyectos y por la
expansión de los monocultivos de agroexportación.
Similar es la situación de Nicaragua. En el informe “Estado actual del
sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013” (4), la
organización ambientalista Centro Humboldt revelaba que la superficie total
concesionada era de casi 18 mil km², es decir el 13,5% del territorio nacional,
con un total de 446 proyectos mineros. El posible desarrollo del Gran Canal
Interoceánico en Nicaragua, de 278 kilómetros de longitud -105 de los cuales
bajo las aguas del Lago Cocibolca-, un ancho de entre 230 y 520 metros y 30
metros de profundidad, es decir tres veces más grande que el canal de Panamá, y
de otros proyectos hidroeléctricos y mineros, así como la expansión de los
monocultivos de caña de azúcar y palma africana en el occidente y el
sur-oriente del país, han venido incrementando ese porcentaje.
Si bien fuera y dentro de sus fronteras a Costa Rica se le conoce como
“el país más verde y feliz del mundo”, los conflictos ambientales y por la
tierra han dejado un saldo de terror y muerte. En su artículo “De Jairo Mora y
el terrorismo en Costa Rica”, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación
Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) señala que son varios
los defensores y defensoras del ambiente asesinados en las últimas décadas (5).
“En este pequeño país, el Estado ha cometido terrorismo una y otra vez. Sembrar
el miedo y usar la represión por medio de la fuerza ha terminado en el
asesinato de personas. Esta realidad clara y concreta no tiene nada que ver con
la imagen idílica de postales turísticas. Decirlo no es cómodo, es incluso
peligroso”, advierte.
En su otro artículo “Berta Cáceres y 50 asesinatos más”, el catedrático
y ecologista costarricense se pregunta si acaso puede ser “limpia” una energía
como la hidroeléctrica, cuya generación tiene como “daño colateral” la
criminalización, persecución y hasta la muerte de activistas y defensores
medioambientales y la represión contra pueblos originarios y comunidades
campesinas en todo Centroamérica (6). De acuerdo con su investigación, 17
activistas guatemaltecos y 15 hondureños habrían sido asesinados en los últimos
años, todos comprometidos con la lucha contra la explotación hidroeléctrica y
la privatización de la energía. Otros asesinatos se dieron en El Salvador y
Panamá por la explotación minera e hidroeléctrica.
“No es coincidencia que los actores sociales más afectados por estas
formas de terrorismo sean ecologistas, campesinos e indígenas. El problema es
estructural. Conflictos por tierras, por tenerlas o defenderlas, y conflictos
ambientales, han sido parte de un círculo de violencia que nos aleja de
cualquier mito de paz y respeto a los derechos humanos”, profundiza en su
análisis Álvarez.
Uno de los casos más emblemáticos de represión contra aquellos sectores
que se organizan para contrarrestar el avance del modelo extractivista y
agroindustrial es el del Valle del Aguán, al noreste de Honduras. Según las
organizaciones nacionales e internacionales que, entre 2010 y 2013, realizaron
un minucioso monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en esta zona,
no menos de 60 campesinos habrían sido asesinados por el conflicto agrario
generado por la expansión del monocultivo de la palma africana y la falta de
acceso a la tierra para miles de familias campesinas (7).
“Estas muertes son sólo la ‘punta del iceberg’ de una dinámica de
impunidad y terror que envuelve a cada una de las comunidades detrás de estos
nombres que viven en violenta represión. Se han instaurado las prácticas de
estigmatización, judicialización, acoso, torturas, desapariciones y otros
instrumentos para evitar que las comunidades hagan valer sus derechos de acceso
y decisión sobre los recursos naturales y sobre todo, de llevar adelante su
resistencia y oposición”, señala con fuerza Álvarez. “Estos son los costos
reales de la imposición de lógicas brutales de muerte bajo la consigna del
‘desarrollo’, sobre los pueblos indígenas y campesinos de la región. ¿Puede ser
limpia la energía de estos proyectos con tanta sangre derramada?”, es la
pregunta retórica que el presidente de la Fecon dirige al lector.
Un drama de resistencia e indignación regional
Un modelo, entonces, que saquea la naturaleza, arrincona y expulsa a
poblaciones y pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime la
protesta, que asesina gozando de total impunidad.
El informe “¿Cuántos más?" de la organización Global Witness,
documenta que en 2014 fueron asesinados por el mundo 116 defensores y
defensoras ambientales y de la tierra, un promedio de dos a la semana (8). Tres
cuartas partes de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamérica y
Sudamérica. Honduras resultó ser el país más peligroso per cápita para los
activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014. Un
40% de estas víctimas era indígena y las principales causas de su muerte fueron
la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria. “Las disputas por
la propiedad, el control y el uso de la tierra fueron el trasfondo de casi
todas estos asesinatos... Los verdaderos artífices de estos crímenes
generalmente se libran de las investigaciones, pero la información de la que se
dispone indica que, detrás de la violencia, generalmente se esconden grandes
propietarios de tierras, intereses comerciales, actores políticos y agentes del
crimen organizado”, señala Global Witness.
En 2015 fue peor. El nuevo informe “En terreno peligroso” señala que el
total de defensoras y defensores del ambiente y la tierra asesinados fueron
185, el 66% de los cuales en América Latina (9). Más de tres personas a la
semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos
frente a industrias destructivas. Se trata de la cifra más alta registrada
hasta el momento, con un aumento de casi el 60% respecto a 2014.
Global Witness advierte que debido al acaparamiento de tierras, los
pueblos originarios y comunidades campesinas son desplazados, y esto provoca
graves enfrentamientos. “El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo
campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de
productos como madera, minerales y aceite de palma, gobiernos, empresas y
bandas de delincuentes explotan la tierra desdeñando a la gente que en ella
vive”, advierte el último informe.
Pese a la represión, la resistencia crece y clama al mundo solidaridad.
“La conflictividad social y política y la indignación están creciendo, producto
también de una renovada capacidad de diálogo y articulación entre sectores de
la sociedad hondureña y centroamericana. Lo que se está generando es una bomba
de tiempo. Es importante que, desde Europa y otras regiones del mundo, las
organizaciones solidarias se articulen con esta lucha, la respalden y presionen
a su gobierno y empresas involucradas en estos procesos explotadores”, concluía
Berta Cáceres.
Notas:
(1)
Revista Presente, Iniciativa Cristiana Romero, páginas 10-11,
http://www.ci-romero.de/de/presente_3_2015/
(2) Un
mecanismo con el cual se cede parte del territorio nacional a inversionistas
extranjeros, que implantan actividades productivas en zonas que gozan de un
elevado nivel de autonomía política, económica, administrativa, judicial y de
seguridad.
(3)
http://icefi.org/sites/default/files/la_mineria_en_guatemala_-_2da_edicion.pdf
(4)http://www.movimientom4.org/2014/04/estudio-estado-actual-del-sector-minero-y-sus-impactos-socio-ambientales-en-nicaragua/
(5)
http://informa-tico.com/7-06-2016/jairo-mora-terrorismo-costa-rica
(6)
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2565&Itemid=73
(7)
http://www6.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/index.htm
(8)
https://www.globalwitness.org/documents/17895/Cuantos_mas_informe_mFxhXD1.pdf
(9)
https://www.globalwitness.org/documents/18483/En_Terreno_Peligroso.pdf
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