Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Marlene Quintanilla
El 2016
ha sido un año catastrófico en cuanto a disponibilidad de agua se refiere.
Según reportes, en Bolivia las lluvias han sido muy escasas en relación con los
últimos 10 años. En los valles como Cochabamba, las precipitaciones en el
primer semestre de este año disminuyeron en más del 50% respecto a 2015. A esto
se suma que 2016 ha sido el año más caluroso, lo que ha ocasionado un periodo
de sequía más prolongado e intenso que lo habitual. En consecuencia, la
producción de legumbres y hortalizas se redujo un 40%. En los llanos orientales
no era predecible este fenómeno. Las lluvias en la Chiquitanía disminuyeron
hasta en un 42% en el primer semestre (municipio de San Ignacio de Velasco),
ocasionando pérdidas económicas de $us 485 millones por el ganado y los
cultivos destruidos (CAO, 2016).
No
obstante, los impactos van más allá de poner en riesgo la seguridad
alimentaria. Innumerables lagunas y humedales hoy se encuentran en condiciones
ecológicas lamentables; la extrema reducción de caudales junto a la
contaminación por el vertido de residuos urbanos, lixiviación de agroquímicos,
pastoreo de ganado, minería, desechos industriales y el cambio climático
provocan la agonía de las principales fuentes proveedoras de agua en el país.
Similar situación ocurre con varias represas, muchas de las cuales abastecen de
agua a cientos de familias y proveen riego a cultivos de vital importancia para
la canasta familiar.
Los
centros urbanos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Potosí son los que
más se han visto más afectados por la falta de agua. El racionamiento suscitado
en los últimos meses en esas urbes es crítico, dejando sin este vital elemento
a hospitales, escuelas y hogares. Desde hace varios años que diferentes
organizaciones y especialistas vienen alertando sobre posibles dificultades en
la disponibilidad de agua frente al acelerado crecimiento demográfico y los
efectos del cambio climático. Y a pesar de estas advertencias, las estrategias
de desarrollo metropolitano a la fecha no contemplan al agua en la agenda
política, no constituye una prioridad de inversión municipal, departamental ni
nacional.
El
acceso al agua fue reconocido como un derecho fundamental por la ONU en 2010;
pues resulta esencial para ejercer todos los derechos humanos. Paradójicamente,
la legislación que rige actualmente el uso y acceso del agua en Bolivia fue
promulgada en 1906. No obstante, las condiciones han cambiado sustancialmente,
y su gestión requiere un marco normativo que responda a la demanda y las
problemáticas de hoy en día y del futuro.
El agua debería ser uno de los ejes fundamentales en las políticas de
desarrollo del país, de tal manera que se garantice su acceso y su uso de
manera sostenible y equitativa para las actuales y futuras generaciones.
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