Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Rafael Puente
Lo que nos faltaba: encima de que Cochabamba -la ciudad y el valle- hace decenios que se va desecando (se acaban las vertientes, se acaba el agua subterránea, aumenta cada día la población y, en estos momentos, hay incluso edificios enteros que tienen que comprar agua a las famosas cisternas), encima ahora el diputado Gutiérrez, de la propia Cochabamba, presenta al Ejecutivo un proyecto de ley del Parque Nacional Tunari a partir de la cual ese parque acabará de desaparecer.
El mencionado proyecto de ley arranca de un diagnóstico correcto: la Ley del Parque Tunari nunca se cumplió; constantemente se produjeron nuevos asentamientos ilegales, tanto individuales como colectivos; en flagrante violación de la ley se llegó a autorizar una urbanización de lujo (las Lomas de Aranjuez). ¡El resultado hasta hoy son 25 urbanizaciones y OTBs, y 30 mil personas viviendo en dicho parque nacional! En dicho diagnóstico se maldice de los loteadores, siempre presentes y siempre impunes en el parque, y, sin embargo, se decide nombrar "guardianes naturales” del Parque a los mismos loteadores y a sus clientes, que se vienen esmerando -hace ya más de medio siglo- en destruirlo…
Ahora bien, una característica de este parque, que lo diferencia de otros, es que en su creación se plantea como de vital importancia mantener la infiltración y flujo de aguas superficiales que permitan la conservación de las aguas subterráneas de los valles Central y Bajo de Cochabamba, aguas que, como decíamos, se están perdiendo constantemente (entre otras causas por el deterioro del Parque Tunari). Y ahora, con el actual proyecto de ley, se pretende consumar la desertización del valle.
De hecho, el proyecto de ley permite expresamente la quema controlada, el uso de los recursos forestales, el aprovechamiento de áridos -¡se menciona la piedra caliza, y los "minerales” en general!-, la construcción de viviendas y caminos, obras de infraestructura para educación y salud, y "obras y proyectos” en general. Es decir, la urbanización pura y simple del Parque Tunari (y por tanto su desaparición).
El argumento fundamental es que esas decenas de miles de personas que viven actualmente en el parque "tienen derecho” a recibir servicios de agua, electricidad y alcantarillado, o sea que tienen derecho a beneficiarse de su violación de la ley. Por tanto, tienen derecho a acabar de destruir un parque convirtiéndolo en urbanización…
Cierto que a continuación se prohíbe terminantemente más asentamientos, pero esto resulta ridículo (a la vez que indignante), ya que tras comprobar que la ley del Parque Tunari nunca se cumplió (pese a la prohibición y a la inexistencia de servicios), ahora se cree que se va a cumplir ofreciendo más alicientes para su violación.
Decididamente, ese proyecto de ley huele a negociado. De hecho se habla de 310 hectáreas de parque y se sabe que el precio mínimo del metro cuadrado de tierra en dicha área anda por los 30 dólares; por tanto, hay nada menos que 93 millones de dólares para repartirse…
Por lo demás, la ley va acompañada de un plan de manejo que tiene la aprobación de todas las autoridades competentes -y el cinismo de empezar citando a don Jorge Alejandro Ovando Sanz- y que, tras un lenguaje y unos datos de gran nivel técnico, en el fondo viene a viabilizar la aplicación de la ley.
Que detrás de toda esta jugada estén Víctor Gutiérrez y Efraín Chambi -ambos procedentes de la NFR- es fácilmente comprensible. ¿Pero qué hace nuestra Secretaria Departamental de la Madre Tierra? ¿Y qué hacen nuestro Ministro de Planificación y nuestra Ministra de Medio Ambiente y nuestro Vicecanciller? ¿Son conscientes de que no sólo están acabando con un Parque Nacional -lo que a estas alturas ya no sorprende a nadie-, sino que, además, están condenando a Cochabamba a la desertización irreversible? (Y no me vengan con Misicuni -el Plan de Manejo lo llama Miscicuni-, porque dicho proyecto viene a resolver el problema del agua potable para Cochabamba y no el de mantener zonas de infiltración para la humedad del Valle).
Todavía estamos a tiempo de recapacitar, aunque personalmente no me hago muchas ilusiones… ¡Pobre Cochabamba, siempre atacada por sus propios hijos!
El autor es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba
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